Ya sabemos que la descomposición está operando a sus anchas en todos los sectores de la economía, asuntos que en materia de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente, estamos dando a conocer con datos concretos hace muchos años, sin que los distintos gobiernos hayan adoptado políticas de control público para erradicar las lacras. Más de alguien y particularmente quien escribe, sostiene que la casta política con tal de recibir dineros fraudulentos de las más importantes empresas privadas, aplica la contraprestación del laissez faire para que todo siga igual.

Todos aquellos, o por lo menos la inmensa mayoría de los que conforman el denominado establishment, consideran que el sistema democrático que nos rige  requiere de crecimiento económico a todo evento. Por lo tanto, sin importar que los inversionistas nacionales o extranjeros violen las leyes y reglamentaciones que el Estado se ha dado para que el país funcione, a vista y paciencia de los servicios de la Administración,

Ahora bien, como somos partidarios de dar ejemplos precisos sobre nuestras críticas, informamos que dentro de la labor de fiscalización que ejerce la Fundación “Defendamos la Ciudad”, nuestros profesionales de la V Región de Valparaíso comprobaron que en la comuna de Viña del Mar, más de 50 edificios no han cumplido con lo reseñado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) respecto a los estudios de sombras, distanciamientos mínimos hacia los vecinos y otras materias urbanísticas.

Estas situaciones anómalas se le han representado formalmente en julio de 2015 al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región y el 26 de enero pasado nos dirigimos por escrito a los presidentes de la Cámara Chilena de la Construcción, Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación de Directores de Obras Municipales y Asociación de Arquitectos Revisores Independientes, dándoles a conocer el informe “Resumen explicativo de la aplicación de los conos de sombra” elaborado por el arquitecto viñamarino Mauricio Zulueta, miembro del mencionado colectivo ciudadano. A estos 4 destinatarios le expresábamos que posiblemente en todas las municipalidades del país se cometen esas malas prácticas que favorecen a ciertos titulares de proyectos.

Nos respondieron los presidentes de la Asociación de Directores de Obras Municipales y de la Asociación de Arquitectos Revisores Independientes, cuyo presidente, con justa razón, criticó severamente con diversos hechos determinados el quehacer administrativo en las Direcciones de Obras Municipales, asunto que, con anterioridad, ambos (quien suscribe y él), le habíamos dado a conocer en su oficina al abogado Jefe de la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República.

Por lo trascendente del asunto, sabemos que el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, está solicitando una entrevista con el Jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, para recibir instrucciones oficiales sobre esta materia, próxima reunión en la cual nuestro colectivo ciudadano, estando presente en la misma, ratificará el resultado de nuestra investigación. Algunos actores nos han calificado como idealista y en razón de que sí lo somos, aparte de ser riguroso, quisiéramos que se terminen los abusos que numerosos privados cometen, valiéndose del descontrol y lenidad municipal y en tal sentido el Minvu tiene que ejercer su rol conductor aunque ello le signifique la reprimenda de las influyentes asociaciones empresariales ad hoc que toleran las trampas que conducen al lucro desmedido de sus afiliados.

Asimismo, vale la pena decir que con motivo de una invitación que nos hiciera la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados para que opináramos sobre el proyecto de ley, preparado por el Minvu, que aborda el asunto de las plusvalías que se producen con los cambios de uso de suelo de rural a urbano, ganancias que en la actualidad engrosan los bolsillos de los privados que han hecho lobby para que tales cambios se produzcan. La iniciativa mereció nuestra oposición porque tal proyecto de ley no abordaba correctamente la captura parcial de esas plusvalía a favor del Estado y aprovechamos esa ocasión para proponerles a los diputados que se hicieran las modificaciones legales para que los Directores de Obras Municipales ejercieran el cargo por un plazo fijo, por los años que el Congreso resolviera, ya que en la actualidad y en la práctica, esos funcionarios son vitalicios.

Sobre lo anterior, les recordamos a los diputados que recobraran un proyecto de ley sobre tal captura de plusvalías del año 1997, también elaborado en aquel entonces por el Minvu, el cual no prosperó porque estaba correctamente enfocado y ya sabemos cómo los actores más poderosos del sector privado saben ejercer sus influencias en la generación de las políticas públicas. La operación especulativa de Caval no hubiera existido si el Congreso Nacional hubiera aprobado esa ley de hace 19 años. En todo caso nuestra propuesta acerca de los Directores de Obras  Municipales fue bien recibida y no sabemos si se ha avanzado al respecto.

En lo que respecta a los “errores” cometidos en Viña del Mar con los cálculos de los conos de sombra, entendemos que el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región ejercerá su rol funcionario para que el Fiscal Regional del Ministerio Público averigüe la razón de tanta y reiterativa equivocación en la otrora bella ciudad jardín.