Una frase recurrida para consignar problemas cuyas causas son generalizadas es “todos somos responsables”.  Idea hermana del “es tarea de todos”.

Este concepto, utilizado insistentemente en campañas de impacto masivo que involucran cambios culturales, muchas veces esconde el grado diferenciado de responsabilidad que corresponde a cada sector social en tareas de largo aliento.

Un ejemplo emblemático es el caso de la energía sucia de las termoeléctricas. Desde que el ex Presidente Sebastián Piñera levantara el teléfono para bajar la carbonera Barrancones, de Suez Energy (hoy Engie), la opinión crítica sobre la termoelectricidad en base a combustibles fósiles ha ido en aumento.

Primero, por su grave afectación (al límite de lo criminal) a la salud de las personas que viven en el entorno más inmediato de instalaciones con alto nivel de emisiones. Un estudio a nivel nacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile develó que en las comunas que cuentan con termoeléctricas, fundiciones de cobre y plantas de celulosa, se presentan elevados índices de cáncer y otras enfermedades si se comparan con las que no tienen este tipo de generadoras.

Segundo, por su impacto en el calentamiento global. Chile aporta el 0,24% de las emisiones mundiales de CO2 (comprometiéndose en el marco del Acuerdo de París a reducir un 30% su aporte por unidad del Producto Interno Bruto hacia 2030), proviniendo estas fundamentalmente del sector energético, que concentra el 77,4% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Esto primordialmente por el uso de combustibles fósiles para generación eléctrica y transporte. “La generación eléctrica es, de hecho, la fuente que más emite (31,3%), seguido del transporte terrestre (19,8%), agricultura (12,5%), procesos industriales (6%) y residuos (4,1%)”, consigna un artículo publicado en 2016 sobre la Tercera Comunicación de Chile a la Secretaría de la Convención de Cambio Climático, que incluye el inventario nacional de emisiones.

Y tercero, por ser una generación dependiente de recursos fósiles (dependencia de doble tipo, ya que debemos importarlos). Es decir, recursos no renovables (por lo menos en lo que a escala humana se refiere), lo cual incide en su insustentabilidad en el largo plazo.

Aunque todas las termoeléctricas emiten contaminantes, no todas tienen la misma responsabilidad en los impactos sobre la salud humana, los ecosistemas y la atmósfera.  Son las que generan en base a la combustión de carbón las que ostentan los más oscuros pergaminos.

En el fondo, y volviendo a la idea inicial, no todos somos igualmente responsables.

Un parque termoeléctrico del siglo pasado

Hoy, las carboneras más antiguas en Chile  y con altos factores de emisión son cuatro, ubicadas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y destinadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la minería.  Están todas en Tocopilla, localidad de la cual obtienen su nombre (Tocopilla U12, U13, U14 y U15).  Tienen 57 años de operación y son propiedad de la francesa Engie.  Esta comuna concentra el 15% de la generación a carbón del país, ya que sumadas a las anteriores operan dos carboneras de la estadounidense AES Gener (Norgener 1 y 2) con 18 y 20 años de desempeño.

En el Sistema Interconectado Central (SIC), en tanto, hay tres termoeléctricas a carbón que superan las cuatro décadas: las de AES Gener Ventanas 1 (53 años) y Ventanas 2 (40) en Puchuncaví, y la de la italiana Enel Bocamina (47) en Coronel.

¿Por qué es importante el umbral de 40 años? Porque es considerado el plazo de vida útil, a nivel internacional, para decretar el cierre de estas plantas. Algo que en Chile no ha ocurrido.

Al desagregar la información sobre el parque carbonero, aparece que el SING está compuesto por 15 unidades. A las seis de Tocopilla se suman una en Iquique (Enel/Gas Atacama) y ocho en Mejillones (4 de Engie; 4 de AES Gener).  Y en el SIC, cuya demanda eléctrica es fundamentalmente industrial y domiciliaria, se localizan 12 centrales. Cinco en Huasco (AES Gener), cuatro en Puchuncaví (AES Gener) y tres en Coronel (1 de Colbún; 2 de Enel).

A estas 27 mayores se deben sumar 2 más pequeñas dedicadas a procesos industriales propios (una de Petropower en Hualpén y una de CGI en Curicó), que no se contabilizan para el catastro general de emisiones.

La concentración territorial de las carboneras en 5 comunas (en Iquique hay una sola), ha convertido estos territorios en verdaderas zonas de sacrificio, donde “se superan las normas de calidad del aire y han debido ser declaradas zonas saturadas de contaminantes atmosféricos y sometidas a Planes de Descontaminación”, según consigna un informe de Chile Sustentable.

