A propósito de la reforma a la educación superior el gobierno parece inquieto, según han expresado la Presidenta y el Ministro Eyzaguirre, por las dificultades para contentar a todas las partes. Pero su misión no es esa. Su tarea es cumplir su programa e impulsar con seriedad y coraje transformaciones difíciles que tocan intereses contrapuestos con el bienestar colectivo. Sin embargo, a estas alturas, pareciera que otros actores deberán asumir las responsabilidades que el gobierno no asume.

Por fortuna hay signos que, además del movimiento estudiantil, principal activador de demandas democráticas, las universidades públicas están dispuestas a hacerse cargo de la tarea de elaborar una visión nacional sobre la educación superior. A través de los años han sido objeto de una forma de arrinconamiento. El principio de subsidiariedad del Estado, base constitucional del orden económico imperante, impactó también al mundo educativo. No es raro: si crecientemente se fue concibiendo la educación como una mercancía y los proyectos educacionales como negocios, las universidades públicas eran naturales candidatas a ocupar el altar de los sacrificios erigido en aras de la mercantilización de la sociedad.

La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile acaba de lanzar el primer número de la revista “Palabra Pública”, dirigida por el Rector Vivaldi y cuya editora periodística es la Vicerrectora Faride Zerán. Uno de los temas centrales es el sistema de educación pública, con especial énfasis en el universitario. Una interesante entrevista al rector de la Universidad de Sao Paulo, la más grande y una de las más reputadas de América Latina, es una pieza principal de este número inaugural, junto a otros aportes de académicos de la Universidad de Chile.

La misión de las universidades públicas no puede reducirse a la mera defensa de sus derechos y posibilidades, que son un foco indiscutible pero no único. Deben asumir, en concreto, la función de postular un reordenamiento de la actual reforma, en que se considere el desarrollo de las universidades públicas y también el legítimo rol de las instituciones que han sido y pueden seguir siendo coadyuvantes de un sistema educacional con un pilar público preponderante, gratuito y de una calidad en trayectoria constante de mejoramiento.

Es urgente impedir que se consagre un sistema de educación superior semejante al actual, donde prevalece un componente privado invadido crecientemente por proyectos de actores transnacionales que persiguen lucrar, y cuya novedad sea que ahora el sistema es enteramente subsidiado con fondos públicos.

Por desgracia el debate ha sido oscurecido por la ambigüedad y desorientación de las propias autoridades que, en vez de enfatizar la idea de transición del presente sistema a uno nuevo, plantean supuestas contradicciones entre gratuidad y fortalecimiento de las universidades públicas, contradicciones que en un programa con instrumentos y temporalidades adecuadas no son tales. Otras veces cada protagonista parece inquietarse sólo por los beneficios directos que puede lograr de la reforma sin considerar los objetivos generales. En ambos casos (los que revuelven mañosamente las cartas y los que sólo se preocupan de su propio juego) nublan las posibilidades de construir una concepción global de la reforma.

Si las universidades públicas aspiran efectivamente a un rol principal en el sistema de educación superior sus autoridades debe estar dispuestas a levantar la mirada más allá de su propio espacio para asumir una visión colectiva y nacional del conjunto de actores y problemas.

Las universidades públicas no sólo deben ser instituciones laicas y democráticas donde circulan, se enseñan, aprenden e investigan libremente ideas diversas no siempre concordantes, sino también un lugar para pensar la educación chilena en su conjunto. Por eso la aparición de “Palabra Pública” debe ser bien recibida.