El rector Ignacio Sánchez ya había planteado sus reparos con la reforma hace dos semanas a la ministra Adriana Delpiano, quien llegó a la Casa Central de la Universidad Católica a presentarle al Consejo de Rectores (CRUch) en qué estaba el proyecto, según consigna El Mercurio.

"La minuta conocida se centra en destacar el rol de las universidades estatales, lo que refleja una propuesta extremadamente estatista de la educación, por lo que no podemos aceptarla", había dicho el rector.

Es luego de esto que 23 autoridades y académicos de la UC redactaron un documento de 13 páginas en el que critican las minutas del Mineduc. El rector Sánchez acusa que se "desconoce" el rol de las instituciones del G9 (universidades no estatales del CRUCh), "que aportan más del 50% de los bienes públicos del CRUCh en docencia de estudiantes vulnerables, investigación, formación, avanzada de doctorado y compromiso con las comunidades".

Entre otros de los puntos que aborda el documento, según consigna El Mercurio, están los siguientes:

Financiamiento

"El financiamiento público debe ser tanto de continuidad como concursable", dice el texto de los académicos de la UC, que luego agrega: "Es preciso acrecentar los fondos a todas las instituciones que entregan bienes públicos al país, pues ellas son fuentes de generación de progreso y desarrollo cultural, científico, artístico y social".

Esto profundiza la discusión sobre cómo se definiría el rol público de una entidad, un punto de particular preocupación en el G9.

Agencia para la Calidad

La institución que reemplazará a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) también fue un punto de preocupación para los académicos, que plantean llamarlo un "organismo autónomo" en lugar de un "servicio público" como aparece en las minutas. "La acreditación tendrá que vincularse a los procesos de autonomía", dice el texto.

Así mismo, plantean que el Consejo Nacional de Educación funcione como una instancia de apelación a las decisiones que tome la Agencia.

Superintendencia de Educación Superior

Sobre esta entidad, que es parte del proyecto y fiscalizará a las instituciones de educación superior, el grupo de académicos plantea que algunas de sus atribuciones podrían significar una sobrerregulación del sistema. Argumentan que se fiscalizan no solo el cumplimiento de la ley, "sino que también otras materias que dicen relación con el funcionamiento de las instituciones, que significan una sobrerregulación innecesaria y, en algunos casos, inconveniente, ya que vulneran su autonomía".

Aseguran que la superintendencia sí puede velar por la sustentabilidad financiera, pero que "su competencia para juzgar la viabilidad académica parece incompatble con la autonomía de las instituciones y con las atribuciones de la Agencia de Calidad".

"No corresponde que una superintendencia fiscalice 'el buen uso de los recursos', ya que eso también podría afectar la autonomía", dice el documento.

Los académicos que suscribieron el documento fueron: Guillermo Marshall, Patricio Donoso, Paulina Gómez, Loreto Massanés, Bárbara Prieto, Ricardo Paredes y Kiyoshi Fukushi a nivel directivo. Los decanos Eduardo Valenzuela, José Miguel Sánchez, Carlos Frontaura, Lorena Medina y Juan Carlos de la Llera. Los académicos Vladimir Marianov, Claudio Rolle, Andrés Bernasconi, Carlos Vio, Rafael Sagredo, Miguel Ángel Fernández y el ex rector Pedro Rosso. Además, firmaron los directores Ignacio Irarrázaval, Carlos Williamson, Jorge Manzi y Judith Scharager.