A pesar de la tensión que se respira en el Congreso a pocos días de empezar las vacaciones de verano de las diputadas y diputados españoles, este lunes los partidos políticos dejaron las siglas a un lado para sellar unánimemente un pacto de Estado contra la violencia de género que abarca desde el ámbito de la salud, como el judicial, penal o educativo.

Con un presupuesto de casi 1.000 millones de dólares en cinco años, se trata de un conjunto de 200 medidas entre las que destacan seis meses de subsidio para las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos y sin trabajo para poder dar un paso adelante en su nueva vida; que en todos los colegios haya asignaturas obligatorias para hablar de igualdad; o que en las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial las asignaturas de violencia de género sean obligatorias y evaluables.

Según informa El País, el pacto -alcanzado después de seis meses de trabajo y 66 comparecencias de expertos- también incluye medidas como ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos.

Así, la acreditación de víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Los grupos parlamentarios también traspasaron a los gobiernos locales las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género para poder crear unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente.

Además, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria, se prohibirá que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores, se desarrollará un Código de Publicidad no sexista y se someterá el derecho de dispensa a revisión para evitar los espacios de impunidad, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.

El documento será sometido a debate y votación en la Comisión de Igualdad del Congreso este viernes 28 de julio. Desde entonces, el gobierno de Mariano Rajoy tendrá dos meses para sentarse para consensuarlo con las administraciones regionales y locales, que deberán poner en marcha muchas de las iniciativas acordadas. El Ejecutivo contará también con cuatro meses para iniciar la tramitación de las medidas legislativas acordadas.

En lo que va de año, las cifras de violencia machista en España aumentaron respecto al 2016, dejando 32 mujeres y seis menores asesinados. Los maltratadores han dejado también 16 huérfanos de menos de 18 años.