Con 95 votos a favor, dos rechazos y dos abstenciones la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes el proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes evadan el pago del Transantiago y además crea un "registro de evasores", que agrupará a quienes no cancelen las multas asociadas al no pago.

De este modo, la iniciativa ahora pasará a su tercer trámite legislativo, que corresponde a la discusión en el Senado. En su paso por las comisiones de Transportes y Hacienda, el texto sufrió algunos ajustes que deben ser ratificados por los senadores.

El proyecto establece que a las personas que se encuentren en el "registro de evasores" y que no cumplan con el pago de su deuda, se les aplicará la retención de impuestos o se les quitará su licencia de conducir.

Por otra parte, el registro no será de carácter público y quienes quieran acceder a él deberán hacerlo a través de la Ley de Transparencia. Además, podrá ser consultado un máximo de ocho veces por año, según explicó la ministra de Transportes, Paola Tapia.

Tecnología para registrar evasores

Antes de la aprobación del proyecto, el ministerio de Transportes ya se encuentra evaluando su implementación y por eso puso en en marcha un plan piloto para controlar la evasión en una flota de 20 buses del Transantiago. El proyecto será utilizado por un operador durante este semestre y contempla la instalación de contadores de pasajeros.

Otra de las opciones que se considera es TrackTec, una herramienta que consiste en un sensor que se instala en las puertas de los buses y que permite captar la imagen –el contorno de la cabeza– de los usuarios cuando pasen frente al validador. De este modo, y gracias a que las máquinas que tienen este dispositivo cuentan con un GPS, se podrá saber en qué comuna se produjo la evasión, a qué hora y en qué recorrido.

Endurecimiento de las sanciones

La iniciativa sanciona como una infracción gravísima tanto a las personas que no paguen la tarifa correspondiente al acceder a los servicios del Transantiago, como a quienes lo hagan a través de instrumentos de los que no sean los titulares, como por ejemplo, un pase escolar que pertenece a otra persona.

Además, establece que las personas que sean citadas a un juzgado de policía local –luego de que se detecte alguna irregularidad durante una fiscalización– y otorguen un domicilio falso o inexistente, serán sancionadas con multa de hasta 10 UTM.