La jurista suiza Carla del Ponte, una de las juezas más comprometidas con el derecho humanitario por haberse desempeñado, en 1999, como fiscal general del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR), renunció como miembro de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria.

Carla del Ponte califica la situación de "frustrante" y considera que existen suficientes pruebas en manos de la comisión para condenar al presidente sirio, Bashar Al-Assad, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU impide la creación de un tribunal especial sobre Siria, como pasó en la Antigua Yugoslavia o en Ruanda. “No puedo ser parte de una comisión que no hace absolutamente nada", espetó.

Del Ponte, quien trabajaba desde 2011 en el organismo, admitió que su dimisión es una provocación para presionar al Consejo de Seguridad de que debe proporcionar justicia a las víctimas.

"Sin justicia en Siria jamás habrá paz ni tampoco ningún futuro" para los sirios, señaló tras asegurar que, en toda su carrera, "jamás había visto un conflicto tan violento en el que hay tantos niños muertos, torturados, decapitados".

Cabe recordar que Del Ponte se manifestó en 2016 a favor de la intervención militar rusa en Siria, pero al poco tiempo la condenó tras constatar los ataques sobre la población siria. Su actuar ha sido siempre incómodo para los políticos. De hecho, ya fue apartada de sus investigaciones cuando dirigía el Tribunal Penal Internacional tanto para la Antigua Yugoslavia como para Ruanda.

Su dimisión, que se hará efectiva el próximo 18 de septiembre, fecha de la próxima reunión de la Comisión de Investigación, pone en evidencia la falta de independencia de los tribunales internacionales, tanto el Tribunal Internacional de Justicia -dependiente de Naciones Unidas-, como del Tribunal Penal Internacional -que actúa de forma independiente.

La instancia fue establecida el 22 de agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos en Siria desde marzo de aquel año, esclarecer los hechos y las circunstancias de los abusos y crímenes cometidos, e identificar a sus responsables.