La Cámara de diputados ha rechazado el proyecto de Ley que propone levantar el secreto de 50 años que la Ley Valech impuso sobre los testimonios y documentación recopilada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

La situación es insólita y está rayando en lo kafkiano, ni siquiera debiéramos haber llegado a este momento si no se hubieran contravenido las recomendaciones del derecho internacional (declaraciones, pactos y tratados de derechos humanos suscritos por Chile) al incluir en la Ley un artículo que impide el acceso a la información producida, incluso para fines judiciales. Se ha advertido en varias oportunidades que dicha cláusula (artículo 15 de La ley Nº 19.992) es discriminatoria y obstaculiza el ejercicio de la justicia, por cuanto, a diferencia de los datos recabados por la Comisión Rettig, impide el acceso a la información que pueda ser usada para la consecución de verdad jurídica y castigo a los criminales.

Tampoco es claro cómo en su momento logró ser aprobada la Ley con ese contenido tan “inconveniente”, pero ¿inconveniente para quién?

En varias oportunidades he tenido la ocasión de escuchar las explicaciones que personas que participaron de tan insólita decisión o la comparten, han entregado para defender el secreto. Se insiste en que la moratoria de 50 años va en beneficio de las mismas personas que concurrieron a aportar sus testimonios. En distintas declaraciones la presidenta expresó que la reserva establecida en el decreto que convocó a la Comisión Valech fue “un elemento esencial para el éxito de su cometido”, y por lo mismo era “un compromiso formal del Gobierno para con las víctimas que concurrieron a dicha instancia a prestar su testimonio”. Tal vez eso fue así en el ejercicio de la Comisión, pero salvo que existan documentos que no han salido a la luz, ese compromiso no se formalizó de ninguna manera, y así lo han reiterado hasta el cansancio quienes concurrieron a la Comisión, y se sorprendieron luego con la moratoria. Mínimamente en el protocolo de toma de testimonio bien se podría haber incluido la consulta por el acceso público a la información aportada por el concurrente, preguntando “¿usted desea que su declaración sea de acceso público?, si o no”.

Se argumenta entonces que si hubo consulta a las personas, y sin embargo nunca nadie ha podido demostrarlo, en contraposición a la palabra de las propias personas que concurrieron a la Comisión quienes insisten que jamás se les consultó nada parecido. La memoria es frágil, o derechamente alguien está faltando a la verdad.

Se argumenta luego que para muchas personas fue muy difícil ya el sólo hecho de concurrir a la Comisión, que sus familiares y entornos no conocían lo que habían vivido durante la dictadura, por lo tanto, hacer pública la información lesiona su derecho a la privacidad. Por cierto, esa es una realidad y una alternativa. Pero tampoco sabemos qué porcentaje del total de concurrentes expresó abierta y directamente, o solicitó, que no se conocieran sus testimonios, incluso que su acceso fuera restringido para la justicia. Decir “muchas personas expresaron su voluntad”, parece poco serio cuando han pasado más de 10 años de publicado el Informe Valech.  A esas personas que expresaron su voluntad se les debió asegurar la confidencialidad y secreto de sus datos, no cabe duda.

Resulta obvio entonces que podría haberse establecido la regla inversa, es decir el acceso público a todos los antecedentes salvo que quien los entregara explicitara el deseo contrario. Así se hubiese conseguido el mismo objetivo, sin el costo para el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad, y que los criminales respondan ante la justicia.

Pero además, esa supuesta protección a las personas resulta contradictoria si se piensa que la lista con el número del documento de identidad de quienes se calificaron y que finalmente son beneficiario/as de las medidas de reparación establecidas por la Ley, fue publicada por la misma Comisión, y ha sido publicada en distintos sitios webs del Estado.

Por eso es válido preguntarse a quién protege el secreto Valech. En 26 años, pero desde antes, las víctimas de violaciones a los derechos humanos han manifestado su voluntad de narrar y hacer públicos los crímenes de los cuales fueron víctimas. Decir junto a quienes padecieron y quiénes fueron sus victimarios. La verdad y justicia conseguida ha sido principalmente por la perseverancia y tesón de las víctimas, ya que nuestros honorables y valientes soldados, junto con sus colaboradores civiles de ayer y hoy, entienden que el secreto y los pactos de silencio es la conducta más ética a seguir, hasta que un ex conscripto o personal de bajo rango decide contar la verdad (como ocurrió con el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas el 2015).

A estas alturas, ¿no es el secreto una forma de complicidad con los pactos de silencio?