La Constitución Política del Estado de Chile, originada en dictadura y refrendada con su firma por el ex presidente Ricardo Lagos, expresa con suma claridad en el número 14 del artículo 20º el derecho que tenemos todos los ciudadanos a “presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”,  lo cual es de toda lógica en un país republicano y democrático como el nuestro. Diversas leyes obligan a esas autoridades a responder en plazos acotados, lo que no siempre sucede, pero la Contraloría General de la República, organismo de alta jerarquía que se rige por una ley orgánica constitucional siempre ha cumplido con esa obligación.

A pesar de que la corrupción siempre ha estado presente en esta larga y angosta faja de tierra, debido a que últimamente la descomposición se ha desbordado, la Contraloría quien desde siempre ha sido líder en promover la probidad en todos los niveles, en su página web, ver link  está motivando a todos los ciudadanos a recurrir a ella para, al menos, contener las malas prácticas en las instituciones del aparato del Estado que ella fiscaliza.

El abogado Jorge Bermúdez, especialista en derecho ambiental y administrativo, es quien ejerce el cargo de contralor en reemplazo de su colega Ramiro Mendoza y ambos se han declarado como enemigos contumaces de las lacras existentes. Ellos dos han sido actores protagónicos en campañas para arremeter en contra de la corrupción y en sus entrevistas publicadas en medios del prensa del establishment han convincentes en cuanto a que es indispensable retomar la senda de la corrección institucional.

Pues bien, el diario El Mercurio, adalid de la objetividad y de la seriedad, como se autocalifica, publicó en el cuerpo “Reportajes” del domingo 19 de junio de 2016 una llamativa y colorida entrevista en 2 páginas completas al actual contralor Bermúdez en donde éste, con la locuacidad que le es habitual, expresó elocuentemente que “Debemos luchar contra la corrupción en todas las canchas y con todas las facultades”, agregando que “no nos podemos dar el lujo de tener municipios tan precarios” aludiendo también al vergonzoso episodio que afectó a un ex ministro de Vivienda y Urbanismo, al manifestar “Antes, regalar un caballo era cortesía ; hoy se iría a la cárcel”.

Todos aquellos que leímos esa entrevista debimos haber quedado muy tranquilos porque entendíamos que Bermúdez emprendería una lucha frontal en contra de todos aquellos operadores políticos que son funcionarios públicos y que su impronta iba a impresionar a los privados que se desenvuelven en el ámbito de los proyectos de inversión, muchos de los cuales, como es de conocimiento general, han sido mecenas de diputados y senadores.

La fundación Defendamos la Ciudad ha sido cliente frecuente, utilizando una expresión en boga, de la Contraloría desde hace unos 18 años, siempre denunciando pillerías y colusiones público-privadas, en los sectores municipales y del gobierno central de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas y en general en todas los áreas de las urbes a nivel nacional y fundamentalmente en la Región Metropolitana de Santiago. Estas formales acusaciones, casi siempre dadas a conocer por terceros a nosotros, han ingresado en la Contraloría con acopio de antecedentes que acreditan vulneraciones flagrantes en los marcos regulatorios que el Estado se ha dado.

La mayoría de las veces la Contraloría ha corroborado nuestras pruebas documentales pero, para salvarle la vida a los infractores, concluye que los titulares de los proyectos truchos “han actuado de buena fe” y que “los errores de la Administración no pueden afectar los derechos adquiridos” de los anteriores. Con esta argucia se ha estado dando pábulo para que, satisfaciendo los intereses de los sectores privados productivos, todo siga igual. Pero, por lo menos, la Contraloría ha investigado, ha iniciado sumarios administrativos absolutamente inconducentes y ha respondido.

Cumpliendo con nuestro rol ciudadano auto asignado, el 5 de julio de 2016 denunciamos en dicha Contraloría que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago estaba otorgando permisos de edificación aplicándoles beneficios indebidos, por lo tanto transgrediendo disposiciones contenidas en el propio Plan Regulador Comunal de Santiago. Con lujo de detalles técnicos le expresamos al contralor general  que esos privados habían construido sus proyectos con mayores volúmenes y mayores alturas, solicitándole que sus versados funcionarios investigaran las razones por las cuales se cometieron tantos y tan reiterativos “errores”.

Pero, ¡oh sorpresa!, en informe número 74564 emitido el 11 de octubre de 2016, Bermúdez nos dice que por no tener nuestra fundación derechos o intereses específicos en el asunto revelado, su servicio público fiscalizador no nos responderá (sic), luego desconociendo abiertamente nuestra comprobada legitimación para que, con nuestras responsables acciones, se procure el correcto funcionamiento del mercado de la construcción inmobiliaria.

Ante tan asombrosa repuesta, podríamos suponer que la Contraloría no tiene los recursos necesarios para investigar o bien que haya recibido presiones conducentes para que no se incomode al influyente y poderoso sector de la construcción, razón por la cual en el transcurso de los próximos días le pediremos al contralor general una reconsideración para que su órgano cumpla a cabalidad su función pública.