En el último periodo abierto en el bienio 2006-2007, se han sucedido múltiples movilizaciones de distintas magnitud y naturaleza. Ciertos analistas han tendido a observar el ascenso de las movilizaciones como evidencia del fortalecimiento de los movimientos y, con ello, han enaltecido la apuesta progresista del “ahora es cuando”. El avance de los movimientos en un contexto de supuesta crisis del sistema político se aparece como un elemento central de la lectura del progresismo. Su apuesta electoral en sus distintas versiones de los últimos años (Todos a la Moneda, Marca AC, Frente Amplio, etc.) dan cuenta de cierta oportunidad de acumulación de fuerzas en el sistema político con congresistas y autoridades municipales. Llegar al preciado Estado se les aparece como el siguiente paso de los movimientos sociales chilenos, cuyo límite ha sido sus dificultades para devenir en un movimiento político. Toda esta apuesta se legitima bajo el discurso de las mayorías, pues son estas las que se pretende representar en los puestos del Estado. Con ello, se arropan del manto democrático para abogarse la representación de las mayorías, frente al duopolio que ha sido a todas luces un gobierno de minorías.

Un elemento que olvidan las lecturas progresistas y que resulta central a la hora de evaluar políticamente las tácticas electoralistas que se han sucedido en los últimos años, es la debilidad estructural de los movimientos sociales y populares chilenos. Su ir y venir abierto en 2006, donde movilización tras movilización emergen los exaltados del “ahora es cuando”, ha estado marcado por una rápida emergencia de las protestas, así como también una rápida caída. A su vez, han emergido ante coyunturas específicas que amenazan las formas de vida actuales de los hogares y sobre las cuales se han montado ciertas organizaciones para levantar demandas que orienten las preocupaciones de estos. Es este anclaje entre demanda, proyectos de vida y preocupaciones lo que ha posibilitado la coordinación de protestas masivas en los últimos años.

Un ejemplo paradigmático es el movimiento estudiantil del 2011. Los hogares estaban presionados por el pago de arancel en la educación superior, lo que algunos vivían como sobre-explotación trabajando más horas y/o con mayor intensidad, otros como endeudamiento, y otros como una pérdida económica en términos de un cálculo racional entre los costos y retornos esperados de ser profesional. Luego de que el gobierno decretara el compromiso con la gratuidad, la masividad decayó y muchas familias dejaron las calles: la presión económica se había relajado. Las demandas por la educación pública y por la democratización, entre otras, quedaban legitimadas por las mayorías, pero ya no tenían el apoyo activo de estas.

Esta forma que asume el movimiento social lo entendemos, en el Centro de Investigación Fragua, como el gobierno de los hogares, lo que constituye la debilidad estructural de los movimientos sociales y populares chilenos. El gobierno de los hogares está dado por el hecho de que son las familias las que disgregadamente imprimen las orientaciones de las movilizaciones, es decir cuáles serán sus demandas, su temporalidad (cuándo comienzan y cuándo terminan), etc. En el ejemplo estudiantil, la Confech no tuvo la capacidad de imprimir en el movimiento demandas distintas a la gratuidad, que era por la que los hogares estaban efectivamente dispuestos a movilizarse.

Esta debilidad constituye un problema tanto para las orientaciones populares revolucionarias como para las progresistas. Para las segundas lo es por cuanto su problema no es si pueden o no llevar adelante cambios que desde el Estado deriven en mejorar las condiciones de las mayorías de Chile, sino más bien si pueden sostener esos avances una vez reviente una crisis económica o se dé un contragolpe a lo Temer y Macri. En este sentido, la posibilidad de un avance real y permanente estriba en la capacidad de sostener la lucha una vez las escaramuzas en el Estado hayan fracasado. Es decir, requieren que las grandes mayorías tengan el poder de sostener una defensa de los derechos adquiridos, así como también de avanzar en nuevos.

Para las orientaciones populares revolucionarias el mismo problema se aparece, pero esta vez bajo una concepción anclada en la construcción de un movimiento donde sean efectivamente las mayorías las que produzcan y conduzcan el cambio.  En este sentido, la hegemonía de las clases medias en las actuales fuerzas políticas deviene en un problema estratégico, pues se constituye con una participación subordinada de los sectores populares (que constituyen la mayoría de la población chilena, además de tener el potencial más fuerte de orientarse por los intereses popular y trabajador, tema que abordaremos en una columna futura). Un proyecto que efectivamente apueste al gobierno de las y por las mayorías, debe necesariamente hoy por hoy avanzar en la construcción de organización popular en el sentido fuerte del término: estable, duradera, funcionalmente diferenciada, con capacidad de auto-observación, de modificación y de institucionalización, etc. Solo esta construcción permitirá mayores capacidades de coordinación que hagan el salir a la calle una decisión táctico-estratégica, más que una ventana de oportunidad aprovechada por la fuerza política de turno.

Estamos lejos de poder construir una democracia real en Chile, y esto no solo se debe a la corrupción económica y política, a las ineficiencias del Estado y de las empresas, o a la “poca educación” (sic) de las masas, sino que a la posibilidad misma de que las mayorías se auto-gobiernen. En este sentido, el superar el gobierno de los hogares del movimiento no solo se ancla en una cuestión estratégica (la posibilidad de avanzar en concesiones y de sostener avances que en el futuro se vean amenazados), sino también una cuestión de horizonte político. Y es que creemos profundamente que podemos construir un movimiento popular hegemonizado por los sectores populares trabajadores, que permita que efectivamente sean las grandes mayorías las que se gobiernen en aras del beneficio de todos. Es decir, para que podamos construir un verdadero gobierno del pueblo donde sea efectivamente este el que construya nuevas relaciones sociales en una sociedad socialista.