La revelación de las inversiones del PS ha sido un regalo para Piñera, quien ha dicho que no reconoce superioridad moral a los socialistas inversionistas. Separemos la paja del trigo. El sistema de injusticias y abusos, ligado a los negocios, lo inventó la derecha y los economistas de Chicago, quienes recibieron la protección de Pinochet. Piñera acumuló capital gracias a este sistema, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Chile, con un activo de 2.700 millones de dólares. Y, es público y notorio que los negocios del candidato de la derecha son poco claros.

En las inversiones socialistas no existe el empate con Piñera, pero es justo reconocer un serio error político. Además, existe una dimensión ética insoslayable. Esto no lo alcanza a comprender Oscar Guillermo Garretón y los otros miembros de la Comisión Patrimonial, responsables de las inversiones, ya que, en vez de la autocrítica han optado por la soberbia. Enceguecidos por el mercado, están orgullosos de las inversiones realizadas porque, según afirman, así se libera el PS de la “tutela del dinero de los poderosos”. Vaya tontería.

Con las inversiones realizadas por la Comisión Patrimonial, los dineros del PS dependen precisamente de los negocios de los poderosos, de las grandes empresas en que invierte. Y a ello se agregan problemas específicos con esas empresas: unas: están cuestionadas por financiamiento ilegal de la política, otras son reguladas y dos de ellas son del yerno de Pinochet.

La política implementada por la Comisión Patrimonial, y el nulo control ejercido por las autoridades partidarias, pone de manifiesto que el socialismo chileno ha aceptado a ciegas la lógica de los mercados. Ha naturalizado el juego de la bolsa accionaria, sin importarle quienes son los jugadores ni tampoco el comportamiento que éstos han tenido en la acumulación de sus capitales. Pero, en realidad, esto no es nuevo ya que el vínculo entre política y negocios ha caracterizado la transición, y los partidos de la Concertación han sido complacientes con ello..

En efecto, al término del gobierno del Presidente Aylwin comenzó a moverse la puerta giratoria. Ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras asumieron cargos en directorios de bancos, grandes empresas, medios de comunicación y universidades, todos de propiedad de los hombres más ricos de Chile. Algunos volvieron al “servicio público” y otros, como Correa y Tironi, sirvieron al mundo empresarial formalmente como lobistas. Así, la política y los negocios estrecharon vínculos.

En el último tiempo se ha dado un paso adicional. Los grupos económicos, que controlan la producción, las exportaciones, las AFP, ISAPRES, la educación privada, el CAE, las concesiones de carreteras y las sanitarias, han financiado, legal y sobre todo ilegalmente campañas electorales. Candidatos de todos los partidos políticos han aceptado esos recursos: la derecha, la Concertación y Enriquez-Ominami. Su propósito: capturarlos, maniatarlos, para que legislen y actúen en su favor. Caso  conocido es la ley de pesca, pero no parece ser el único.

El Partido Socialista no se salva de la colusión entre política y negocios. Connotados ex ministros socialistas utilizaron la política para escalar a directorios de grandes empresas. Pero, lo nuevo, en los tiempos que corren, ha sido el financiamiento ilegal de algunos candidatos al Parlamento. Hay varios identificados, gracias a las rectificaciones y aclaraciones impositivas  de Impuestos Internos.

Con la denuncia de Megavisión, ha quedado de manifiesto el error político y ético de las inversiones del PS. En primer lugar, algunas de estas empresas se encuentran cuestionadas por el financiamiento ilegal de la política. Son los casos de SQM y Pampa Calichera, ambas de Ponce Lerou; lo mismo con Aguas Andinas, sanitaria cuestionada además por su mal servicio.

En segundo lugar, existe manifiesto conflicto de intereses en el caso de las empresas sanitarias y eléctricas. Éstas tienen tarifas reguladas, y por tanto periódicamente negocian sus precios con la autoridad pública. En consecuencia, un partido de gobierno, con responsabilidad directa o indirecta en la negociación de las tarifas, no debiera invertir en esas empresas.

En tercer lugar, existen razones éticas, muy preocupantes. Porque con las inversiones en SQM y en Pampa Calichera, el PS como estructura, ha sido capturado por Ponce Lerou. Ahora, sus militantes no podrán criticar al yerno de Pinochet. Difícilmente podrán reclamar contra la privatización, a precio vil, que le permitió adueñarse de SQM, gracias a la protección de Pinochet. Los dirigentes socialistas han cometido un grave error ético y político con su política de inversiones.