Una vez más enfrentamos un intento de ajuste del modelo de mercado en educación, incluido en el relato de la reforma educacional, donde un protocolo de acuerdo enviado por la DIVESUP al Consejo de Rectores plantea la “eliminación del Crédito con Aval del Estado” haciendo una engañosa declaración. En este protocolo se plantea la eliminación de la banca privada, la cual sería reemplazada por una agencia estatal con capacidad de cobro mediante impuestos, es decir, se plantea el cambio de administrador del crédito mas no su eliminación propiamente tal. Frente a esto creemos que es relevante entender cómo nace este crédito, a qué responde y por sobre todo dimensionar la magnitud del problema que tiene dos grandes aristas que deben ser analizadas. Por un lado la cantidad de dinero que se destina al crédito en el presupuesto nacional y, por otro lado, la cantidad de endeudados que deja tras de sí la lógica crediticia en el financiamiento a la educación superior.

El Crédito con Aval del Estado (CAE) fue creado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos. Este crédito tuvo dos objetivos principales, por un lado resolver de alguna manera la crisis de falta de recursos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), que no contaba con los dineros suficientes para cubrir las demandas por financiamiento del creciente número de matrícula de la educación superior. Por otro lado, y en concordancia con lo anterior, se justifica la aparición de una alianza público-privada entre el Estado y los bancos para poder aumentar la cobertura en la educación superior, siendo requisito para poder matricular alumnos con CAE solo la acreditación institucional.

Este sistema de financiamiento mediante créditos ya existía antes del CAE, ejemplo de esto es el FSCU y el Crédito Corfo, lo cual devela una lógica de entrega de recursos del Estado que, al igual que las becas, son vouchers que portan los estudiantes y que pueden entregar a la casa de estudios que les parezca más pertinente, es decir, se rige bajo los parámetros de la elección racional, de la competencia.

El sistema de créditos durante años ha endeudado a miles de estudiantes y sus familias, teniendo incluso como consecuencia, el embargo de sus pertenencias debido al no pago del crédito. Durante las movilizaciones del 2011 una de las demandas centrales fue el fin al endeudamiento, impulsada principalmente por los estudiantes que tenían el crédito CORFO. Sin embargo, los deudores del CAE no estaban en mejores condiciones. En ese momento la demanda concreta o “piso mínimo” fue que el CAE, al ser un crédito con participación del Estado, tuviera al menos las mismas condiciones que el FSCU (tasa de interés del 2% y posibilidad de congelar la deuda en caso de cesantía), dicha demanda se concreta en un protocolo de acuerdo el año 2012, donde se rebaja la tasa de interés condicionada al pago pertinente de las cuotas del crédito y la postulación a que la cuota a pagar no superara el 10% de los ingresos del estudiante. Pasados los años, las deudas arrastradas por los “beneficiarios” del CAE ha ido en aumento y la capacidad de pago mermada por el declive en las tasas de retorno de las carreras universitarias.

Dicho sea hasta ahora, la modificación de las condiciones del CAE no logran cumplir con la demanda específica de los endeudados ni de los estudiantes del 2011 que era su total eliminación y que los fondos destinados a este fueran destinados a financiar la educación gratuita, además de la condonación de la deuda. Hasta septiembre de 2015 existían más de 700 mil endeudados con el CAE en la educación superior, cifra que va en aumento, representando este crédito el 35% del presupuesto de educación superior del año 2015.

Actualmente se ha vuelto a poner en duda la existencia del CAE como mecanismo de financiamiento, debido al auge de las organizaciones de endeudados y la polémica que genera la cantidad de recursos destinados a este crédito. Sin embargo, desde el Gobierno se ha planteado sólo el cambio de administración del crédito. Creemos que como piedra angular para la real eliminación del CAE debe existir la voluntad de hacerlo realmente, es decir, lograr un cambio de paradigma respecto de cómo los créditos influyen en las políticas de financiamiento de la educación superior. Lograr superar la lógica crediticia del sistema supone tener un plan de transición que considere, al menos, la eliminación paulatina del CAE. Con esto último nos referimos a una disminución del CAE en la medida que aumente la cobertura de la gratuidad hasta su universalidad y que los recursos que se destinan al crédito sean paulatinamente destinados a la desarancelización de la educación pública, mediante el financiamiento a las instituciones del Estado.