Una pareja de origen dominicano demandó al Registro Civil por presunto maltrato y discriminación en el proceso de inscripción del nacimiento de su hija chilena.

Según el relato de la familia, tras el nacimiento de la pequeña, en diciembre de 2016, cuando los padres solicitaron la inscripción de la niña en la Oficina del Registro Civil del Hospital San Borja Arriarán, la funcionaria pública a cargo “les trató de manera denigrante, evidenciando prejuicios frente a la presencia de migrantes en el país, generando que la pareja se sintiera humillada”.

Así lo señala el comunicado de la Corporación Humanas que, junto con el Servicio Jesuita de Migrantes, representan Yakaira Feliz y Smailyn, la pareja denunciante.

“De manera inquisitiva, la funcionaria les formuló preguntas intrusivas respecto de su vida privada, como el trabajo realizado en Chile, y se permitió realizar comentarios impropios y xenófobos acerca del número de extranjeros en el país y sus supuestos comportamientos negativos“, agrega el texto.

Los denunciantes también demandan que “se cometieron graves errores” en el proceso de inscripción, “como la incorrecta individualización de la madre de la niña, la incorrecta individualización del padre y, además, la incorrecta inscripción de la niña como “hijo de extranjero transeúnte” (HET), pese a tratarse de una nacida en Chile” y de que los padres habían insistido en que viven en el país desde 2015 “por lo que desde ningún punto de vista podrían ser considerados como ‘extranjeros transeúntes’”, reza el comunicado.

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Una discriminación de un organismo público

En relación a la gravedad de la discriminación cometida, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, expresó que “la gravedad de este caso radica en que la discriminación proviene de un organismo público y ha afectado a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, configurándose una discriminación múltiple o agravada que debe ser reconocida como tal y debidamente reparada puesto que se ha afectado la dignidad de estas personas y se han transgredido las obligaciones de los órganos del Estado en materia de la protección a la dignidad de la persona, la igualdad de derechos y prohibición de discriminación, honra, vida privada y protección de la familia”.

En tanto, el abogado del Servicio Jesuita de Migrantes, Víctor Hugo Lagosseñaló que “en este caso resulta evidente que estas personas dominicanas han sido discriminadas en razón de su nacionalidad, raza, apariencia física, situación socioeconómica y calidad migratoria, lo que conforme a la legislación chilena y los tratados internacionales se encuentra totalmente prohibido, ya sea con ocasión de la solicitud de inscripción de nacimiento de su hija como en cualquier otra situación”.