Fue Christiana Figueres quien se encargó de llamar la atención de la industria eléctrica chilena sobre la necesidad de limpiar la matriz.  Para ello  aprovechó una invitación que el propio sector le hiciera: el encuentro “Voces con Energía 2017” al que convocara Colbún el 25 de agosto en Santiago y que contara con las exposiciones del ex Presidente Ricardo Lagos y del gerente general de la matriz eléctrica del Grupo Matte, Thomas Keller.

La antropóloga y economista costarricense, quien fuera hasta 2016 Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y una de las principales responsables del Acuerdo de París, fue clara al respecto: “Las ERNC (Energías Renovables No Convencionales) son el sector por excelencia para el combate contra el calentamiento global, porque para lograr nuestros objetivos es necesario desplazar el carbón por completo y, progresivamente, también el resto de los combustibles fósiles”.

Retirar las siete centrales de más de cuatro décadas sería un buen inicio para avanzar en esa dirección.  Uno no muy complejo, considerando que en términos técnico-económicos esas unidades obsoletas produjeron muy poca electricidad durante 2016: solo un 16% del total de GWh de la suma del SING/SIC. Es esta realidad la que apunta a que su eventual cierre a la brevedad mejoraría sustancialmente la calidad del aire en Tocopilla, Puchuncaví y Coronel, y no provocaría mayor impacto en la estabilidad ni en la disposición de energía del sistema eléctrico, ya que actualmente Chile tiene el doble de la capacidad de generación eléctrica que requiere la demanda.

Un sacrificio social y ambiental inaceptable, además de innecesario, a la luz del tremendo potencial de energías limpias disponibles en el territorio y del real aporte que las carboneras hacen al sistema eléctrico nacional: según el Anuario 2016 del Ministerio de Energía, al año 2016 la potencia instalada total de la suma del SING/SIC fue de 21.869 megawatts (MW). De estos 12.812 MW (58,6%) fue termoeléctrico y las centrales a carbón representan 4.773 MW, es decir el 21,8% del parque termoeléctrico de ambos sistemas y el 22% del total de la capacidad instalada a nivel nacional.

Contar con un 22% de termoelectricidad en base a carbón suena a poco- Sin embargo, al analizar las emisiones contaminantes de nuestra matriz eléctrica, el escenario se torna dramáticamente perverso y poco eficiente.

Las 27 principales unidades carboneras actualmente en operación en Chile emiten el 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) del parque eléctrico nacional, el 92% del dióxido de azufre (SO2), el 88% del material particulado (MP) y el 91% del óxido de nitrógeno (NOx). El MP, NOx y el SO2 son contaminantes de impacto local; el CO2 global.

La comuna que soporta el mayor peso de contaminación es Mejillones, donde se concentra el 40% de las emisiones totales de CO2 del parque eléctrico.  El volumen de contaminantes es coincidente con los 1.900 MW de generación a carbón instalados en esa comuna.

Actualmente, “las termoeléctricas a carbón en Chile constituyen el principal agente de contaminación atmosférica local y la principal fuente de contaminación global, hecho que es urgente enfrentar con mayor celeridad, para proteger la salud de la población y los ecosistemas, así como para cumplir con los compromisos asumidos por Chile, en el marco del Acuerdo de París, para enfrentar el cambio climático global” apunta el estudio de Chile Sustentable.  A esto se suma que poner fin a su operación permitiría avanzar en el cumplimiento de los planes de descontaminación de las comunas donde esas centrales se emplazan, principalmente en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel.

Hoy en el país todos los sectores coinciden en que es necesario avanzar hacia una matriz más limpia, en base a energías renovables y menos contaminantes.

La propia Hoja de Ruta del Gobierno de Michelle Bachelet, lanzada en 2014, señala que “en términos de emisiones de contaminantes locales y globales, los impactos ambientales de la generación termoeléctrica son importantes, y no han sido lo suficientemente internalizados”.

Y en la Política Energética de Chile al 2050 se establece un vínculo claro entre la generación eléctrica y el aporte del país al calentamiento global, donde la menor disponibilidad de fuentes renovables gatilla el uso de combustibles fósiles y el consecuente aumento de emisión de gases de efecto invernadero.

Está claro ya cuál es la tecnología que concentra este proceso.  Tanto así que, como propuesta, el gobierno plantea que “se hace imperioso evaluar en profundidad los impactos del cambio climático sobre la generación de energía, y, de este modo poder diseñar un Plan de Adaptación al Cambio Climático que pueda aplicar en las décadas que vienen en este sector”.

Una materia en la cual las carboneras, particularmente las siete obsoletas que ya cumplieron su vida útil, obtienen nota roja.  Es evidente entonces por dónde hay que comenzar para resolver los graves impactos de la polución atmosférica, para cumplir los planes de descontaminación y al mismo tiempo acreditar la reducción de emisiones que el país ha comprometido en el instrumento Contribución Nacional de Chile al Acuerdo de París.