La reforma al Código de Aguas se presentó en un principio como un cambio importante en la reguluación de las aguas en el país, enfatizando sobre todo en su carácter público. Sin embargo, cada vez más queda en evidencia cómo ese objetivo se queda solo en buenas intenciones.

El gobierno acaba de enviar una serie de indicaciones con urgencia simpla al proyecto que actualmente se encuentra en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Fue el propio Carlos Estévez, director general de Aguas, quien llegó al Parlamento para presentar las modificaciones del Ejecutivo.

La más importante es sobre la duración de derechos de agua. Estos son a perpetuidad para los privados según la actual legislación y la reforma no planteaba tocarlos, sino que los nuevos derechos serían por 30 años con posibilidad de renovación. Esto, según el empresariado liderados por el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura Patricio Crespo era una "expropiación" porque se restringía el carácter que tenían los actuales derechos, generando incertidumbre en la actividad agrícola.

El gobierno parece haber escuchado bastante a Crespo, pues la nueva disposición "despeja cualquier duda interpretativa del régimen (vigencia y duración) aplicable a los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma: seguirán siendo indefinidos en el tiempo. No tendrán una duración temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6°", explicó el propio Estévez, refiriéndose al artículo que especifica cuándo y por qué razones se revisa la concesión.

Otro cambio es que se elimina la palabra "concesiones" del texto y se habla de "derechos de agua". "Se despeja la creencia de que sólo los derechos nuevos serían concesiones -los derechos reales de aprovechamiento nuevos y antiguos son fruto de una concesión-, eliminando dicho vocablo", dijo Estévez.

Para la activista Sara Larraín de Chile Sustentable, esto es una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”.