Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, la rica nación caribeña dio un giro en sus políticas económicas y de relaciones exteriores, lo que para algunos significó el despertar del sueño de integración latinoamericana. A la par de esta idea, el gobierno bolivariano impulsó programas sociales que beneficiaron al pueblo venezolano, poniendo al país como ejemplo en superación de la pobreza, acceso a la salud, vivienda, educación, cultura, deportes, transporte, medicamentos y alimentos subsidiados.

Hoy la caída de los precios del petróleo, los errores cometidos por el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro y los casos de corrupción al interior de las filas del oficialismo, sumado a su vez al boicot que impulsa el empresariado local y la oposición, así como las presiones desde el exterior, han llevado al país a balancearse en una cuerda floja de la que definitivamente caerá en manos de las potencias que disputan su tutela.

Agrava la situación una de las peores sequías de la historia, que ha mermado el abastecimiento de agua y vaciado las represas que generan energía hidroeléctrica para el país. Ante esto el gobierno impulse una serie de medidas que buscan amortiguar la crisis energética, realizando cambios de horario, exigiendo al sector privado el autoabastecimiento de energía, limitando los horarios de apertura a los centros comerciales y reduciendo las jornadas laborales en el sector público.

En tanto, la fuga de capitales y el intento por retenerlos en el país, han abierto el espacio a que opositores al gobierno generen instrumentos como la página web Dólar Today, que manipula y distorsiona el valor de la divisa estadounidense en búsqueda de generar inflación. Finalmente Dólar Today ha conseguido que mientras el cambio oficial del dólar sea de 426 bolívares, en la calle éste se pague entre 920 y 1.075. Esto ha provocado una dolarización de la economía basada en el cambio paralelo, lo que junto a los precios subvencionados por el Estado generan inestabilidad, teniendo por ejemplo el precio de la harina de maíz (uno de los productos alimenticios más consumidos en Venezuela) a 125 bolívares según el precio que fija el gobierno y hasta en 1.500 como se adquiere en el mercado negro.

Pero el golpe más duro para el gobierno ha sido sin dudas la caída durante tres años seguidos en el precio del petróleo, que llegó a caer más de 100 dólares. El rentismo petrolero ha sido la base de la economía venezolana durante la mitad de su historia republicana, una economía caracterizada por ser monoproductora, que todo lo importaba y nada lo producía. Desde la gestión de Chávez el gobierno bolivariano ha anunciado en varios ocasiones que diversificará la economía, pero esto hasta ahora no ha sido fructífero.

Ante la crisis que ha generado desabastecimiento, falta de alimentos y de medicinas, provocando colas de horas y el malestar de la población en general, el gobierno ha impulsado la activación de una agenda económica que cosechará resultados a largo plazo. Esto no frena las ansias de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, de convocar a un referéndum revocatorio que el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) dilatan con pretextos, caldeando aún más los ánimos y sirviendo como justificativo para que Estados Unidos presione a la OEA en activar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.

La torpeza de la oposición

Hace diez años hablar de oposición en Venezuela era hablar de algo inconsistente. Hugo Chávez obtuvo en 2006 su tercer mandato con un 62% de las preferencias en un proceso electoral con una de las cifras más altas de participación a nivel mundial. Durante 17 años se llevaron a cabo en Venezuela 20 elecciones de las cuales sólo dos fueron perdidas por el chavismo, entre ellas la del 6 de diciembre de 2015, única victoria de la oposición desde el triunfo de Chávez en 1998.

Luego de los comicios del año pasado, la oposición se siente fortalecida y ha llevado adelante una campaña para responsabilizar al gobierno de la crisis y la escasez, señalando que esto se debe a la mala gestión, la corrupción y a la expropiación de empresas privadas. Esta campaña es promovida por la oposición junto a sus aliados, el gobierno de Estados Unidos, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, parte de la prensa internacional y el venezolano Lorenzo Mendoza, dueño de la principal empresa de alimentos del país, Polar, que ha sido una pieza fundamental en la guerra económica.

Asimismo, la oposición ha revitalizado a sus figuras políticas, pues hasta hace unos años, los miembros de la oposición eran asociados al periodo denominado Cuarta República (desde 1958 hasta la llegada de Chávez al poder), una época caracterizada por la represión política y altos índices de corrupción.

A pesar de que quien preside la Asamblea, Henry Ramos Allup, sea la imagen del típico político de la Cuarta República, figuras como el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, y el líder del partido Voluntad Popular -hoy encarcelado-, Leopoldo López, jóvenes políticos provenientes de las familias más adineradas del país son los personajes que han oxigenado la oposición.

Todas estas figuras, si bien hace unos años eran entre ellos enemigos acérrimos, hoy se han aglutinado en la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), con ánimos de generar un escenario propicio para derrocar al gobierno por la vía que sea y azuzando el discurso de la violencia y la guerra civil.

No obstante, la oposición no puede ocultar su torpeza y sus pugnas internas que hicieron que no se pusieran de acuerdo sobre los mecanismos para sacar al presidente Maduro. Esas rencillas retrasaron la convocatoria al referéndum revocatorio dándole tiempo al gobierno que intenta dilatarlo hasta 2017.

