Este viernes comenzó en la Cámara de Diputados de Brasil el impeachment o juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La oposición necesita una mayoría calificada para continuar con el proceso, es decir, 342 votos. Se espera que la votación se produzca el día domingo y -si se aprueba- entonces pase al Senado, que por mayoría simple decidirá si se abre el juicio político.

De aprobarse, se constituirá una comisión especial de 65 diputados que analizará la petición y elaborara un informe que será discutido en el mismo Parlamento.

A Rousseff se le acusa de ampliar el presupuesto público sin pasar por el Congreso, a través de una serie de decretos de crédito suplementario que ascienden hasta los 27 millones de dólares. La oposición se ampara en que la legislación brasileña considera delito el atentar contra  la ley presupuestaria y contra "la guarda y el uso legal de usos públicos". Aunque par a el gobierno los decretos solo redistribuyeron los gastos, por lo que el proceso de destitución no tiene motivo.

Golpe maquillado

Desde que asumió en 2011, Dilma Roussef ha recibido más de 30 peticiones de destitución por parte de la oposición brasileña. Uno de los principales activistas del fin del mandato del PT ha sido el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, pastor evangélico acusado de haber aceptado 5 millones de dólares en soborno como parte del caso Petrobras. Se trata de un operador político que ha construido su poder en Brasil. Ha dado declaraciones para enmarcarlas en los últimos meses: "Yo tengo el poder";  “Si derribo a Dilma al día siguiente ustedes me derriban a mí”, "Me siento como árbitro en la final de la Copa del Mundo".

De concretarse el inicio del impeachment, la líder del Partido de los Trabajadores (PT) deberá dejar el cargo por 180 días, mientras se realice la investigación del poder Legislativo. Durante ese tiempo la presidencia quedaría en manos del actual vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Originalmente partido aliado, el centrista PMDB, que ha transitado en alianzas con la derecha y la izquierda en los últimos 20 años, rompió con el gobierno hace menos de un mes, pese a mantener miembros en puestos claves del Ejecutivo. Además, están implicados en distintos casos de corrupción. El propio Temer también enfrenta una petición de juicio político en su contra.

Un Congreso implicado hasta fondo en el caso Petrobras deberá decidir el futuro de la presidenta de Brasil. Paradójicamente, Rousseff no está implicada en ningún caso de corrupción. El gobierno está cuesta arriba con su enfrentamiento jurídico-político contra la oposición. El ex presidente Lula da Silva nunca pudo asumir como ministro y el jueves pasado perdieron su última carta para evitar el impeachment, el Tribunal Supremo Federal, que rechazó el recurso de nulidad por falta de garantías para la defensa. Los medios opositores, como la poderosa red O globo, pregonan abiertamente por la destitución y expertos ya la dan por perdedora. En los últimos meses, un número considerable de diputados han abandonado al oficialismo  y la oposición estaría alcanzando los 342 votos mínimos requeridos.