El sábado recién pasado, un joven de veinte años ingresó a la jaula de los leones del Parque Metropolitano de Santiago dispuesto a suicidarse. Su acción generó miles de comentarios en las redes sociales, sobre todo criticando a quienes sacrificaron a los animales para salvarle la vida. Sin embargo, poco y nada se ha dicho acerca de la historia y las condiciones de quien, violando todas las normas de seguridad, se lanzó a la jaula. Su nombre es Franco Ferrada y, al igual que miles de adolescentes en nuestro país, fue criado en un centro del Servicio Nacional de Menores. Su madre falleció cuando tenía once años, y su padre, alcohólico, no estuvo dispuesto a hacerse cargo de él. No hay que ser un especialista para darse cuenta del daño que algo así puede hacerle a un menor de edad.

Historias como esta no son excepcionales en los hogares del Sename. Según cifras del Ministerio de Salud, el 86 % de los niños que llega a estos centros padece algún tipo de trastorno psiquiátrico y, de ellos, el 20 % ha sufrido un episodio de depresión mayor. Ahora bien, ¿significa esto que están condenados de por vida y que no existe ninguna intervención capaz de ayudarlos? ¿O es el Sename su verdadera condena?

Más concretamente, ¿qué hace un centro supuestamente especializado en el cuidado de menores ante casos como estos? ¿Trata a los niños que tienen un daño psicológico de manera diferente? No, y los motivos son varios. La falta de preparación y criterio del personal que se relaciona directamente con ellos, y las precarias condiciones materiales, técnicas y profesionales que poseen los actores involucrados en la implementación de las normas que regulan el servicio son algunos de ellos.

Para materializar los derechos que consagra la Convención de los Derechos del Niño –a la que Chile adhirió hace más de veinte años–, se requieren muchos más recursos de los que el Estado está dispuesto a invertir. Al parecer, el Estado de Chile considera que los menores de edad de escasos recursos son el último eslabón de cadena ciudadana, y no hace ningún esfuerzo para intervenir tempranamente en el desarrollo de aquellos que quedan directamente bajo su cuidado. Y es que, si la provisión de tratamientos especializados en salud mental depende de la voluntad de cada institución, es imposible generar un cambio significativo en el comportamiento de estos adolescentes.

Los medios –tanto nacionales como internacionales– se han encargado de que nadie quede indiferente ante la noticia de que dos leones fueron asesinados por culpa de un joven con trastornos mentales. Asimismo, han buscado crear conciencia acerca de lo que significa para estos animales vivir en cautiverio y de las precarias condiciones con que funciona el zoológico de Santiago. Pero ¿nos han invitado a reflexionar acerca de lo que significó para Franco vivir casi la mitad de su vida cautivo en un hogar del Servicio Nacional de Menores?

Las revelaciones acerca de las verdaderas condiciones en que el Estado de Chile mantiene a sus niños, y el abandono y el abuso al que los somete no solo perpetúa, sino que genera una exclusión que termina siendo estructural. Antes de consolarse pensando que los encargados del zoológico le salvaron la vida a Franco, sería conveniente preguntarse qué clase de vida fue la que salvaron. Franco podría haber sido rescatado, es cierto, pero por ese sistema público que, en lugar de protegerlo, lo condenó.