La ausencia de un diagnóstico que respalde técnicamente la necesidad de implementar medidas de vigilancia ciudadana y de una política pública estricta en la materia, que garantice el  cumplimiento del derecho a la privacidad de las personas, fueron las principales críticas de un grupo de organizaciones sociales, durante un encuentro con organismos públicos para analizar las medidas impulsadas por municipios del sector oriente de la capital.

Las ONG Datos Protegidos, Derechos Digitales, Fundación Multitudes y el Instituto Chileno de Derechos y Tecnología, se reunieron este viernes con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo para la Transparencia, el ex Subsecretario Antonio Frey, expertos en seguridad y privacidad, concejales y vecinos de Providencia, para abordar la legitimidad, eficacia y desafíos regulatorios en el uso de drones, cámaras y globos aéreos, para reforzar la seguridad ciudadana.

Las organizaciones de la sociedad civil, si bien destacaron el reciente envío del proyecto de ley de Protección de Datos Personales, alertaron sobre los riesgos, principalmente humanos, tras el manejo de estas tecnologías, las que son implementadas por empresas privadas, reguladas en su uso sólo mediante contratos directos con los municipios. En ese contexto, los presentes visibilizaron la vulnerabilidad a la privacidad de las personas, dada la libre captación de datos privados y sensibles de vecinos y transeúntes (como raza, orientación sexual, etc.) y cuestionaron la actual falta de información en torno al tratamiento y destino final que tendrían estos datos.

“Los drones permiten hacer identificación facial, interceptar celulares, rastrear pautas de comportamiento e incluso detectar sonidos a través de murallas, poniendo en grave riesgo el derecho a la privacidad y también a la libre expresión en el espacio público”, explicó Sebastián Becker de Fundación Datos Protegidos.

Junto con ello, los participantes instaron a que estas medidas tengan como precedente las disposiciones regulatorias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no obstante cuestionaron la efectividad en su uso cuando la falta de un marco regulatorio no asegura que las grabaciones sean medios de prueba válidos en un juicio por delito.

Consejo para la Transparencia: “los organismos públicos no vigilan a los ciudadanos”

En el encuentro, el Director del Instituto de Derechos Humanos, Branislav Marelic, argumentó que “estas medidas de vigilancia deben tener un debate de carácter legal, además de un objetivo preciso, razonable y compatible con el Estado de Derecho”.

En tanto, la directora jurídica del Consejo para la Transparencia, Andrea Ruiz, indicó que “por regla general los organismos públicos no vigilan a los ciudadanos”, añadiendo la importancia de que los municipios justifiquen la efectividad y eficacia en el uso de estas tecnologías.