La Contraloría General de la República abrió un juicio de cuentas contra ocho comandantes y oficiales del Ejército por cometer presuntas irregularidades en la recepción de servicios y repuestos militares, en el marco de las pesquisas por el Milicogate, el fraude masivo con fondos de la Ley Reservada del Cobre, según información exclusiva a la que accedió El Desconcierto.

"En efecto, sobre la base de las indagaciones no fue posible comprobar que los referidos bienes fuesen efectivamente recibidos", denunció el órgano fiscalizador en un informe de 23 páginas.

La acción coincidió con la revelación efectuada por El Desconcierto respecto a que también hubo procesos irregulares de compras en la Brigada de Aviación de esa rama de la Defensa, aunque en ese caso por 4,1 millones de dólares en insumos bélicos proveídos por C&M World Enterprises Corporation, empresa propiedad de Virgilio Cartoni, el principal mercader de armas que opera en Chile.

Los acusados, adscritos a las áreas de transporte, logística y tesorería del Ejército, fueron acusados de no acreditar gastos por 36 millones de pesos en bienes y servicios registrados sólo en una de las empresas investigadas en el caso Milicogate, la sociedad Inversiones y Comercio Capellán.

Los hechos imputados, que deben ser evaluados y eventualmente sancionados por un Tribunal ad hoc de Contraloría, ocurrieron en 2014, año que fue descubierto el fraude con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el que suma operaciones fraudulentas por unos 5.500 millones según la investigación judicial.

Los militares involucrados son el comandante de la Jefatura de Transporte, Fredis Jara, el oficial Alejandro Herrera, subrogante en el mismo cargo; el jefe del Departamento de Transporte Logístico, Luciano Carillo; el coronel Guillermo Oliver, jefe de la Tesorería del Estado mayor del Ejército; la oficial Claudia Morales de esta última unidad; el comandante Sergio Estevez de Logística, y las comandantes Viviana Cartagena y Alejandra Kopp de Mantenimiento.

El caso

Los oficiales, independiente de la investigación de Contraloría, fueron investigados patrimonialmente ya en el marco del caso Milicogate, sustanciado hasta este año en la VI Fiscalía Militar por el juez civil Omar Astudillo.

En esas pesquisas, por ejemplo, la Justicia detectó que la oficial Claudia Morales inscribió un Jaguar y un Porsche a su nombre los últimos años.

El comandante Oliver, en tanto, alcanzó notoriedad luego que el propio Ejército lo diera de baja en diciembre de 2015 por "irregularidades en el manejo y desvío de recursos fiscales", en su calidad de tesorero del Estado Mayor.

En la presente acusación, Contraloría reclamó por su parte que las operaciones auditadas sólo en 2014 revelaron que hubo gastos no acreditados en trabajos de mantenimiento por 19,5 millones de pesos. A ello, se sumaron egresos cuestionados por otros 16,5 millones de pesos en compra de insumos.

"Corresponde hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual", recalcó el órgano fiscalizador en su informe.

En detalle, Contraloría detalló que los oficiales Jara y Herrera son imputados por firmar las resoluciones de pago, que los comandantes Carillo, Cartagena, Kopp y Estevez certificaron las hoy cuestionadas recepciones de servicios y repuestos, y que los oficiales Oliver y Morales ordenaron el pago desde Tesorería.