[caption id="attachment_82559" align="alignnone" width="947"] Mauricio Leandro[/caption]

Las contradicciones del chavismo

Al interior, la base de quienes aún se mantienen fieles al gobierno existen dos principales vertientes, los que se aferran ciegamente a la imagen de Hugo Chávez y quienes se han decepcionado del gobierno. Los primeros imposibilitan la más mínima crítica al proceso y sus líderes y repiten sus consignas y discursos (incluso los desatinos) sin ruborizarse. Los últimos asisten a las movilizaciones que convoca el chavismo con desánimo.

Quienes se autodefinen “fieles al legado del comandante Chávez” son generalmente de origen humilde y provienen de los sectores que se han visto más beneficiados con los programas sociales que ha impulsado el gobierno bolivariano. Estos programas lograron que en “los barrios” (las zonas más carenciadas de las ciudades) los vecinos por primera vez pudieran acceder a servicios de salud, centros educativos, culturales, instalaciones deportivas, adquirieran viviendas dignas, equipos electrodomésticos, obteniendo medicamentos y alimentos a precios subsidiados por el Estado. Ante la actual situación económica el discurso de la oposición ha llegado a internarse en esos barrios tradicionalmente chavistas, algo impensable años atrás.

Donde mejor se nota el encuentro de la base chavista es en el espacio que históricamente se caracterizó como suyo: la calle. Pero hoy la movilización social, la ocupación del espacio público, las marchas y el intento de copar las avenidas son actos totalmente institucionalizados. No existe en la Venezuela de hoy movilizaciones espontáneas del chavismo. Cuando el gobierno convoca a las marchas, éstas se promocionan a través de los medios públicos, los ministerios y los gobiernos locales controlados por el oficialismo paralizan sus actividades y se asiste a marchas que carecen de entusiasmo. Enormes parlantes y camionetas institucionales emiten a todo volumen discursos de Chávez y consignas que pocos repiten.

Los chavistas generalmente ven con tristeza como la situación ha mermado el proyecto que su líder Hugo Chávez les legó.

Unidad cívico militar

Si bien desde 2013 casi no se publican estadísticas, ni cifras por parte de los ministerios, ni las instituciones sobre resultados o inversión, algo que no puede ocultar el gobierno es su preocupación ante la crisis que atraviesa el país y la amenaza que representa para el Ejecutivo el referéndum revocatorio convocado por la oposición.

Luego de que el 6 de diciembre la oposición ganara el 56% de los escaños en la Asamblea Nacional, el gobierno ha potenciado la tesis de fortalecer “la unidad cívico militar” lo que implica darle mayor poder a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) quienes ocupan importantes cargos en el gobierno, así como en empresas estatales. De hecho, en enero de este año se gestó el Congreso de la Patria, instrumento compuesto por militantes del oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) y miembros de las FANB con el objetivo de “retomar la construcción del bloque histórico”, según destacó en enero el presidente Nicolás Maduro.

Pero el hecho de que la oposición haya recolectado 1,8 millones de firmas en cinco días (sólo eran necesarias 197 mil para activar el referéndum), ha sido prueba suficiente para que el gobierno decrete un Estado de excepción con el argumento “salir de la emergencia y construir las bases del nuevo modelo económico para la Patria”. Por este hecho y ante la situación que atraviesa el país, la OEA advirtió que podría activar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, discusión que el Secretario de Estado estadounidense John Kerry, señaló podría darse en la próxima reunión del organismo.

Ante los intentos del gobierno de retrasar el proceso de referéndum revocatorio hasta el próximo año, la oposición ha radicalizado su discurso y amenaza con movilizaciones que desde el gobierno ven como una situación que busca una “guerra civil que le permita a los amos imperiales apoderarse de las riquezas de Venezuela”, señaló esta semana la diputada del PSUV, Tania Díaz.

La radicalización de las protestas ha provocado incertidumbre sobre el rol que tendrán, ante un posible escenario adverso, la FANB y la Guardia Nacional. Pero el gobierno se ha prevenido cediendo una empresa petrolera paralela denominada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) cuyas competencias incluyen la importación, exportación, comercialización y distribución de productos químicos para el sector minero. Este tipo de responsabilidades han fortalecido el vínculo entre el gobierno y la FANB.

[caption id="attachment_82560" align="alignnone" width="1020"] Mauricio Leandro[/caption]

Los probables escenarios

El presidente Nicolás Maduro y el CNE se encuentran hoy dilatando el proceso de referéndum revocatorio con un objetivo claro: hacer que éste se lleve a cabo el año 2017. Si el gobierno logra su objetivo, tendrá el tiempo suficiente para llevar adelante su agenda económica y mantener la conducción del gobierno, ya que si el referéndum es aprobado y el presidente es revocado cuando le queden menos de dos años de mandato, no habrá elecciones y asumirá el vicepresidente del país designado por Nicolás Maduro, hasta 2019.

Mientras tanto, Maduro busca ayuda de China y Rusia, desde donde han llegado empresas, a las que el gobierno ha invitado a ser parte del denominado decreto del Arco Minero del Orinoco, que comprende la explotación de recursos en 111 mil kilómetros cuadrados (el 12% del territorio del país) y donde se encuentran cerca de 200 millones de toneladas de bauxita y 44 mil toneladas entre oro y diamante.

Por su parte, la oposición sabe que su torpeza le ha dado tiempo al gobierno y ahora sólo les queda avivar la llama de la crisis para que el estallido provoque la entrada en el juego de Estados Unidos. Este objetivo se podría lograr en clima de inseguridad propiciado en parte, por paramilitares colombianos que se han infiltrado en Venezuela y en contexto desfavorable para los gobiernos progresistas de la región y el silencio de la izquierda.