Este jueves se presenta en Washington el "Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará". El documento, elaborado y coordinado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) detalla las principales falencias de los países de América Latina en la prevención, sanción, reparación y erradicación de la violencia sexual en las niñas de 10 a 14 años.

Luz Patricia Mejía, abogada especialista en Derechos de las Mujeres, integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y miembro de la Secretaría Técnica de MESECVI, en entrevista con El Desconcierto detalla los aspectos más relevantes del texto. Mejía radiografía la violencia sexual hacia las niñas en la región "que presenta mayores niveles de desigualdad en la brecha entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio pleno de derechos para las mujeres y las niñas".

Sobre Chile, en particular, la experta afirma que es uno de los países con peores indicadores: está entre los que tienen los índices de mortalidad materna más alto y es el segundo, después de México, con índices de maternidad de niñas más elevado.

¿Cuáles son las principales claves que revela el informe?

El informe revela que hay un porcentaje altísimo de niñas víctimas de violencia sexual y que esa es una violación que se da a pesar de obligaciones internacionales de derechos humanos establecidas en todos los estados de la región.

Los datos de mortalidad materna de niñas entre 10 y 14 años muestran que hay una cantidad de femicidios que están ocurriendo sin que se haga nada desde la Justicia. Son femicidios invisibles. Ocurren porque las niñas son violadas y luego obligadas a mantener un embarazo, no sólo no deseado, sino para el cual su cuerpo no está preparado. Esto tiene unas consecuencias aún más dramáticas en aquellos países donde está totalmente prohibida la interrupción del embarazo.

¿Cómo se evalúa la postura de los estados sobre la violencia sexual en las niñas en este documento?

Hay dos aristas importantes. La primera es sobre las niñas que son víctimas de violencia sexual y cómo esta les afecta y distorsiona su derecho a la vida digna y a la integridad personal. La segunda tiene que ver con cómo reacciona el Estado frente el embarazo en niñas de 10 a 14 años y frente al delito de violencia sexual.

Frente al delito de violencia sexual, nos encontramos que todos los estados de la región penalizan las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años. En algunos casos son penas de violación que tienen agravantes por el hecho de la edad. Pero en otros casos de legislaciones penales permiten algunas morigeraciones de las penas afectando más a las niñas. Por ejemplo, el violador se casa con la niña y no se lo investiga. Tenemos casos de niñas que han sido asesinadas por su esposo. Son pedófilos que se casan con ellas para evadir la responsabilidad penal.

Sobre los embarazos, en los países donde está permitido el aborto, el informe revela que los estereotipos de género, y de construcciones culturales de los roles de las mujeres hacen que aún teniendo los protocolos existentes para interrumpir el embarazo en una niña que ha sido víctima de violencia sexual, los embarazos no se interrumpen. Hay casos en los que las niñas han muerto durante el proceso de parto.

El informe presenta los ámbitos de la justicia y la salud como dos de los que tienen más falencias para actuar ante la violencia sexual en las niñas. ¿Por qué?

Si tenemos un sistema penal a nivel regional que reconoce que tener relaciones con las niñas es delito, deberíamos entender que todos los casos que llegan al sistema de salud reportados como niñas embarazadas, son casos de niñas que han sido víctimas de violencia sexual.

Detectamos a las víctimas de violencia sexual porque en primer lugar acuden al sistema de salud. Éste debería tener un vínculo con los trabajadores sociales, los sistemas integrales de protección de los derechos de las niñas y el acceso a la Justicia. Pero en la región no tenemos este enfoque. De los 32 países –exceptuando Canadá y Estados Unidos–, 21 nos reportan información sobre niñas embarazadas. De éstos, sólo 11 nos dicen que han abierto investigaciones judiciales por violencia sexual específica contra niñas. Y de éstos, sólo dos reportan cifras de denuncias: Venezuela (2 casos) y Perú (1 caso).

