Impactante revelación en Brasil: Empresario reconoce que compró votos en el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff
Su nombre es Lucio Funaro y no es un testigo nuevo. Fue detenido en junio, tras conocerse el escándalo que involucró el presidente brasileño Michel Temer y el empresario Joesley Batista, del frigorífico JBS, pero solo hace pocos días se conoció su testimonio, luego de una filtración de un video con parte de sus afirmaciones ante la Justicia, en el marco de Operación Lava Jato.
Aunque su declaración se refería más a la relación entre Temer y Batista, la principal revelación fue sobre un monto de 1 millón de reales (alrededor de 200 millones de pesos chilenos) que, según Funaro, habría sido entregado por él al diputado Eduardo Cunha y a Michel Temer en abril de 2016, para comprar votos de parlamentarios en favor del impeachment de la entonces presidenta Dilma Rousseff, lo que luego permitió que el propio Temer asumiera el cargo.
Funaro era un lobbista que operaba en favor de Cunha en el Congreso brasileño. Según sus afirmaciones, Temer y Cunha realizaron encuentros diarios entre los meses de marzo y abril de 2016 en los cuales planearon el proceso para derrocar a la presidenta Rousseff, y que entre esas movidas estuvo una acción de Cunha, quien era el presidente de la Cámara en aquel entonces y que solicitó al operador días antes de la votación del 17 de abril la suma de un millón de reales. Funaro no aclara el origen del dinero, solo revela el nombre de uno de los diputados cuyo voto fue comprado (Aníbal Gomes) y que repartió el dinero entre los beneficiados durante las dos semanas siguientes a la votación.
Además, Funaro confirmó que recibió dinero de Joesley Batista este año para no revelar a los investigadores lo que sabía sobre lo ocurrido en la votación del impeachment y que era consciente de que la plata tenía origen en un pedido del presidente Michel Temer al empresario.
El testimonio también hace mención a un supuesto lobby de Cunha y Temer junto a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF, la máxima instancia del Poder Judicial brasileño), aunque sin dejar claro si se usó dinero para ello ni los resultados obtenidos.
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Las afirmaciones de Funaro todavía tienen que ser comprobadas por documentos, pero por ahora su versión gana fuerza al entrar en sintonía con uno de los audios revelados el año pasado en las investigaciones, donde Romero Jucá, senador muy ligado al grupo de Cunha y ex ministro del propio Temer, dice a Sérgio Machado -diputado y ex ejecutivo de Petrobras- que para conseguir la caída de Dilma era necesario “un gran acuerdo nacional (entre la clase política), incluyendo el STF (Supremo Tribunal Federal) y todo más”.
Reacción de Dilma: Pedir anulación del impeachment
Por su parte, el abogado de Dilma Rousseff (su ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo) confirmó que entrará con un pedido en el STF este martes para anular el proceso de impeachment de la ex presidenta, alegando que el proceso fue viciado por los votos comprados, basado en lo que afirma Funaro en su testimonio.
Según el abogado las revelaciones refuerzan la versión de Dilma de que hubo un golpe de Estado en su contra y que el Poder Judicial “no puede dejar de pronunciarse sobre esa situación, determinando la anulación del proceso de impeachment debido al claro desvío de poder, además de la también evidente ausencia de pruebas de que la presidenta cometió crimen que justificase su alejamiento”.
Reacción de Temer: Guiño al trabajo esclavo
La revelación de Funaro surge en un momento en que el gobierno negocia con los diputados los votos sobre una nueva denuncia. La votación puede acontecer hasta el fin de esta semana o a mediados de la próxima y podría definir si el presidente Temer deberá ser alejado de su cargo para responder al proceso por corrupción o si la misma será archivada por inconsistencias, como se dio con la primera denuncia, en julio pasado.
Ante una posible presión de la opinión pública para que los diputados voten en contra de Temer, debido a las revelaciones del testimonio de Funaro, el presidente logró este lunes lo que puede ser un apoyo importante.
El gobierno sancionó una nueva ley que impide la publicación de la tradicional lista de empresarios condenados por utilizar trabajo esclavo. La medida era pedida hace mucho por los diputados de la llamada bancada ruralista, ligada a los latifundistas. Aunque los mismos lo nieguen, se especula que esa era una exigencia de la bancada para que apoyara a Temer en la votación sobre la denuncia.
Con la medida de Temer, la publicación de la lista de empresarios involucrados con trabajo esclavo solo puede hacerse con autorización previa del ministro de Trabajo. En Brasil es considerado trabajo en condiciones de esclavitud aquel que no remunera los trabajadores con un sueldo y según las normas laborales, sino que solo con comida y vivienda. En las listas publicadas hasta el año 2015, el sector rural se destaca entre los que más son flagrados manteniendo a trabajadores en esa situación.