Las renuncias de los periodistas Abraham Santibáñez y Patricia Politzer al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación pueden considerarse, en una mirada corta, como el último episodio de la errática actuación de la presidenta Michelle Bachelet, y sus asesores gubernamentales, en la querella contra la revista Qué Pasa. Pero una lectura más fina y de largo alcance entrega otra lección más contundente: los magnates de la prensa y en este caso particular Álvaro Saieh (el dueño de Copesa) no solo son refractarios a la ética, sino que además frente a conflictos derivados de actuaciones irregulares de sus medios actúan con la prepotencia propia de quienes se saben titulares de uno de los mayores poderes fácticos en Chile.

Lo paradojal es que lo hacen desde una supuesta irrestricta defensa de las libertades de expresión e información, con lo cual se auto designan titulares y garantes de estos derechos, que pertenecen (o debieran pertenecer) a los ciudadanos, y los aplican según sus conveniencias, recurriendo a menudo a mañosas operaciones mediáticas, como dejan de manifiesto las cartas de renuncia de Santibáñez y Politzer.

La querella criminal de Bachelet contra el entonces director de Qué Pasa, Juan Pablo Larraín, su editor general, Francisco Aravena, y dos periodistas –María José Tapia y Rodrigo Vergara– fue presentada a fines de mayo, luego de que el 26 del mismo mes la revista difundiera en su versión electrónica dichos obtenidos de una interceptación telefónica del OS-9 Carabineros a Juan Díaz, operador político de la UDI e intermediador financiero, que pretendían involucrar a la presidenta en el Caso Caval.

Hubo diversas reacciones, la mayoría en desacuerdo con la querella, pero con diversos matices. Desde el rector y columnista mercurial Carlos Peña, que reflotó su peregrina y peyorativa teoría de que la única obligación de los periodistas es “no mentir deliberadamente”, hasta el Colegio de Periodistas, que reconoció el derecho de la ciudadana Michelle Bachelet a defender su honra, pero discrepó del camino de la acción penal, solidarizando con María José Tapia y Rodrigo Vergara, a quienes consideró que no eran responsables en última instancia de la publicación.

Los pronunciamientos contra la querella de algunas personalidades del periodismo nacional, como Faride Zerán, Mónica González y el propio Abraham Santibáñez, podrían haber dado pie para un debate más de fondo sobre libertad de expresión, responsabilidad social y política de los medios y, sobre todo, acerca de la ética. Aspectos señalados en la declaración del Colegio de Periodistas y recogidos también por Patricia Politzer en una columna publicada en el diario electrónico El Mostrador.

Pero como suele ocurrir en Chile, no se dio ese necesario debate. No lo estimularon los medios, que con escasas excepciones se quedaron en la superficie informativa del conflicto, y menos aún lo promovieron los actores políticos, en particular el gobierno, donde pareció predominar la idea de que la querella contra Qué Pasa era un error más en la cadena de actos presidenciales que se traducen en caídas en las encuestas de aprobación.

Por eso, nadie recogió, ni siquiera a título de invitación a la polémica, las declaraciones que Bachelet hizo el 6 de junio en Radio Zero, donde apuntó a la concentración de la propiedad de los medios. “Hoy día la libertad de expresión cuando está en manos de unas pocas personas, unas pocas familias. ¿Cuánta libertad hay en eso? Hay una libertad limitada”, dijo la mandataria, para apuntar a renglón seguido que “no ha habido capacidad” de los gobiernos para generar un sistema de medios más diverso.

En el duopolio de la prensa escrita, el grupo Copesa, liderado por Álvaro Saieh es el de más expansión en los últimos años, constituyéndose en el mayor conglomerado mediático. El Consorcio Periodístico Sociedad Anónima posee los diarios La Tercera, Pulso Económico, Diario Concepción, La Hora, La Cuarta, las radios Beethoven, Zero y Carolina, y las revistas Paula y Qué Pasa, entre otros medios, además de la participación de Sahié en la empresa VTR, de servicios de telecomunicación, televisión e internet.

Eludido una vez más el necesario examen de la concentración de la propiedad de los medios, las preocupaciones oficialistas volvieron a los alcances de la acción contra Qué Pasa. Parecía que en La Moneda pensaban que la presidenta se había metido en un atolladero y que era necesario salir del lío con alguna dignidad. Así, Bachelet anunció el retiro de la querella el 30 de septiembre, argumentando que se daba por satisfecha con el dictamen condenatorio contra Qué Pasa, emitido el 14 del mismo mes por el Consejo de Ética de los Medios. Este organismo puntualizó en su fallo que la revista había violado preceptos éticos fundamentales al difundir una información no verificada ni consultada con las personas aludidas, con lo cual causó un daño no solo a estas últimas, sino también al público lector.

El Consejo señaló que por ser solamente un ente regulador, no le correspondía imponer condenas penales ni pecuniarias a la revista, cuya única sanción consistiría en la publicación en Qué Pasa de un extracto del fallo.

