En menos de un mes ya son cuatro los artículos aprobados que regulan sanciones en distintos ámbitos, dentro de la Agenda Corta de Antidelincuencia. ¿Las similitudes? Todas las modificaciones atentan, de una u otra manera, contra las y los ciudadanos comunes, y beneficia a políticos involucrados en casos de corrupción y a policías.
1. Cárcel para personas que agredan a policías aunque las lesiones no dejen marcas visibles.
Fue a fines de enero de este año cuando el senador Alberto Espina celebró en su cuenta personal de Twitter la indicación que respecta a la agresión hacia Carabineros o Policía aunque no hayan señales visibles del hecho. Esta medida fue aprobada dentro de la comisión de Constitución del Senado aprobó dentro de la Agenda Corta Antidelincuencia, el pasado 26 de enero, por cuatro votos a favor y uno en contra. ¿Pero entonces cómo se acreditará la agresión? ¿Será la palabra del funcionario contra la del ciudadano, así como pasó con el caso de Rodrigo Avilés?.
2. Control de identidad preventivo
El más reciente, aprobado el martes 5 de abril por 34 votos a favor y 10 en contra, permite a los funcionarios de policía pedir su cédula de identidad a cualquier ciudadano o ciudadana en caso de que existan antecedentes que permitan inferir que dicha persona cuenta con una orden de detención previamente. El punto acá es ¿cómo saberlo?.
El artículo establece que el control sólo puede efectuarse en la vía pública y, en el caso de ser detenida por no portar el carné, la persona debe pasar no más de cuatro horas en comisaría si es adulto, y no más de 1 hora si es menor de edad.
Asimismo se aprobó que Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el Poder Judicial, puedan compartir información a través del Banco Unificado de Datos.
3. Penas de cárcel para los fiscales que filtren información de investigaciones en curso sobre delitos.
Por 29 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado aprobó este martes 5 de abril las modificaciones a la "Ley Mordaza", entre las que se excluye a los periodistas, pero que de todas formas multará a quienes no cumplan con la normativa. La nueva glosa estipula que aquellos funcionarios que participen en una investigación y tengan acceso a los documentos, están obligados a guardar secreto de las indagaciones. De lo contrario, serán sancionados con una multa de 200 UTM o tres años y un día de cárcel.
Para la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, esta nueva redacción si bien acoge los postulados del gremio, "abre la posibilidad de sanciones penales a quienes revelen información de interés público. Esto podría generar incluso un cultura del amedrentamiento donde quienes tengan información, por ejemplo sobre los casos de corrupción que ya conocemos, no se atrevan entregarla justamente porque pueden ir a la cárcel”, declaró señalando que de todas formas atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio de los medios.
4. Prescripción de delitos de corrupción política: de 5 a 2 años.
El pasado 2 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) visó la nueva "Ley de Transparencia de la democracia", que fue despachada en enero por el Congreso junto a la Ley de Partidos Políticos, ambas forman parte de la agenda Anticorrupción, impulsada por el ejecutivo y derivada de lo presentado por la Comisión Engel, formada luego del estallido de escándalos de corrupción política que involucró a la Nueva Mayoría y la Alianza.
Uno de los temas tratados era la prescripción de los delitos electorales, que en el proyecto inicial del gobierno proponía 5 años desde cometido el ilícito, como ocurre con cualquier delito en cualquier ámbito. Sin embargo, el proyecto que terminó por despachar el Congreso, luego de aprobado en ambas cámaras, se fijó en 2 años el período a partir de la comisión del delito, aunque en un comienzo los parlamentarios querían establecerlo sólo en 12 meses. ¿Y por qué las deudas que un ciudadano común sostiene con casas comerciales prescriben en 5 años? (ver: Radio Villa Francia)
