El pasado 14 de junio vimos con ilusión como el proyecto de ley de identidad de género por fin se aprobaba en su primer trámite constitucional, luego de 4 años de tramitación en el Senado. Nos dolió que eliminaran a niños, niñas y adolescentes y que se estableciera la exigencia de un certificado médico que acreditara nuestra sanidad mental para realizar el cambio de nombre y sexo registral, pero aun así, vimos con esperanza que en la Cámara de Diputados esto se modificara. El 20 de junio, la sala de la Cámara tomó cuenta del proyecto y se remitió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos originarios para que se iniciará su discusión.

Y así, llenxs de ilusión y esperanza, asistimos a la primera sesión de la comisión, el 6 de septiembre, en la cual la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narvaéz, manifestó que el gobierno pretende reincorporar a niños, niñas y adolescentes y eliminar cualquier requisito patologizante para acceder al cambio de nombre y sexo registral. Sin perjuicio de lo anterior, la ministra señaló que no le colocaría urgencia “por ahora”. Al final de la sesión, el diputado Coloma entregó una lista de alrededor de 21 organizaciones, contrarias al proyecto, que deseaban exponer respecto al tema.

En las siguientes dos sesiones, Asociación OTD, Fundación Iguales y Movilh manifestaron su postura respecto al proyecto y la necesidad de su promulgación. Y así partió la ronda de audiencias respecto al proyecto, restando alrededor de 17 en la actualidad. La tramitación del proyecto ha sido lentísima, considerando que, en numerosas ocasiones, la comisión ha tenido más de un punto en la tabla, y la nula priorización de este proyecto por el gobierno. Así, vemos en la actualidad cómo se esfumaron nuevamente nuestras ilusiones de que el proyecto de ley de identidad de género fuera promulgado en este periodo legislativo.

¿Por qué nos importa? La relevancia del proyecto de ley radica en que éste tiene como objetivo terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que sufren diariamente las personas trans a raíz de una discordancia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. En ese sentido, el acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda, entre otros derechos, se ve limitado e incluso privado por esta situación. Además de lo anterior, también existe un alto nivel de violencia y bullying a las personas trans, especialmente en la infancia y la adolescencia. Si bien esta ley no pretende eliminar al alto nivel de discriminación y violencia que sufren las personas trans, sí desea contribuir a su disminución a través de la regulación de un cuerpo normativo que permita a las personas trans modificar su nombre y sexo registral o acceder a prestaciones de salud, entre otros aspectos.

El gobierno, particularmente el Ministerio Secretaría General de Gobierno, no ha dimensionado la importancia de este proyecto de ley para la comunidad trans ni tampoco las obligaciones internacionales que han contraído al respecto. La desidia, la apatía y los prejuicios han sido factores decisivos para el escaso apoyo entregado por el gobierno a la tramitación del proyecto y a campañas publicitarias al respecto. El pasado 12 de octubre, Asociación OTD presento la Encuesta T, la primera encuesta para personas trans y de género no conforme, que no pretende ser un censo pero si una aproximación descriptiva a la realidad de las personas trans.

Las cifras fueron brutales, de un universo de 315 personas encuestadas, un 56% declaró haberse intentado suicidar, y el 84% de ellxs fue antes de los 18 años. En relación al trabajo, el 56% declara que esconde su identidad de género en procesos de selección en trabajos. En la misma línea, recordamos también las cifras de la Primera Encuesta Nacional de Clima Escolar 2016, de Fundación Todo Mejora, en la cual el 52,9% de lxs adolescentes trans declararon haber sido acosados físicamente por su expresión de género, y el 88,2% manifestó haber sido insultado por sus compañeros debido a este mismo tema.

En este periodo de elecciones, vemos, nuevamente, cómo se vulneran nuestros derechos, cómo el Estado nos violenta al no garantizarnos el reconocimiento de nuestra identidad de género en nuestras cédulas, cargando el estigma de que estamos enfermas y que nuestra “verdadera identidad” es la legal. Así, muchas personas trans perdieron interés en la política y simplemente ya no votan, evitándose también situaciones de incomodidad por tener una cédula que no les representa.

Los derechos de las personas trans no han sido abordados por ningún gobierno en la historia de Chile, y cuando pensábamos que sí lo haría la presidenta Bachelet (considerando que se incluyó en su programa el proyecto de ley de identidad de género), nos desilusionamos nuevamente por la desidia de aquellos que nos gobiernan y dicen representarnos. Las circulares, si bien demuestran un avance, son un gesto mínimo de una realidad que requiere la elaboración de leyes y políticas públicas. La cruda realidad es evidente: nadie nos representa políticamente, por ende, mientras sea así, nuestros derechos no serán reconocidos en su totalidad.