Recién nos enteramos que ha sido cerrada la causa por lucro en contra de las autoridades que dirigían la Universidad del Mar (UDM), proceso abierto hace cuatro años, cuando el Ministerio de Educación decretó el cierre del plantel por irregularidades administrativas. Argumento que se reprodujo de forma masiva para justificar su cierre, sin embargo, lo que los estudiantes denunciaron era mucho más grave: existía lucro en la U. del Mar. También, lo detalló el informe de la comisión investigadora del lucro de la Cámara de Diputados, donde se expresa que “en el año 2012 se reveló que la Universidad del Mar, entidad de educación superior acreditada por el Estado de Chile, había realizado procedimientos con claras y directas intenciones de generar lucro a sus propietarios”, al igual que la periodista, María Olivia Monckeberg, en uno de sus libros acerca del lucro en las universidades.

Luego de cuatro años podemos evaluar qué es lo que hizo el Estado para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la U del Mar. Fue un inicio tortuoso y confuso, Harald Beyer no sabía cómo proceder y terminó siendo destituido. El plan de reubicación parecía caótico, se aprobaron recursos de forma express y se creó, muy en la tónica del Gobierno de Piñera, una Beca de Reubicación. Le correspondía, entonces, a los estudiantes ejercer su derecho a la reubicación en alguna de las instituciones en convenio, dentro de las cuales, destaca la inclusión de la Universidad Arcis, otro capítulo de la teleserie de la crisis de las instituciones desreguladas.

La beca debía ser postulada por los estudiantes que hayan estado matriculados en la U del Mar hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, esta beca podía ser utilizada sólo por aquellos estudiantes que estuviesen cursando primer y segundo año en la UDM; para los estudiantes de terceer año se analizaría el “caso a caso” y para los que se encontraban cursando cuarto o quinto año se titularían dentro de la misma universidad, institución totalmente desprestigiada, por el Mineduc y los medios de comunicación, lo que llevó a muchos estudiantes a volver a postular a otras universidades, perdiendo el currículum avanzado y, en algunos casos, quedando con las deudas del CAE a cuestas.

En 2015 se abrió una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la que debía revisar las irregularidades y cumplimiento de objetivos de la Comisión de Reubicación, creada por el gobierno de Piñera y luego continuada por Bachelet. Esta comisión detectó irregularidades en los convenios sostenidos con las instituciones que recibirán a los estudiantes, donde no se estipulaba cuáles eran las responsabilidades y compromisos que se asumían. Además, solo la mitad de los estudiantes de la UDM fueron reubicados por el Mineduc, y del otro 50% de estudiantes perjudicados en el proceso no se sabe absolutamente nada.

La actual reforma en discusión en el Congreso tampoco considera esta realidad inevitable: la desregulación generará crisis constantes en las instituciones. Esto lo hemos visto no solo en la UDM sino también en la Arcis y en la Iberoamericana. Si bien existe la ley de Administrador Provisional y de Administrador de Cierre (Ley 20.800), ésta sólo establece un procedimiento ordenado y acompañado para el rescate o, en su defecto, cierre de las instituciones, sin embargo, hemos visto como en el caso de Arcis la nebulosa sigue existiendo para sus estudiantes, en una lógica similar al cierre de la UDM, un procedimiento que constantemente demostró falencias y falta de alcance del Mineduc para saber qué realmente pasa y pasará con cada uno de sus estudiantes.

Otro elemento ausente en la actual reforma es que el lucro no está penalizado como delito, por tanto, no es perseguible en la justicia. Incluso es “normado” dentro del proyecto de ley, en el sentido de que se regulan los vínculos entre empresas relacionadas y sus dueños, en base a cierto nivel consanguíneo. Sin embargo, el proyecto señala que una universidad, puede ser cerrada únicamente al no lograr la acreditación institucional y en ningún caso por lucro. Además, durante el proceso eleccionario, se ha hecho una indicación que va en directo desmedro de la educación pública y que no tiene precedentes: La posibilidad de cerrar una universidad del Estado.

La crisis de las universidades existe, es una realidad, y el desafío del próximo Gobierno debe ser lograr una regulación que permita asegurar el derecho a la educación de los estudiantes de las instituciones en proceso de cierre, asegurándoles la mejor solución y reubicación a cada uno de ellos. Es responsabilidad del Estado que esto no sea un voucher más de los que hoy día se utilizan en educación superior. Esta lógica sólo naturaliza la crisis, el lucro y la irresponsabilidad del Estado con sus familias.

Es de esperar que quien gane la elección presidencial del 17 de diciembre releve, no solo el financiamiento de la educación superior que, dicho sea de paso, debe cambiar de lógica, sino también las otras herramientas que debe tener el Estado para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes de todas las instituciones de educación superior tanto dentro como fuera de ellas en el caso de crisis.

El fantasma de la Universidad del Mar recorre los sueños de los estudiantes que hoy se encuentran matriculados en instituciones ad portas de la crisis. No es posible seguir aplicando las mismas herramientas fallidas a cada uno de los casos, debemos tener como Estado la posibilidad de subsanar estos errores y esta posibilidad solo se logrará si el próximo Gobierno está realmente comprometido con una Reforma, con todas sus letras, a la educación Superior. Hasta ahora, permítanme dudar.