Hemos tomado conocimiento de la inserción publicada el 24 de septiembre en diferentes medios de prensa sobre el Proyecto Inmobiliario Parque Pümpin, previsto en Valparaíso por la Inmobiliaria del Puerto SpA ligada a los hermanos Ibáñez Scott, ex dueños de importantes supermercados vendidos al gigante norteamericano Walmart.

En efecto, el alcalde Sharp, mediante una publicación en el Diario Oficial del 21 de septiembre, en atención a diferentes hechos allí consignados, dejó sin efecto el permiso de edificación mal cursado a esa inmobiliaria por un Director de Obras Municipales que en la actualidad no ejerce el cargo.

Nos llama profundamente la atención lo señalado en el cuarto párrafo de la mencionada inserción del actor privado. Se asegura que el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región le había expresado al titular del proyecto, en Oficio Nº 2953 de noviembre de 2013, que en el terreno en donde se deseaba edificar no existían inmuebles de Conservación Histórica. Ello es gravísimo debido a que en el vigente Plan Regulador Comunal (PRC) respectivo figuran algunos, como por ejemplo la Casona Pümpin.

Con ese error de un funcionario público del gobierno central pasado, sin saberse si fue voluntario o involuntario, no se pudo aplicar el artículo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que establece la obligación de que un arquitecto emita un informe recomendando fundadamente la demolición de los inmuebles protegidos por razones de seguridad o fuerza mayor. Solo si el derrumbe es necesario, quien tiene la última palabra, conforme el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), es el Seremi. Es decir, la Inmobiliaria del Puerto SpA arrasó inmuebles resguardados por ley porque “creía” que no lo estaban (sic).

La inmobiliaria del Puerto SpA  en su inserción expresó críticas muy duras en contra de Sharp por haber publicado su decisión en el Diario Oficial, debemos tener presente que, para dar certeza jurídica a los titulares de permisos de edificación, anhelo muy sentido de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) como expresaron en el gobierno de Lagos, se envió al Congreso Nacional el proyecto de ley Nº 19.878, del año 2003, a partir de la cual se estableció como regla general el deber de publicación de los anteproyectos y permisos de edificación.

Así las cosas, en el año 2003 se incorporó al artículo 116 de la LGUC  -extrañamente ignorada por la mayoría de las Direcciones de Obras Municipales- la siguiente disposición:

"La Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al Concejo y a las Juntas de Vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos".

Adicionalmente, si los permisos de edificación -en tanto actos administrativos- son aquellos referidos en el artículo 48º de la ley Nº 19.880, deben publicarse necesariamente en el Diario Oficial.

En conclusión, el aludido artículo 48º de la ley N° 19.880, previene, en lo que importa, que deberán publicarse en el Diario Oficial, entre otros actos administrativos:

-Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general.

-Los que interesen a un número indeterminado de personas.

Sobre el particular se recomienda a los lectores e interesados leer el fallo Corte Suprema, Rol 3918-2012, sobre el proyecto inmobiliario Hotel Punta Piqueros en la comuna de Concón.

Por esas elementales razones, la actuación del alcalde Sharp de Valparaíso se encuentra apegada a derecho y si la inmobiliaria mantiene sus reproches, sus abogados pueden recurrir a los tribunales de justicia en defensa de sus intereses comerciales.