Tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, las autoridades han estipulado un margen de tiempo para que entre en vigencia. Un artículo transitorio de la propuesta señala que las prestaciones que son reguladas por la norma podrán ser exigidas a contar de la dictación del decreto respectivo, que ocurrirá en un plazo de noventa días desde su publicación. 

En el Ministerio de Salud trabajan intensamente, junto a los equipos médicos, para elaborar normas y reglamentos que establezcan su implementación en la red pública de salud.

Por esta razón, en el Ministerio de Salud (Minsal) trabajan a toda máquina, junto a sociedades científicas, en la elaboración de las normas y reglamentos que permitirán establecer los detalles de su implementación en la red pública de salud. De hecho, ya se ha arancelado un 90% de las nuevas prestaciones que requerirá la normativa.

Según consigna La Tercera, al contar con código Fonasa -un arancel estatal- podrán ser exigidas como prestación médica en el sistema público y ante Isapres, ya que si el procedimiento se incorpora al seguro estatal debe replicarse también en el mundo privado. 

Actualmente existen prestaciones como tomas de muestra, ecografías y resonancias nucleares que se pueden necesitar de manera extra y están siendo financiadas por el Estado para su cobertura para ser exigibles por los pacientes en Fonasa e Isapres. El proyecto entregó 5 mil millones de pesos para el primer año de implementación y otros $3 mil millones para cuando la normativa entre en vigencia.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, informó que la implementación se realiza mediante seis macrozonas en las que se divide la red de salud pública, donde se encuentran 69 policlínicos de riesgo obstétrico que serán reforzados con especialistas e instrumentos.

Uno de los peligros en la implementación de la ley es la carencia de especialistas en el área materno fetal, que suman apenas 20 a nivel nacional en la red pública. Para distribuirlos geográficamente el TC tendrá que dar a conocer su resolución respecto de la objeción de conciencia.

Uno de los problemas que podría afectar la implementación de la nueva norma es la carencia de especialistas en el área materno fetal, que hoy suman 20 a nivel nacional en la red pública. Cómo distribuir a estos profesionales geográficamente, será una materia a resolver tras conocer la resolución del TC respecto de la objeción de conciencia.

La normativa podría estar operativa a fin de año, aunque dependerá de la fecha de publicación de la ley. El primer borrador estaría listo el 1 de septiembre.