El mes recién pasado, durante el lanzamiento de un libro en homenaje a Patricio Aylwin, el ahora “ciudadano” Ricardo Lagos presentó una tesis que merece ser discutida: la Concertación  debe ser considerada como el conglomerado político más exitoso en la historia de Chile en materia económica.

Sin una pizca de falsa modestia, Lagos se vanaglorió de la reducción de la pobreza extrema durante los gobiernos de la Concertación. Y si bien aquella disminución es un hecho de la causa –no pudiendo ser desmerecida en sí misma– Lagos y los demás defensores de la política económica concertacionista olvidan mencionar que (1) la pobreza extrema se redujo gracias a una conjunción de factores y políticas que en ningún caso puso los intereses económicos, habitacionales, de salubridad y educacionales de los/as trabajadores/as como el objetivo primordial a alcanzar; que –a consecuencia de esto– (2) la tan celebrada baja en el nivel de pobreza absoluta palidece significativamente al ser comparada con las ganancias empresariales, además de las jugosas dádivas entregadas a los altos burócratas del sector estatal y privado; y, finalmente, (3) que el grado de vulnerabilidad de los “ex-pobres” es tremendamente alto (basta con que uno de los integrantes del grupo familiar sea despedido o enferme gravemente para que dicha familia vuelva a ser pobre).

Así, un análisis desprejuiciado y sereno de la política económica concertacionista señalará que, con un mayor o menor énfasis y alcance, durante esos veinte “gloriosos” años se gobernó –esencialmente– para servir celosamente a los intereses de los empresarios (y de una manera muy eficiente, valga agregar). El hecho de que los grandes grupos económicos hayan apoyado financieramente –durante largos años– a sus políticos (incluida el ala “renovada” del PS), es tan solo una de las muchas pruebas de ello. A este respecto, basta con mencionar el vergonzoso pero revelador caso SQM.

Algunos de los ejemplos que respaldan la existencia de la alianza empresariado/Concertación son los siguientes: (1) el conglomerado político al cual pertenece Lagos diseñó e implementó una fuerte política de incentivos a la inversión privada, lo cual se tradujo en tasas impositivas bajísimas y una política de licenciosas concesiones empresariales; (2) continuó el legado de la dictadura privatizando masivamente empresas y servicios que anteriormente estaban en manos del Estado, ocasionando una mercantilización extrema de cada ámbito de la vida social; (3) perpetuó un modelo de salud, previsión y educación privados que ha generado una verdadera casta de “emprendedores de los servicios sociales” (mismos que en la actualidad oponen una férrea resistencia a las tibias reformas impulsadas por la Nueva Mayoría); (4) postergó sistemáticamente las demandas laborales y políticas de los sindicatos (la cuestión de la negociación ramal y la deuda histórica del profesorado son solo un pequeño ejemplo); y, finalmente, pero no menos importante, (5) focalizó el gasto estatal de manera extrema en los sectores aquejados por la pobreza más cruel, abandonando a los/as trabajadores/as de las capas medias a los designios del mercado, con lo cual llenó –de paso– los bolsillos de los “respetables señores emprendedores” y dividió a la clase trabajadora.

Ahora bien, el grado en que se han incrementado los ingresos monetarios de los asalariados de bajo rango (la gran mayoría de los/as chilenos/as), ha sido sustancial y vergonzosamente menor tanto con respecto a las ganancias de los empresarios como a los salarios burocráticos de los altos funcionarios estatales y del sector privado.[1]

El más clarificador estudio al respecto es el de los académicos de la Universidad de Chile, López, Figueroa y Gutiérrez (2013), quienes señalan que para el periodo 2005-2010 (gobierno de Bachelet) los ingresos del 1% más rico de Chile fueron casi 44 veces mayores que el ingreso del 99% restante, incluyendo las ganancias del capital. Por su parte, en el mismo periodo, el 0,1% más rico acumuló un ingreso equivalente a 253 veces el del 99,9% de la población restante. A su vez, el 0,01% de la población (compuesto fundamentalmente de grandes empresarios) se apropió de un ingreso 1464 veces mayor que el del 99,99% restante. Finalmente, y como si eso fuera poco, el promedio de apropiación del 1% más rico (incluyendo ganancias del capital), para el quinquenio 2005-2010, equivalió a casi un tercio de la riqueza producida en el país (30,5%).

Con respecto al mundo del trabajo, según datos de Fundación Sol, la brecha entre la productividad y los salarios de los/as trabajadores/as chilenos se ha incrementado notablemente desde 1997. No es de extrañar que esta diferencia, expresada en términos monetarios, haya ido a parar a manos de los empresarios. En cuanto a los “servicios sociales” privatizados, es fácilmente verificable –por ejemplo– que las ganancias de las AFP e ISAPRES son mucho mayores que los escuálidos reajustes del sueldo mínimo.

El desarrollo y la bonanza económica de Chile –de la que tanto se enorgullecen Lagos y el resto de la Concertación– ha favorecido en mucha mayor medida e intensidad a aquellas clases sociales que acumulan incesantemente capital o reciben sueldos millonarios, viven vidas de grandes lujos y detentan el poder en la política y la economía. Para los trabajadores, en cambio, hay sobras y migajas. Somos, en definitiva, el vagón de cola del desarrollo a la chilena.

Por todo lo anterior, defender el legado político de la Concertación y/o promover el proyecto de sociedad enarbolado por la Nueva Mayoría, equivale a priorizar el incremento sustancial del bienestar de una pequeña parte de la población (cuyos méritos, de tenerlos, son extremadamente menores), y celebrar pomposamente que –a consecuencia de ello– el nivel de vida de los/as trabajadores/as se ha elevado desde lo insufrible e inhumano hasta lo básico y mediocre. Equivale a becar a los/as hijos/as de los empresarios y políticos para que estudien doctorados en Harvard y Cambridge, y darse palmaditas en la espalda porque los/as hijos/as de los/as trabajadores/as pueden estudiar en centros de formación técnica e institutos profesionales. Equivale a que las familias ricas sean atendidas prontamente –con médicos de excelencia y equipamiento de punta– en las mejores clínicas del país, y hacerse los desentendidos respecto de la intolerable espera (de seis meses a un año y medio) para ser examinado por alguno de los pocos médicos especialistas que atienden en hospitales públicos. Equivale a que una minúscula minoría adquiera cómodos, hermosos y amplios departamentos y casas en Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, y que –a la vez– el Estado reparta viviendas del tamaño de una caja de fósforos, básicas, en bruto, y en la periferia para los/as trabajadores/as y sus hijos/as.

Chile, hoy en día, es un país menos pobre que antaño, pero la mayor parte de la riqueza creada sigue siendo acaparada y disfrutada por unos pocos. Ni Lagos ni los/as tecnócratas de la Nueva Mayoría podrán desmentir aquello, así como tampoco podrán modificarlo con sus tibias escaramuzas reformistas.

[1] Se debe tomar en cuenta que casi absolutamente todos los estudios acerca de desigualdad en Chile que usan el Coeficiente de Gini, hasta el momento, se basan en salarios. O sea, han medido el nivel de desigualdad de ingresos de los trabajadores, sin incluir dentro del total a los empresarios y sus ganancias.