Llega el mes de marzo y como todos los años, con el calor que nos dejan los últimos rayos de sol de verano, las calles se vuelven a teñir de estudiantes que inician un nuevo período escolar. Pero la clásica imagen del uniforme azul marino que ha dado identidad a generaciones de chilenos y chilenas y que forma parte de nuestra memoria colectiva, dista mucho de lo que hoy en día es la realidad, pues el sistema educativo es otro y las y los famosos “pingüinos”, junto a la escuela pública, son ya una especie en extinción. Eso el Gobierno lo sabe, pero la pregunta es, ¿hacia dónde apuntará efectivamente la política pública educativa en curso?.

A fines del año pasado, la Presidenta Bachelet firmó el Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, conocido como “Desmunicipalización”. Se trata de una preocupación que han tenido los gobiernos de nuestro país desde hace ya casi una década, pues, entre otras cosas, la administración municipal ha evidenciado serios problemas de gestión y utilización de recursos, amenazando gravemente la educación de los y las más pobres. Pero, ¿hablar de desmunicipalización, es hablar de educación pública?, ¿el proyecto avanza en la desarticulación de la lógica de mercado que impera en la educación?, ¿se ofrece realmente un cambio en el rol del Estado?.

Para responder dichas interrogantes recordamos cómo, mediante una contrarrevolución educativa iniciada en dictadura, se desarticuló lo que hasta entonces se había comprendido como educación pública. Tres grandes modificaciones dieron forma al nuevo sistema: (a) un cambio en la modalidad de financiamiento (Ley de Subvenciones, 1981), que eliminó los presupuestos fijos estatales por escuela y pasó a subvencionar la demanda, mediante el sistema de vouchers; (b) un cambio en la modalidad de administración, bajo un sistema desconcentrado de gestión local (municipalización de la enseñanza y privatización), donde se creó la figura de los sostenedores - sin distinción de su naturaleza pública o privada -, responsables de la toma de decisiones en temas técnico-pedagógicos y laborales; y (c) un cambio en el fundamento jurídico, expresado en la Constitución de 1980, que redefinió el rol del Estado, en tanto la educación dejó de ser una función primordial de éste, pues en adelante los padres “tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos” y al Estado sólo le compete el deber de “otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, eliminando el rol garante del Estado respecto a la educación e imponiéndose el principio de subsidiariedad.

Con el transcurso de los años, este sistema dio cuenta de graves problemas, sobre todo, en el sector municipal: “bajos resultados” en las pruebas nacionales, ineficiente gestión de recursos de parte de los sostenedores, malversación de fondos, baja asistencia media, entre otras; las que permitieron la configuración -con ayuda de un fino trabajo informativo por parte del Gobierno y los medios de comunicación- del imaginario de “lo público” como sinónimo de “mala calidad”, impactando de manera directa en el vaciamiento de la matrícula en el sector y propiciando el “inevitable” escenario del cierre y fusión de escuelas. Durante la década de los 80’s hasta fines de los 90’s, la educación municipal y particular subvencionada representaban respectivamente un 57% y 31% de la totalidad del sistema educativo; mientras que desde el año 2000 en adelante, se inició un cambio que terminó por invertir completamente dicha realidad. Hoy en día la representación es de un 37% y 54%. A lo que se debe agregar que, entre los años 2004- 2014, se contabilizaron 764 establecimientos de administración municipal menos, mientras que, para el mismo período, en el sistema particular subvencionado se crearon 1796 colegios más.

Hay una crisis, estamos todos-as de acuerdo, pero, dentro su origen, ¿es la mala gestión de los sostenedores municipales -como sugiere el Gobierno- el factor más relevante? Creemos que no. Pensamos que se trata de una conjunción de factores, dentro de los cuales el sistema de financiamiento y la figura del sostenedor son los fundamentales, estando incluso por sobre el problema de gestión, que emerge más bien como consecuencia de los anteriores.

(1) El financiamiento vía vouchers, junto al trato igualitario para municipales y particulares subvencionados por parte del Estado, obliga a la “competencia” por la matrícula de estudiantes, sobre todo aquellos considerados por la ley como “prioritarios”, para poder percibir recursos que permitan el funcionamiento del establecimiento. Pero como la realidad socioeconómica del sector municipal es distinta a la del particular subvencionado, dicha “competencia” termina siento profundamente desigual y desfavorable para el primero. Recordemos que la educación municipal concentra fundamentalmente un alumnado perteneciente a los dos primeros quintiles de la población.

