El 15 de junio de 2016, en el Módulo 9 de Colina II —una de las cárceles más peligrosas del país—, nuestra organización tuvo la oportunidad de participar en una experiencia prácticamente inédita en la historia de Chile: un Encuentro Local Autoconvocado cuyos integrantes fueron personas privadas de libertad. Si bien el proceso constituyente ha suscitado diversas críticas, que los presos discutan sobre los principios que rigen y deben regir a la sociedad resulta un hito no solo histórico, sino también político.

Al interior de la cárcel no llegan las noticias acerca de los procesos constituyentes, la participación ciudadana ni el debate público. Allá se habla de cumplir años, hacer conducta y evitar problemas. Por este motivo, en coordinación con la Capellanía de Gendarmería, decidimos actuar como moderadores en una discusión que fue suya, en su forma y en sus términos. En el encuentro participaron veinticinco personas privadas de libertad y los encargados levantamos un acta que pasó a formar parte del registro de las reuniones con que los ciudadanos han decidido participar en el proceso que culminará con una nueva constitución.

Algunos de los conceptos que forman parte de la guía para los ELAs, como «plurinacionalismo» y «amistad cívica», demostraron ser vacíos e innecesarios para su realidad. Los participantes prefirieron otros, que incluso no estaban considerados, como el respeto a los pueblos indígenas. Asimismo, derechos básicos, como la educación, fueron dotados de un contenido político: la educación formal es una cosa, dijeron, pero otra es saber cómo nos organizamos, cuáles son nuestros derechos y deberes y de qué manera podemos participar en esta sociedad. Definieron esta noción como «educación ciudadana», sin saber que la ciudadanía les ha sido arrebatada.

La Constitución, carta fundamental del país, priva de ciudadanía a los presos y presas que han sido condenados a pena aflictiva (más de tres años y un día). Esto divide a la población entre la comunidad ciudadana libre y la población penal excluida y marginada de una sociedad que lisa y llanamente la expulsa. Además de triste, esta situación es inconducente; el problema de la reincidencia (que en nuestro país alcanza el 55%) no se soluciona con encierro y olvido. Es a través de la integración, de hacerlos partícipes de la comunidad, que quienes han sido social y políticamente excluidos podrán sentir que lo que ven afuera también les pertenece. Solo así podemos pedirles que cuando salgan en libertad respeten las normas de una sociedad que los reconoce y que ellos también han ayudado a construir.

El interés por la realidad del país se hizo notar en la discusión. El derecho a la salud digna fue una de las principales preocupaciones de los presos, quienes recordaron las experiencias de sus hijos o madres en los consultorios, sobre todo en esta época invernal. De la misma manera, al discutir acerca de los deberes, el cuidado y respeto al medioambiente fue protagonista. Puede resultar extraño que esta respuesta venga de quienes tienen como medioambiente el cemento y las rejas, pero no debemos olvidar que detrás de cada preso y cada presa hay una red de personas y una comunidad de la que forman parte y sobre la cual tienen una opinión. Aquí poco pensaron en su situación particular, en tanto individuos aislados, y se sentaron a discutir qué quieren para nosotros, los que estamos afuera.