“No más migraciones ilegales, ley de expulsión inmediata a los delincuentes”, dice la propaganda de Fulvio Rossi. “Estas peruanas vienen embarazadas solo para que les salga todo gratis”, dice una funcionaria de un Cesfam de una comuna de Santiago. “En realidad no aportan nada, vienen a consumir los recursos”, comenta un dirigente vecinal de una población. “Yo les cobró más, si total están mejor que nosotros” dice un arrendador en un sector periférico de Santiago. Suman y siguen los discursos, las prácticas y tratos racistas hacia los migrantes, cuyos referentes de identidad se ven constantemente sometidos a filtros y categorizaciones.

Hace un mes, conocimos el caso una mujer migrante que era obligada a descender de un taxi debido a que se encontraba en trabajo de parto. Frente a este deleznable hecho, todas las críticas apuntaron a la falta de humanidad con la que habría actuado el taxista que la trasladaba. Este actuar es solo la punta de un iceberg, con una raíz muchísimo más profunda, arraigada en un racismo institucional de doble militancia.

El racismo institucional que estudiamos como parte del Proyecto Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales (de aquí en adelante Proyecto MUEI) evidencia que ha sido el Estado y sus instituciones quienes han normalizado, fomentado y amparado tratos y prácticas racistas repercutiendo en la construcción de la racialización de las relaciones de clase y el 'enclasamiento' de las relaciones raciales.

Llamamos 'racismo institucional' a las categorizaciones creadas desde arriba en un continuo histórico, traducidas en discursos, tratos y prácticas que mantienen en una posición subalterna al sujeto migrante, tanto a nivel social como a nivel espacial.

Las instituciones han fomentado el racismo institucional desde comienzos del siglo XIX, con la creación ideológica del “Criollo”, con lo cual se separó racialmente a “blancos” de indígenas, zambos, mestizos y cualquier otro tipo de fenotipo preexistente en nuestro país. Pero además, se han perpetuado las categorizaciones a través de: (1) discursos de inclusión/exclusión, (2) leyes y normativas que restringen el acceso al país y limitan los derechos de los ciudadanos, (3) prácticas y tratos abusivos de funcionarios públicos, (4) precariedad en la seguridad social y (5) normalización y promoción simbólica, entre otros.

Discursos de inclusión/exclusión

Como primera línea de acción frente a la migración se encuentran los discursos, dentro de lo cual se observa tanto la inclusión como la exclusión. Ambos discursos mantienen en un mismo sitial de relegación al migrante, ya sea promoviendo su integración a partir de relatos referentes a la cultura, o lisa y llanamente generando invocaciones a su expulsión.

Leyes y normativas

La desactualización de leyes y normativas, como es la Ley de Migraciones del año 1975, evidencia explícitamente al migrante como una amenaza. No se le puede atribuir esta condición netamente al contexto histórico en el cual se desarrolló la ley, sino que se debe a razones ideológicas. Esto es, la idea de preservar una raza criolla y blanca.

Este racismo genera que los migrantes pierdan algunos de sus derechos fundamentales como el derecho a la vida en los casos más extremos, o derechos de segunda categoría como los económicos, políticos y sociales, como es el acceso a una vivienda de calidad, en donde aparecen ininteligibles normativas y reglamentos que exigen innumerables requisitos para poder postular.

Trato y prácticas de funcionarios

El racismo solapado de cinismo es lo más recurrente en las prácticas que ejercen funcionarios públicos en diversos espacios institucionales. Comentarios como “vienen a puro tener hijos”, “¿por qué no exigen eso en su país?” o explícitamente el negar una atención o la entrega de información a los recién llegados, se considera una micro agresión, un racismo con sonrisa.

La precaria seguridad social en Chile

La precaria seguridad social en Chile genera las mayores situaciones de racismo evidenciadas dentro de la investigación. La competencia por los insuficientes recursos entregados desde los ministerios y los municipios para familias de escasos recursos, desencadena situaciones de racismo explícito de parte de los nacionales ante los migrantes, quienes son vistos como un enemigo, una amenaza que viene a quitarle sus servicios sociales.

En las salas de espera del Registro Social de Hogares, del Consultorio o de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) se generan las situaciones más complejas. No es excepcional que se escuche “¿por qué los atienden a ellos antes, sí yo soy chilena?” de la boca de otros “usuarios” que esperan su atención. De hecho, tampoco es extraño ver una colorida sala de espera, multiétnica y multirracial, sobre todo en las comunas más periféricas de las ciudad. Sin embargo, lejos de ser un bonito fenómeno multicultural, aloja en su interior una gran cantidad de vejaciones a la población migrante.

Normalización y promoción simbólica

Frente a lo que se ha llamado la migración histórica o la nueva oleada migratoria de la última década, la respuesta institucional ha planteado tres caminos: (a) reproducir las categorías de legalidad, con el fin de dar solución a la migración, los cual se traduce en una derivación institucional (o un obstinado “peloteo”), (b) crear programas de multiculturalidad insertos en temáticas de salud, trabajo, y educación, los cuales buscan sociabilizar y sensibilizar el tema de la migración a través de la participación y (c) promover a la institución como ente libre de discriminación, garante de un sello que evidencia un trabajo inclusivo. Pero estas medidas no dan respuesta a los conflictos. Por el contrario, siguen manteniendo el estatus quo de la marginalidad del migrante, ocultando y apaciguando los resquemores que nacen.

Sobre este último punto nos queremos detener. La ilustración perfecta de un 'racismo sin racistas' o de un 'racismo de sonrisas', se resumen en las palabras de un funcionario público: “De alguna manera ha habido una preocupación (…) el municipio quiere obtener el 'sello migrante', que fue una propuesta que hizo la oficina hace como 2 años”.

El llamado 'sello migrante' que ostentan algunas instituciones, como las municipalidades, opera como una especie de márketing urbano para quienes deciden hacer algo. Ese “algo” que solo se traduce en directrices, depende netamente de la buena voluntad del alcalde de turno, que frente al colapso de la atención diaria a población migrante, opta por abrir alguna oficina de derechos o diversidad cultural. Sin embargo, es una agenda que busca que el migrante, primero, legalice su condición, segundo, se incorpore a la máquina burocrática de consultas ciudadanas, tercero, pueda ser incorporado a la cuota disponible de ciertos servicios básicos, y por último, pueda exponer “su cultura” en  alguna feria gastronómica y de baile (que es la exposición más mediática de la multiculturalidad).

La sensibilización promovida al obtener el 'sello migrante' es solo una medida de corto plazo que busca mostrar a la opinión pública una imagen de institución que está tomando medidas de inclusión y que no está discriminando. Sin embargo, en nuestra investigación hemos observado que no hay cambios estructurales sino sólo unas pocas capacitaciones a funcionarios, quienes son los mismos que posteriormente cierran sus puertas cuando la población migrante sobrepasa los lugares de atención.

Tal como la novela “Matar a un Ruiseñor” que evidencia las divisiones e injusticias raciales en Estados Unidos durante la época de los '30, hoy en pleno siglo XXI evidenciamos un racismo amoral, evidenciado en actos rutinarios producidos por las instituciones y reproducidos por la población.

Tal como el ruiseñor, los migrantes merecen ser defendidos y como sociedad debemos hacer frente a los prejuicios, para que así las instituciones actúen en base a principios y no condenen el destino de una persona por su color de piel, nacionalidad o condición física.