(2) Vinculado al amarre constitucional ya referido, la no distinción entre sostenedores de establecimientos municipales y de particulares subvencionados impide que el Gobierno pueda disponer de presupuestos diferenciados que favorezcan efectivamente al primero, dejando así a la educación relegada a las leyes del mercado. Pues, el beneficio de uno por sobre otro puede ser acusado de discriminatorio y por tanto “inconstitucional”, como se demostró en el fallo del Tribunal Constitucional en relación a la gratuidad en educación superior. El concepto de sostenedor, en efecto, como figura creada para referirse a quien administra las escuelas, operacionaliza la igualdad de trato.

Esto se agrava con las falencias que el mismo Gobierno ha diagnosticado en torno a la gestión municipal (y eso sin siquiera abordar los temas relativos a los contenidos de la educación y la participación de la comunidad). Por tanto, es claro que lo que se necesita es un Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública que permita recuperar este bien común para la ciudadanía y lo erradique completamente de la lógica mercantil. Pero eso, necesariamente, obliga remover los cimientos neoliberales de la educación y consagrarlo en un cambio constitucional real, que se sustente en una profunda discusión sobre el sentido de lo público.El problema es que el Proyecto de Ley que ha presentado el Gobierno dista mucho de aquello, pues ha reducido la solución a un cambio de gestión: el traspaso de la administración de las escuelas municipales hacia los Servicios Locales de Educación Pública, manteniendo la subvención a la demanda y la lógica de administración bajo la figura del sostenedor, validando además la actual Ley General de Educación.

Pero algunos y algunas podrían argumentar que, al menos, el hecho de acabar con la administración municipal de la educación sería un valor en sí mismo, en tanto remueve uno de los pilares de la educación pinochetista. Pero lo cierto es que ni eso asegura que podamos “rescatar” a la educación “pública” del franco declive y reducción en la que se encuentra, pues a pesar de que el Proyecto contempla ciertas restricciones que resguardarían la tendencia al cierre de este tipo de establecimientos, la progresión que se ha planteado para la implementación del nuevo Sistema (entre 2016-2022), otorga un tiempo extremadamente amplio en cuyo transcurso, la tendencia al trasvasije de la matrícula hacia los particulares subvencionados (sobre todo con los “beneficios” de la gratuidad contemplados en la Ley de Inclusión) permita que el sector municipal, termine reducido a su mínima expresión. Nos enfrentamos así a una verdadera “guetificación” de la educación, donde esos establecimientos concentrarán, siguiendo la tendencia, a los-as estudiantes más vulnerables. Y el “servicio de la educación” en nuestro país será esencialmente privado, lo que nos permite aventurar que, más que un camino hacia la recuperación de “lo público”, con este nuevo sistema, hemos entrado a una nueva etapa de la educación neoliberal: la fase de la consolidación de la educación de mercado. Esto implica que, a lo más, en el mediano plazo se frenará el cierre de la escuela pública municipal o se estancará la tendencia a la crisis produciéndose una suerte de “congelamiento” del actual escenario, donde es hegemónico el sector privado. Todo indica que hemos llegado al momento histórico que Gerardo Jofré, receptor de los planteamientos de Milton Friedman en Chile y asesor del Ministerio de Hacienda y Educación en los años 80’, visualizó como objetivo último de la educación de mercado:

“la verdadera consolidación del sistema (…) se logrará cuando las escuelas que lo integran sean, en su mayoría, privadas y el peso de las escuelas municipales no sea determinante en las respectivas comunas”1.

De este modo, no es posible construir un Sistema Nacional de Educación Pública si efectivamente no hay cambio profundo en el sistema de financiamiento, ni en la existencia de la figura del sostenedor (ambas trabas constitucionales de nuestro sistema educativo). Por ello lo que necesitamos, en primer término, es que las escuelas y liceos que aún se consideran “públicos” vuelvan a ser administradas por el Estado a través del aparato nacional y desconcentrado del MINEDUC. Sabemos que dicho proceso no es algo que ocurrirá de un día para otro, pero para comenzar en buen pie, por lo menos las políticas educativas deben contemplar un trato preferente para los establecimientos municipales. Lo anterior implica, necesariamente, que la ciudadanía en su conjunto, así como los diversos actores y movimientos sociales vinculados al desarrollo de la educación en Chile, puedan ser partícipes de la discusión de un proyecto de país, respondiendo como mínimo a las preguntas del cómo, qué, para qué y a quiénes educar, porque los estudiantes no son un “producto”, sus familias no son clientes, la escuela no es una empresa y la educación no puede seguir siendo un bien de consumo.

1Jofré, Gerardo (1989), “El sistema de subvenciones en educación: la experiencia chilena”. Estudios Públicos, N°32, 1998, página 236. Citado en Ruiz S., Carlos (2010) De la República al mercado. 1ª edición, Santiago: LOM, página 114.