Como ex militares, que nos opusimos al golpe de Estado en 1973, quienes compartimos la prisión con su padre, el general Alberto Bachelet, por oponernos al golpe de estado de 1973, le manifestamos nuestra preocupación por el avance de acciones que alimentan la impunidad, en distintas expresiones, para quienes son autores o encubridores de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

La derecha, cómplice de la dictadura, ha iniciado una campaña para excarcelar a los pocos asesinos, culpables de cometer crímenes de lesa humanidad, que se encuentran presos y cumpliendo sus condenas en Punta Peuco. El argumento que utilizan en esta oportunidad, es que los reos condenados, con enfermedades terminales, deben terminar de cumplir sus penas en sus domicilios y con sus familiares.

Antes de esta ofensiva, el argumento fue el de la obediencia debida, exculpando en razón de su juventud, grado militar y ubicación en la cadena de mando a oficiales subalternos. A pesar de sus compromisos como agentes del estado, en la comisión de todo tipo de abusos y demás aberraciones cometidas en contra de miles de chilenos y chilenas.

Rechazamos estas argumentaciones, porque desde el juicio de Núremberg (realizado entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946) que juzgó a los principales jefes militares y criminales nazis, quedó establecida la responsabilidad personal de los individuos en las acciones que llevaron a cabo.

Por tanto, no hay razón para que, Fernando Mathei, quien fue director del principal centro de torturas de la Fach, la Academia de Guerra Aérea (AGA), no sea juzgado como autor o encubridor de los crímenes allí cometidos. De la misma manera que no hay justificación, para que el ex general Cheyre actualmente procesado por hechos relacionados con la caravana de la muerte, asesinato y torturas, aun mantenga su cargo como directivo del servicio electoral (SERVEL).

No es justificable la protección que han recibido los pilotos de la Fuerza Aérea que bombardearon el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, con el claro objetivo de asesinar al presidente de la república Salvador Allende, quienes están totalmente identificados pero que gozan de total impunidad. Tampoco es aceptable la situación actual del Ministro de Justicia, quien opinó ser partidario de otorgar beneficios carcelarios a criminales de la dictadura, un ministro cuyo hermano es un oficial del Fuerza Aérea, procesado por el crimen de militantes de izquierda en 1974.

Con esto el gobierno de Chile se desprestigia, porque está actuando de manera contraria a los logros en el campo del derecho internacional, donde la impunidad es una violación a los derechos humanos.

Señora presidenta, manifestamos nuestra preocupación ante la falta de energía para tratar estas situaciones y la falta de convicción, para rechazar la maniobra política que pretende liberar a los criminales de Punta Peuco. Una situación que transforma la impunidad en un conflicto más amplio, de carácter ético, sociopolítico, así como jurídico, que corroe el pilar ético de la democracia y a todas las instituciones del Estado.

En repetidas oportunidades hemos manifestado que el Estado chileno ha cumplido solo parcialmente con los compromisos adquiridos a nivel internacional en cuanto a resolver las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura; velar porque se haga justicia, establecer la verdad de lo ocurrido y garantizar la reparación de las víctimas.

Hemos insistido en que establecer la verdad, pasa necesariamente por develar el papel de la Doctrina de la Seguridad Nacional como base doctrinaria del terrorismo de estado y de la represión política. Y mantenemos la opinión, que la base de esta doctrina, aún prevalece en la formación de los oficiales de las FF.AA. y Carabineros en Chile.

Quienes planificaron la represión política, civiles y oficiales superiores, usaron la represión como método de control social, calificando intencionalmente al que piensa distinto, como una amenaza para la nación. Con estos lineamientos estratégicos, los oficiales y suboficiales que la llevaron a cabo, lo hicieron con el objetivo preconcebido de perseguir al enemigo interno; el ciudadano y la ciudadana común, torturándoles, alquilándolos y haciéndoles desaparecer. Así funcionó la cadena del mando bajo las condiciones de terrorismo de estado.

Señora presidenta, los militares y civiles que actuaron como agentes del Estado delinquieron de manera consciente, utilizaron la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo planificado. Ellos sabían que actuando así ejecutaban el crimen perfecto, sabiendo desde el principio que a través de este método no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito.

