Los periodistas y los medios que albergan su trabajo poseen en la sociedad moderna un importante poder; éste, por definición, implica una discontinuidad en el curso de las cosas que puede provocar importantes transformaciones en el desarrollo y devenir del socius, por ejemplo, cuando un reportaje –como lo muestra el film Spotlight- revela, poniéndolo en la luz pública, una serie de injusticias y abusos que han dañado gravemente a un sector de la comunidad. Ahora bien, el mayor poder del periodismo –por lo que se lo ha definido como el “cuarto poder”, junto al ejecutivo, legislativo y judicial- reside en un asunto que atañe a su definición misma: su capacidad de configurar al acontecimiento público.

Tal como lo señaló Habermas, el espacio público se constituye de actos, gestiones y discursos que aspiran a la observación del resto, a su “publicidad”; pero éstos (como lo demostró McLuhan) no existen con independencia del medio que los configura, creándoles tiempo y espacio (“el medio es el mensaje”, decía el autor canadiense). La “opinión pública” es entonces el resultado de la convergencia entre una tal “publicidad” (nos cuesta imaginar que algo así como una “opinión pública” pudiese existir antes de que a fines del siglo XVIII se produjese masivamente la prensa escrita), pero igualmente en la sociedad contemporánea de una multiplicidad de factores comunicacionales, ligados a la profusión digital de las posibilidades de transmisión de mensajes, y que poseen en común el no ser producidos por “profesionales” (periodistas o publicistas): televisión, redes sociales, smartphones al servicio de la expresión de mensajes que no necesariamente tienen por vocación la constitución democrática de un espacio común, sino que más bien obedecen a la comunicación automática de pulsiones, deseos, rabias diversas.

La reciente discusión en torno a la querella presentada por la Presidenta de la República contra el semanario Qué Pasa resulta interesante, pues pone en el tapete todos estos elementos que están a la base de una discusión contemporánea en torno a la función política esencial que poseen los medios de prensa en la constitución del espacio público. El fenómeno recién mencionado, aquel que define la expansión exponencial del “espacio público” al aumentar las tecnologías que permiten crear medios de configuración pública del acontecimiento, nos obliga a reevaluar el estatuto de la relación entre dicho espacio y la función de aquellos que –profesionalmente- se dedican a modificarlo y complejizarlo. Como decíamos, el mayor desafío de estos profesionales –los periodistas- es distinguirse de la expresión automática de las pulsiones narcisistas y por lo general destructivas propia a las redes sociales. Sabemos hasta qué punto en Chile gran parte de los medios han claudicado ante este desafío y se encuentran totalmente sumidos en la transmisión de pulsiones básicas (el miedo, la euforia, la ansiedad, etc.): basta con mirar los noticiarios de las cadenas de TV nacional para comprobarlo.

Es en este contexto que es necesario plantear la situación ligada a la inaudita querella de una Presidenta de la República contra un medio de prensa, la que pretende encarcelar a algunos profesionales –al menos eso suponemos- de la configuración de opinión pública; no es extraño que exista una tensión entre los poderes del Estado definidos por Montesquieu y este llamado “cuarto poder”: como todo en la vida social, se trata de una lucha por la legitimación, en este caso respecto a la “verdad” de un acontecimiento del mayor interés público, pues afecta a la figura de la máxima autoridad nacional. Ahora bien, es evidente que una tal tensión no debería resolverse mediante querellas, pues éstas no hacen sino interrumpir –y dejar en manos del poder tal vez menos cercano la vida pública que exista en las sociedades modernas, cuya relación con lo sagrado-religioso es evidente, es decir, el poder judicial- aquello que constituye al espacio público, al menos desde el punto de vista del ideal moderno: la conformación de una opinión pública e informada gracias al debate de ideas, y no meramente mediante la apelación a una fuerza casi sobrehumana (los tribunales, cuya verdad, como decía Foucault, es la policía) o por medio de la expresión automática de pulsiones básicas.

Por otro lado, queda claro que la voluntad del semanario aludido no era la de contribuir a un debate informado sino más bien el producir un efecto desestabilizador en la comunidad por medio de aquello que tal vez sea lo más ajeno a una “opinión pública”, eso que los medios mismos han bautizado como “noticia-impacto”: para qué insistir en las desprolijidades de la mencionada publicación con evidentes rasgos de ser más una infamia y una canallada –como la llamó la propia Bachelet- que un documento de interés público. Es que con las “noticias” pasa lo mismo que con las imágenes en la sociedad actual: si uno no las sitúa, por medio de un análisis relativamente riguroso, ellas se reducen a un mero “impacto”. La voluntad, esta vez menos evidente, de injuriar a la presidenta de la república que habría movido a este medio a “editar” para su versión en papel la información de las transcripciones de las escuchas telefónicas de Juan Díaz, dejando únicamente lo relativo a las gravísimas acusaciones allí aludidas contra la Presidenta de la República, no debió haber sido contestada mediante una querella criminal, sino mediante la profundización en la elaboración de un espacio público más serio y riguroso que el que hoy poseemos (determinado por la lógica de las pulsiones básicas, del odio, la rabia o la sed de venganza): ¿por qué no haber enviado una columna de opinión, firmada por la misma Bachelet, a algún medio de prensa?

Por último, es evidente que los periodistas no contribuyen mucho reaccionando como un gremio que se siente perseguido por quien estaría actuando prácticamente como un déspota despiadado: mejor harían de imitar al gran Karl Kraus, quien practicó, en la Viena de principios del Siglo XX, un periodismo que se dedicaba casi únicamente a fustigar el servilismo de sus otros colegas. Por ejemplo, preguntarse acerca de la “libertad de expresión” en un país donde existe la concentración de los medios de mayor circulación en no más de dos grupos económicos. Para ello, los periodistas no necesitan ser demandados y supuestamente perseguidos por una presidenta autoritaria: sólo tienen que ejercer su profesión.