El retiro de la querella fue un gesto de debilidad, pero también de reconciliación con Qué Pasa y Copesa. Pudo interpretarse asimismo como un acto de generosidad. Cualquier análisis en profundidad de las causas de la querella, de los términos en que la redactó el abogado Juan Pablo Hermosilla y de los argumentos de respaldo a la misma, permitía deducir que la revista tenía todas las de perder. Algunos precedentes, como la querella del entonces senador Jovino Novoa contra Canal 13 el año 2003 por la entrevista a Gemita Bueno, o el fallo de septiembre de 2015 de la Corte Suprema que ordenó a Chilevisión indemnizar al juez Daniel Calvo y a su familia, por el episodio de la cámara oculta, tampoco indicaban un ambiente propicio para Qué Pasa.

Pero el grupo Copesa reaccionó con la euforia y prepotencia de quien se considera vencedor. Santibáñez y Politzer consignaron en sus renuncias al Consejo de ética que la publicación del extracto del fallo en la revista se hizo “en un lugar poco visible”, mientras cundían las descalificaciones, sobre todo desde el diario La Tercera, contra ese organismo, definido como autónomo, que fue creado en 1991 por la Federación de Medios de Comunicación, que reúne a la Asociación de Canales de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Ambos periodistas reclamaron que no tuvieron un respaldo claro de la Federación ante los ataques contra el Consejo de Ética, y Politzer denunció incluso que hubo presiones de Copesa contra los consejeros. Ante estas acusaciones, la Federación reaccionó con pronunciamientos de buena crianza, de un formalismo que evidencia el temor de una confrontación con Copesa.

En su renuncia Abraham Santibáñez recordó la creación del Consejo en 1991, que contribuiría, según se pensaba entonces, a fortalecer los estándares éticos de la prensa nacional, considerando que a la par existe el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas.

Durante la dictadura, la Federación de Medios no se preocupó de la ética, y creó este Consejo bajo el paradigma de la autorregulación, como un organismo autónomo y a la vez consultor, cuyas facultades para emitir sanciones son muy limitadas, como se aprecia en el caso Bachelet-Qué Pasa. Del mismo modo, la composición de este Consejo pareció recurrir a la modalidad del “empate” que se impuso desde el debut de la democracia para organismos como el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo de Televisión Nacional, entre otros, con apuestas paritarias entre la derecha y la Concertación.

Aunque aquí hay un sesgo más bien inclinado a la derecha, como se puede deducir de los listados de quienes han ocupado los ocho cargos de consejeros. Figuras de prestigio, sin duda, del mundo del periodismo y las leyes, donde siempre hay también algún ingeniero comercial de trayectoria en la industria mediática. María José Lecaros, periodista y académica de la Universidad de Los Andes (Opus Dei), ha sido un nombre inamovible en el elenco de consejeros, donde también hay actualmente otras tres periodistas y académicas de la Universidad Católica (Francisca Alessandri, Mercedes Ducci y María Elena Gronemeyer), junto al economista Jaime Bellolio, ex ejecutivo de Canal 13.

Santibáñez y Politzer, los dos renunciados, marcaban la presencia de la cultura concertacionista, junto a Bernardo Donoso, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, ex presidente del CNTV y reconocido militante de la Democracia Cristiana.

Un Consejo marcado por la “moderación”, que al contrario del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, no ha hecho ajustes de cuentas con los profesionales y dueños de medios que se prestaron para promover o encubrir violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura. Sería interesante un trabajo de investigación académica que caracterice las tendencias de sus fallos. Y no solo eso, sino también sus criterios para acoger denuncias.

Un solo ejemplo: el año 2011, académicos del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile hicimos denuncias ante el Colegio de Periodistas y el Consejo de Ética por el carácter sexista, discriminatorio y truculento de la portada del diario Las Últimas Noticias que llevaba el titular “Camila no quiso mover la colita”. El Consejo descartó la denuncia considerando que el tabloide de la cadena El Mercurio no había cometido faltas a la ética, según nos informó telefónicamente. Ni siquiera se dignó a dar una respuesta por escrito. El Colegio, en cambio, acogió nuestro planteamiento y emitió un fallo crítico sobre la actuación de LUN, aunque no pudo sumariar ni a su director, Agustín Edwards del Río, ni a la periodista autora de la nota, blindados por una Ley de Prensa que favorece en estos casos a los no colegiados.

En este ambiente de disparidades, la prepotencia con que Copesa actuó en el caso Bachelet-Qué Pasa tiene al menos el mérito de develar el poder más emblemático, o propagandístico, que real de un Consejo de Ética de los Medios que solamente puede promover la autorregulación de los medios en estos asuntos. Una autorregulación que empresarios como Álvaro Saieh manejan a su arbitrio, manipulando sin escrúpulos la libertad de expresión y consagrando malas prácticas periodísticas que bajo un aparente sensacionalismo ocultan intencionalidades políticas.

Distinto habría sido el curso del caso Bachelet-Qué Pasa si los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría se hubieran atrevido a restablecer a los colegios profesionales la tuición ética sobre los actuaciones personales o institucionales en sus respectivos ámbitos. Distinto, si se ajustara la legislación chilena a estándares internacionales que remitan a la justicia civil y no penal los supuestos delitos de prensa. Distinto, si la presidenta Bachelet, en la decisión de defender su honra en los tribunales, se hubiera querellado contra el grupo Copesa y no contra cuatro periodistas.

Pero, ya se dijo, por ahora estamos ante un nuevo episodio de debilidad del gobierno.