La tarde del pasado lunes, el Tribunal Constitucional dio a conocer su decisión de rechazar los requerimientos de Chile Vamos que acusaban de inconstitucional al proyecto de despenalización del aborto en tres causales, y ahora la iniciativa tiene el camino despejado para ser promulgada.

En varias ocasiones, distintos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU habían solicitado al país que actualizara su legislación al respecto, y así, cuando se convierta en ley, Chile abandonará el reducido grupo de países en el mundo que prohíben y penalizan la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, y que además está integrado por El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, Surinam, Malta, Andorra y El Vaticano.

Chile se integrará a un panorama similar al que hoy existe en América Latina, donde la mayoría de los países sólo permiten el aborto bajo algunas circunstancias específicas y reducidas. Quienes lo prohíben de forma absoluta en la región son los ya mencionados El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana, y por el contrario, en Uruguay, Ciudad de México –en el resto del país es ilegal–, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico, la práctica es legal sin condiciones.

En la región, entre 2010 y 2014 el 32% de los embarazos terminó en un aborto, cifra que corresponde a 6,5 millones según datos del Instituto Guttmacher, especializado en el tema. A nivel mundial, la Organización Mundial para la Salud (OMS) reveló que 21,6 millones de mujeres se practican abortos no seguros cada año, de los que 47 mil terminan en muertes y más de 5 millones conllevan complicaciones.

A continuación, el caso de tres países de la región con diferencias tanto en la rigidez de su legislación y como en las consecuencias de esta política pública.

Argentina incumple su protocolo

Este país presenta una de las tasas más altas de interrupciones del embarazo por cantidad de nacimientos: según cifras de la OMS, cada año se realizan cerca de 500 mil abortos, y la mayoría son clandestinos. Argentina sólo permite interrumpir un embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la madre.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento es bastante limitado y la burocracia finalmente obstaculiza su realización, debido a la falta de información, ausencia de protocolos y la objeción de conciencia de los médicos. Según cifras presentadas por la ONU en noviembre de 2016, dos de cada tres provincias argentinas incumplen el protocolo para la interrupción del embarazo, lo que constituye "una violación para los derechos humanos" y "contribuye a la alta tasa de mortalidad materna", según afirmó Dubravka Simonovic, la relatora especial del organismo sobre violencia contra la mujer.

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Bolivia estudia despenalizar 9 causales

Al igual que Argentina, Bolivia hasta ahora sólo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo de vida para la madre. Sin embargo, desde marzo de este año, debido a la dificultad en el acceso, el país estudia despenalizar el aborto en nueve circunstancias: cuatro de ellas durante las primeras ocho semanas de gestación y cinco para cualquier momento del embarazo.

La iniciativa se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional del país, y contempla como causales la situación de pobreza, la falta de recursos, ser madre de más de dos hijos y no poder mantenerlos económicamente y que la embarazada sea menor de edad, entre otras.

Bolivia tiene una de las mayores tasas de embarazo adolescente, según señaló la OMS en 2013. Además, en el país, se realizan 115 abortos ilegales a diario, y de ellos, cada día 10 mujeres quedan en estado crítico como consecuencia de procedimientos clandestinos o mal realizados, según datos del Colegio Médico y el Hospital de la Mujer de La Paz de ese país, respectivamente.

Uruguay disminuyó su tasa de fallecimientos vinculados a embarazos

Desde 2012 el aborto en Uruguay es legal sin restricciones. El procedimiento se puede realizar durante las primeras 12 semanas de gestación –14 si fue producto de una violación–, y antes de él, la embarazada debe pasar por una consulta de asesoramiento, una reunión con un psicólogo, un asistente social y médico, un periodo de cinco días de "reflexión" y, finalmente, una sesión para recibir el tratamiento, que normalmente se realiza con fármacos como el misotrol.

Uruguay es el segundo país con menor mortalidad materna en toda América y sólo superado por Canadá, según una informe realizado por el International Journal of Gynecology and Obstetrics. El artículo menciona que la política de legalización del aborto seguro “no sólo reduce las muertes evitables de las mujeres, sino que en lugar provocar un aumento en el número de abortos provocados, tiende a reducirlos”.

La tasa uruguaya de fallecimientos vinculados a embarazo, parto, puerperio y aborto es la más baja de América Latina y el Caribe, con 14 muertes cada 100.000 nacidos vivos, según datos de la OMS, que además señaló que hasta 2015, Uruguay redujo la mortalidad materna en 59,5% en los últimos 25 años, con un promedio anual de descenso de 3,7 por ciento.