La alta cobertura mediática dedicada al reciente otorgamiento de la libertad condicional a más de dos mil personas  resulta llamativa y, hasta cierto punto, preocupante. Los medios de comunicación tienen el derecho de enfocar su atención en hechos como este, pero cuando lo hacen con un sesgo ideológico que privilegia una postura discursiva («seguridad ciudadana») en desmedro de otras («inclusión social», por ejemplo), no están contribuyendo a la democracia, a la pluralidad informativa ni generando un espacio de discusión apropiado.

Muchos de los titulares publicados por El Mercurio y La Tercera  estas últimas semanas pecan de un sensacionalismo indebido, lo mismo que las imágenes y fotografías que acompañaron las noticias. La estructura discursiva utilizada por los medios estigmatiza a los internos e invisibiliza la compleja situación de vulnerabilidad en que se encuentran, así como el abandono estatal que padecen.

Los medios de comunicación, y concretamente el duopolio mencionado, operan de forma selectiva, al igual que el sistema penal. Mientras este castiga con penas de cárcel ciertos ilícitos (delitos contra la propiedad) y con penas menores otras conductas (colusión empresarial, fraude tributario, contaminación del medio ambiente), aquellos deciden a quién presentar como un delincuente «peligroso» y a quién como alguien que solo ha cometido un error ante la sociedad.

En Chile existe una evidente desigualdad comunicacional a la hora de abordar temas relativos al aparato de justicia criminal. La manera en que se trata la delincuencia o el uso de la prisión estigmatiza a ciertos grupos sociales.

Las noticias sobre la «liberación masiva» han puesto especial énfasis en el tipo de delito y la condena de los beneficiarios. Se han destacado aquellos casos en que se concedió la libertad anticipada a quienes cumplían penas por delitos de alta connotación social, como violación, robos con violencia o narcotráfico. Con esto, además de generalizar un tipo de conducta, los medios enfatizan aspectos que la ley no toma en cuenta a la hora de conceder el beneficio y subrayan únicamente el peligro que conlleva la medida, pasando por alto todas sus virtudes. Esto constituye un tipo clásico de falacia periodística: la falsa generalización.

Pero no es el hecho de que los medios operen de manera selectiva lo que constituye un problema, sino la universalidad en el tipo de selección. Cuesta encontrar voces que tomen en cuenta lo que dicen los expertos y las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de los privados de libertad (81 Razones, Confrapreco, Observatorio Social Penitenciario, Observatorio Violencia y Cárcel, Pastoral Carcelaria, Leasur, por solo nombrar a algunos). La exclusión de estos actores no hace otra cosa que reducir y parcializar el debate público en torno al delito, en tanto fenómeno eminentemente social.

Por ello no debe causar sorpresa que los medios periodísticos aludidos hayan informado con una rapidez inusitada los casos de reincidencia, y que digan poco o nada de las falencias de la asistencia postpenitenciaria que debe proveer el Estado para reintegrar a la sociedad a un recién excarcelado, o del problema de la falta de recursos humanos y económicos de los Centros de Apoyo para la Reintegración Social (ex Patronato Nacional de Reos), institución que supuestamente debe atender a los beneficiados con la libertad condicional.

La experiencia en otros países ha demostrado que para resolver el problema carcelario no basta con la sola participación del Estado. Se requiere además la colaboración de otros actores sociales clave como los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los centros académicos. Sobre esta base, parece ser una mejor opción que los medios inciten un debate pluralista, que aúne diferentes puntos de vista respecto a la justicia penal, antes que proporcionar a la ciudadanía una serie de datos dispersos cuya principal misión es desinformar al antojo de quienes detentan el poder.