Quien puede dudar a estas alturas y con toda la información recopilada, que durante 17 años, la Doctrina de Seguridad Nacional se aplicó con el total desprecio de las normas democráticas, que los dirigentes políticos de derecha y altos mandos de las FF.AA., diseñaron la represión eliminando la independencia de los poderes del Estado, sometiendo, con la complicidad de este, a los organismos del poder judicial al ejecutivo, controlado éste último por una cúpula militar que actuó en base a permanentes “medidas de excepción”, por lo que, las fuerzas armadas y los grupos paramilitares actuaron bajo su absoluto control y dirección.

Señora presidenta, el 11 de septiembre de 1973 nosotros nos negamos a ser parte de todo esto y lo denunciamos, por ello somos testigos de cómo se conspiró en contra el gobierno de Salvador Allende, de cómo se preparó a los grupos de militares que iniciaron la represión y que con sus acciones en un espiral de violencia fueron comprometiendo a toda la institución.

Todos ellos actuaban con la mayor de la violencia, capturando a las víctimas de una manera tal que nadie pudo evitar.

Para ellos la reducción del prisionero se hacia llevándole a un estado inferior que el humano, acentuando su indefensión con grilletes, mordazas y vendas en los ojos, eliminando la línea divisoria entre su yo y el mundo, entre su dignidad y sus victimarios, al obligarlo a permanecer desnudo y violar a las mujeres sexualmente.

Estos señores, los mismos viejos decrépitos que intentan inspirar lastima, arrestaban a personas, las secuestraban, trasladándolas a un mundo clandestino en el que solo ellos imponían las reglas de conducta, en el que reinaban la arbitrariedad y el crimen, eliminando toda ley o regla de convivencia social y humana.

¡Así se aseguraban que la muerte de las personas se realizara en condiciones que aseguraran la impunidad de los hechores!

Señora presidenta, señor ministro de defensa, señores políticos, es en la doctrina de Seguridad Nacional que el hombre y la mujer fueron tratados como seres inferiores, como una cosa, como un animal inferior y a veces, con menos consideración que la cosa, porque en el caso de los desaparecidos, ni siquiera hay derecho a recabar su identidad, cuya desaparición es considerada una mera circunstancia.

Una doctrina que en su esencia se mantiene intacta, que al no ser revisada sigue siendo uno de los principales argumentos que justifican la impunidad, sosteniendo el argumento tramposo que las FFAA actuaron para liberar a Chile del marxismo. Una mentira histórica diseñada, junto al Plan Z para justificar la persecución política, la represión y los horrendos crímenes que se cometieron.

Argumento que potencia la impunidad, lo que hace posible que los oficiales y suboficiales de las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y de la Policía de Investigaciones, identificados como torturadores y asesinos, aun mantengan los grados militares, influencia y beneficios, dejando abierta la posibilidad de repetir estos crímenes y torturar, sin estar sujeto a pena alguna.

De la misma manera que no es posible mantener en secreto, por 50 años, como lo determino el gobierno de Lagos, los contenidos de las denuncias recibidas por la Comisión Valech y la prohibición de acceso a dichos datos al Poder Judicial.

El asesinato de 3.197 compatriotas, quienes fueron ejecutados (as) extrajudicialmente. Los 1.102, compatriotas desaparecidos entre 1973 y 1990. Todos ellos y ellas, merecen nuestro respeto, el que se expresa en una lucha tenaz y permanente en contra de la impunidad.

Señora presidenta, entendemos que la justicia es lo contrario de la venganza, por lo que no aceptamos el discurso perverso de la derecha, la que intenta equiparar justicia y venganza, cada vez que exigimos verdad y justicia sin perdón ni olvido, generando las condiciones para que se considere el olvido como una de las bases del estado de derecho.

Insistimos en que la impunidad que se está construyendo, al otorgar beneficios a criminales de lesa humanidad, tendrá consecuencias brutales para nuestra sociedad, porque es una ruptura del Estado de derecho y cuestiona gravemente a la democracia. La impunidad lleva a que se repitan una y otra vez las violaciones de los derechos humanos, la impunidad responsabiliza a las víctimas y sobrevivientes y justifica a los agresores, quienes tienen vía libre para seguir cometiendo crímenes.

Le recordamos que Chile es un país herido, que necesita construir su futuro, pero no dando la espalda al pasado, por lo que necesitamos restaurar la justicia y devolver a las generaciones venideras la libertad, un objetivo en el cual su gobierno tiene una  responsabilidad hoy, junto al mundo político, el que debe recuperar su conexión con el pueblo y con las formas de vida éticas.

“Del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas las formas de maldad, de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, de la descomposición de los gobiernos la descomposición política de la sociedad" (Jeremy Bentham).

Enrique Villanueva M.