El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de su mandato legal de promoción y protección de los derechos humanos, ha venido observando el preocupante deterioro de la convivencia intercultural en La Araucanía y zonas aledañas.

En este contexto y también como un aporte hacia una mayor descentralización, el Consejo del INDH decidió sesionar en Temuco el día lunes 23 de mayo de 2016 con el objeto de entrevistarse con distintos actores relevantes y recoger sus testimonios, diagnósticos y propuestas para superar la violencia que afecta a la región y reponer una convivencia respetuosa de los derechos humanos.

Entre ellos, están el Obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, a la Multigremial de La Araucanía, a la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), al presidente del Consejo Regional de Pastores Neftalí Silva, al Intendente Regional Andrés Jouannet, a la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía (AVVRU) y al movimiento Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC).

En ese marco, el Consejo declara a través de un comunicado:

Nuestra preocupación por el creciente deterioro de la convivencia intercultural que vive la Araucanía y las regiones aledañas. Manifestamos nuestra preocupación también por la incapacidad que ha tenido el Estado, los diversos actores sociales y las empresas forestales para abordar de manera integral una situación que se arrastra desde hace muchas décadas y que ha implicado una grave y permanente vulneración de los derechos humanos de quienes habitan este territorio.

Es imperativo que como país nos hagamos cargo de la deuda histórica que mantenemos con el pueblo mapuche y que el Estado asuma su responsabilidad de respetar y garantizar sus derechos individuales y colectivos. La falta de una política eficaz en materia de restitución de tierras u otros mecanismos de compensación, la ausencia de espacios significativos de autonomía para que las comunidades puedan decidir sobre prioridades en materia de desarrollo, los escasos espacios de representación política y en general de mecanismos de participación efectiva y la inexistencia de un reconocimiento constitucional del carácter pluriétnico de nuestra sociedad, y la pobreza que afecta de manera desproporcionada a quienes integran el pueblo mapuche son, entre otros, temas pendientes cuya resolución debe constituir una prioridad.

Este imperativo también refiere a la urgente protección de los derechos humanos de las personas que ajenas o no al conflicto, viven cotidianamente sus consecuencias. El INDH expresa su rotundo rechazo a los actos de violencia que han resultado en vulneraciones de derechos de los habitantes mapuche y no mapuche de la región, particularmente de su derecho a la integridad física y síquica y a la seguridad. Sin desconocer el deber y la necesidad del Estado de preservar la paz y la sana convivencia, no puede menos que decirse que lamentablemente, dicha violencia se ha manifestado en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado contra integrantes de comunidades indígenas, incluyendo niños y niñas, así como también en los ataques incendiarios que han sufrido pequeños y medianos propietarios agrícolas, y empresas forestales. Resulta necesario reafirmar una vez más, que todos estos hechos deben ser investigados y sancionados de manera eficaz y oportuna en el marco de los derechos humanos.

El INDH valora la disposición que hoy encuentra en los diversos actores para abrir un diálogo y contribuir al restablecimiento de una convivencia pacífica e intercultural. Junto con ello valora también la coincidencia de diagnóstico que hay entre los que concurrieron a la sesión del Consejo y los alienta a mantener su disposición a abrir un espacio de diálogo y acuerdo en beneficio de todos y todas los que habitan en el territorio.

El INDH lamenta que pese a todas las recomendaciones realizadas por esta institución y por organismos internacionales de derechos humanos, el Estado y la sociedad chilena sigan dilatando el abordaje integral de la realidad descrita y asumiendo que se trata principalmente de un problema de seguridad pública. Lo hemos sostenido permanentemente: la profundidad del problema y sus causas estructurales, hacen necesaria la adopción de soluciones políticas. Los proyectos de ley sobre institucionalidad indígena constituyen sin duda un avance, sin embargo se requiere dar más pasos en esa dirección.

El Consejo del INDH constata que la ausencia de una real voluntad política por parte del Estado para generar un diálogo entre todos los actores relevantes del territorio, puede afectar gravemente la experiencia vital de niños, niñas y jóvenes mapuche y no mapuche comprometiendo la convivencia futura de la región. En efecto, la intolerancia y la violencia contribuyen a profundizar las divisiones entre dos culturas que están llamadas a convivir en paz, en el marco del respeto por los derechos humanos.

El INDH reitera el llamado que ha venido realizando desde el año 2010: el diálogo es la principal herramienta para avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas. Éste diálogo debe ser del más alto nivel, incluir a todos los actores y debe ser convocado por la autoridad política a la mayor brevedad posible, incluyendo a todos los actores sociales, incluyendo a las empresas forestales. Además, debe contar con el respaldo político y las atribuciones necesarias para generar propuestas concretas destinadas a resolver las demandas de las comunidades indígenas y de los actores no indígenas involucrados en el conflicto intercultural.

Lorena Fries Monleón
Claudio González Urbina
Consuelo Contreras Largo
José Aylwin Oyarzún
Manuel Núñez Poblete
Sebastián Donoso Rodríguez
Carolina Carrera Ferrer
Carlos Frontaura Rivera
Roberto Garretón Merino
Miguel L. Amunátegui Monckeberg
Sergio Micco Aguayo

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)