Es como un diálogo de sordos: los estados reconocen que tienen un problema, registran las cifras y tienen protocolos de actuación para combatirlo. Sin embargo, el problema no sólo continua, sino que se reproduce y no tiene ninguna respuesta satisfactoria ni para las niñas ni para sus hijos e hijas, que también son víctimas de violencia.

¿Qué consecuencias tienen para las niñas esta indiferencia del Estado hacia ellas?

La justicia no lleva ninguna reparación a una niña que fue violada por personas cercanas a la familia o por miembros de la propia familia, que es como ocurre normalmente.

Las niñas terminan siendo expulsadas de los colegios, obligadas a tener maternidades forzadas, obligadas a casarse, separadas de sus familias y, en algunos casos en sistemas de protección, como fue el caso de Guatemala, donde las niñas estaban recluidas y privadas de libertad y los agresores.

¿Dónde se sitúa Chile en el ránking de países que identifican la violencia sexual hacia las niñas?

Está entre los países que reporta información de niñas embarazadas y que supuestamente tiene un sistema que permite identificarlas porque tiene unos protocolos de actuación. Ahí está el problema, cuando existen protocolos y, a pesar de eso, nunca pasa nada.

¿Cuáles serían los estados que peor lo hacen en este sentido?

Los que tienen un índice de mortalidad materna más alto, entre los que están Chile, México, Argentina, Guatemala.

La tasa más alta de maternidad en niñas de 10 a 14 años, es decir, que son obligadas a tener los bebes, es la de México, con 5.5 niñas por cada 1000. Chile está en segundo lugar con 3.6 niñas por cada 1.000.

¿Se encuentran casos de violencia en niñas de 12 a 14 años que empiezan a pololear con otros niños de su misma edad?

Hay que diferenciar la violencia de las relaciones entre iguales y en relaciones de poder totalmente asimétricas, como cuando el agresor de la niña es un hombre mayor de edad.

La violencia en las edades más tempranas tiene que ver con una realidad concreta. En el caso de Chile, por ejemplo, que tiene unas altísimas tasas de femicidio se da por una cultura patriarcal que empieza desde muy temprana edad, en los colegios, donde las niñas aprenden que tienen unos roles distintos a los niños. Después estos roles se reproducen en las relaciones de noviazgo y después en las relaciones adultas.

En Chile hay una cultura religiosa y educativa que profundizan las relaciones desiguales de poder. Naturalizando eso, tenemos una fricción muy grande entre el rol que supuestamente tiene que cumplir la mujer y el que están cumpliendo las jóvenes hoy en día, que tienen más estudios, acceso a la información a través de Internet y redes sociales…

¿Cómo se concreta este choque?

Existe una tensión muy grande entre lo que las niñas aprenden en el colegio y lo que viven, pero sus parejas sí que viven lo que les enseñan: que omo hombres tienen el poder disciplinar de estas relaciones.

Por eso es necesario legislar sobre una obligación internacional: que las mujeres tengamos derecho a ser educadas libres de estereotipos, porque sino reproducimos permanente la discriminación y violencia. Son dos momentos que se están encontrando: el momento emancipatorio de la mujer educada frente al momento de la reproducción permanente de las relaciones desiguales de poder.

El informe hace varias recomendaciones a los países que tienen la prohibición total del aborto. En la región hay seis países de los ocho que hay que prohíben de forma total el aborto. ¿Cómo se observa el caso chileno?

Las cifras hablan por sí solas. Chile tiene las cifras más altas tanto de mortalidad materna como de nacimientos en caso de niñas violadas.

En el caso de Chile, es absolutamente urgente que se terminen de legislar las tres causales, después del proceso de casi un año y medio. Es imprescindible que inmediatamente las niñas que mueren por embarazo, que son víctimas de un femicidio colectivo, y las que están obligadas a tener a sus hijos tengan derecho a la vida digna. Eso es imposible cuando siendo víctima de violencia sexual te obligan a tener el producto de esa violación.