La vía más rápida que tiene el gobierno de Michelle Bachelet para salir del enredo que se ha transformado la reforma laboral es el veto presidencial. Esto porque tras el fallo del Tribunal Constitucional, que consideró inconstitucional el punto de la titularidad sindical, la "cuarta gran reforma" del Ejecutivo está en entredicho.

Estrictamente, ya no queda mucho margen de maniobra, pues en Chile el TC tiene la facultad de pasar por encima de toda la deliberación previa realizada en el Parlamento. Por ahora, se debe esperar el detalle del fallo, pues solo se conoció el resultado.

Pero desde La Moneda no ven con malos ojos utilizar la figura del veto, facultades extraordinarias que recaen sobre la Presidenta que le permiten modificar una legislación. Según la Constitución, la mandataria tiene plazo de 30 días desde que el proyecto sale de la Cámara para enviar el veto. Es decir, el plazo es hasta el 6 de mayo. El problema es que el TC tiene plazo hasta el 9 de mayo para dar a conocer las argumentaciones de su polémico fallo, y el gobierno espera conocerlo antes para no volver a entramparse con el tribunal extraordinario.

Los equipos técnicos del gobierno ya trabajan en las distintias fórmulas para presentar el veto y no volver a chocar con el TC. "El veto puede ser de tres magnitudes: supresivo, sustitutivo y o aditivo. Estamos estudiando de qué naturaleza será", anunció ayer la ministra del Trabajo Ximena Rincón. Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet disparó contra el falló, diciendo que impedía el cumplimiento de compromisos internacionales que Chile ha suscrito: "La sentencia del TC, al declarar inconstitucionales elementos centrales de la libertad y derechos sindicales que nos proponemos fortalecer, nos dificulta cumplir compromisos que tenemos como país".

El Tribunal Constitucional vuelve a estar en la mira durante el gobierno de Bachelet. Es el mismo que en noviembre pasado determinó que la gratuidad en educación era "discriminatoria" y "arbitraria" y obligó a una Ley Corta para superar la valla. El TC regula la constitucionalidad de las leyes y es utilizado desde la dictadura como un veto político a todo lo que vaya en contra de la cuestionada Constitución de 1980. Hoy en La Tercera el presidente del organismo, Carlos Carmona declaró que los fallos "son jurídicos y no políticos", la conformación del TC desde la vuelta a la democracia se ha definido por acuerdos estilo binominal, con un equilibrio de fuerzas entre los jueces cercanos a la derecha y los cercanos a la Concertación.

Pese a las críticas de distintos personeros de la Nueva Mayoría que han calificado al TC como un resabio de la dictadura y que atenta contra la democracia, hoy el ministro del Interior Jorge Burgos defendió su institucionalidad en entrevista con El Mercurio. "No le hace bien al país poner en duda la legalidad del TC, tiene una legitimidad jurídica indubitada", dijo.