“Investigar a los cómplices civiles de las dictaduras implica abrir interrogantes y poner el foco en algunas de sus relaciones fundamentales”, dice desde su experiencia la historiadora argentina Victoria Basualdo, especialista en la pesquisa del rol de particulares en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Jorge Videla. Algo de ese conocimiento compartió con académicos, historiadores y otros investigadores chilenos como conferencista invitada de la Universidad Academia de Humanismo Cristiana.

Desde el año 2004, Basualdo ha estado embarcada en una obra que ha determinado la responsabilidad de 25 empresas argentinas en crímenes de represión, muerte y desaparición de opositores a la dictadura como en el emblemático proceso que llevó a la cárcel a Marcos Levín, el dueño de la compañía de transportes La Veloz del Norte, autor del secuestro y torturas del empleado y sindicalista Víctor Cobos junto a otra docena de trabajadores. Tal como en el caso de Levín, los informes definitivos de la investigación, publicados en “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado (Tomos I y II)” acreditan que los empresarios crearon condición de represión física, sicológica, aportaron listas negras y facilitaron el trabajo de los militares proporcionando capital humano y material para detener a detractores del régimen.

La doctora en Historia de la Universidad de Columbia, explica cuáles son los paralelos entre las dictaduras militares latinoamericanas y cómo el peso de la represión siempre recae en los trabajadores, sindicatos mientras se convierte en sabrosas regalías para las empresas fieles al poder. Algunos de estos ejecutivos escalaron en las privatizaciones, nuevos ministerios y cuotas de poder que persisten hasta hoy, incluso.

Poderosos grupos como Techint, Ledesma, Ingenios en Tucumán y empresas periodísticas como el diario de la Nueva Provincia en Bahía Blanca se suman a transnacionales siderúrgicas y automotrices europeas formaron parte de esta complicidad patronal-militar, describe la autora.

¿Qué tipo de madurez política se requiere para que este tipo de investigaciones se concrete finalmente en un proceso judicial para cómplices y encubridores de crímenes de lesa humanidad?

Para hacer posible una investigación de estas características en nuestro caso no sólo se destaca haber logrado este esfuerzo conjunto sintetizado en un libro, sino también su entrega al Ministerio Público Fiscal que vehiculizó su distribución a todas las causas judiciales pertinentes, y su publicación y distribución gratuita, así como su difusión en una gran cantidad de actividades académicas y sociales, cuestiones nada sencillas.

Para llegar a este punto se requirió una larga trayectoria y un trabajo sostenido por parte del Área de Economía y Tecnología de FLACSO que viene llevando adelante investigaciones sobre el papel de estas cúpulas empresariales hace más de tres décadas. El CELS, organismo de derechos humanos fundado en dictadura con décadas de activismo y con figuras emblemáticas y una acumulación de decisiva importancia en ese campo compartido con muchos otros organismos de gran valía e incansable militancia. El Programa Verdad y Justicia también tuvo un papel clave de asistencia y apoyo en los procesos de judicialización, con equipos altamente especializados, al tiempo que la Secretaría de Derechos Humanos cumplía varias funciones clave, entre las que se destacó para este proyecto, la tarea desempeñada por el Archivo Nacional de la Memoria fundado en 2003 y que constituyó un acervo de gran importancia para este y otros proyectos.

La vigencia de esta justicia pendiente persiste en casos como el de Santiago Maldonado. ¿Qué síntomas reconoces en esta desaparición forzada enfrentada a las Fuerzas Armadas?

En ese sentido lo primero es notar que las multitudinarias marchas exigiendo que se conozca el paradero de Santiago Maldonado han sido multitudinarias, ha tenido una enorme magnitud. No por casualidad ha sido cubierta por los medios en Argentina tratando de poner el foco en incidentes al final de las marchas, cuando su carácter ha sido totalmente distinto y ha dado cuenta de una unidad enorme. Lo que pasa acá es que hay un Estado que debe dar explicaciones, porque ésta no es una desaparición cualquiera, es una ocurrida en el marco de un proceso represivo durante una movilización civil en la que gendarmería interviene con un número muy superior al de manifestantes.

Es en ese contexto que se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Al respecto, el Estado debe dar explicaciones y no las está dando a pesar de la incidencia de organismos internacionales que realizan la misma búsqueda. Esto es un asunto de enorme gravedad, ya que muchos de los temas que estamos discutiendo se vinculan con la forma en que los Estados ven la protesta y la organización social como un problema que debe ser reprimido. Existe una gran preocupación en la sociedad por el caso de Maldonado que yo comparto totalmente y por el que tiene que haber respuestas. Santiago Maldonado tiene que aparecer. Y tiene que aparecer con vida.