La reforma Educacional es quizás el emblema con que la presidenta Bachelet intentará ser recordad tras una gestión que a poco de comenzar tropezó con un descalabro de connotaciones históricas.

La Superintendencia de Educación se crea para “contribuir al aseguramiento de la calidad y el ejercicio del derecho a la educación parvularia y escolar, mediante la fiscalización del cumplimiento de la normativa, la rendición de cuentas, la gestión de denuncias y la provisión de información, con un sentido de eficiencia, eficacia, transparencia y participación”, según reza su propia definición.

En palabras simples, en la gestión de esta institución radica la suerte que deberá correr la reforma que ha impulsado con especial energía el actual gobierno.

Sin embargo, desde su creación las autoridades a cargo de la Superintendencia no han logrado entender que para el efecto de optimizar de la mejor manera los ingentes recursos que el Estado dispone para la Reforma Educacional, se requiere de funcionarios no solo competentes, comprometidos y eficientes, como en efecto somos.

Se requiere además entender que debemos ser tratados de manera digna y de acuerdo a los criterios que el mismo gobierno se encarga de hacer presente cada vez que se refiere a los derechos laborales.

El caso es que nuestros funcionarios, desplegados a lo largo de todo el país, deberán ser los responsables de supervigilar montos superiores a los cinco mil billones de pesos, sin tener seguridad acerca de su estabilidad laboral, el nivel de su encasillamiento en la Carrera Funcionaria que no existe, sin tener asegurado que su salario se va a mantener en el futuro, entre otras manifestaciones que delatan en la autoridad una falta de comprensión de sus propias responsabilidades.

La incapacidad de las jefaturas nos obliga a movilizarnos y eventualmente llamar a un paro nacional de actividades en breve. No entendemos por qué los funcionarios a cargo de tan importante repartición de  un gobierno que no puede exhibir demasiados logros,  genera sus propios conflictos en áreas de alta sensibilidad política.

Y nos llama la atención que estos conflictos sociales no sean tratados con la celeridad y seriedad que ameritan.

Tememos que se repita con los funcionarios de la Superintendencia lo que ha venido sucediendo con los trabajadores del sector público de la Región de Atacama, a quienes por respuesta se les ha ofrecido represión, promesas y un cerco comunicacional vergonzoso.

Advertimos que la Reforma Educacional está en serio peligro de ser implementada como corresponde. Y ante ese hecho, los trabajadores deslindamos nuestra responsabilidad y la adjudicamos a la política oficial que niega derechos y restringe el acceso que tenemos como trabajadores, a pensar en un futuro mejor.