La caja de pandora en la relación entre dinero y política parece nunca cerrarse. En noviembre de 2015 declaró ante la Fiscalía el ingeniero comercial Roberto Carrasco, testimonio que permitió involucrar a otras 10 empresas que no habían sido consideradas en el financiamiento ilegal de la política. El listado incluye a Banco BCI, Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado, además de sociedades de inversión controladas por el Grupo Said y el Grupo Hurtado Vicuña.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha recibido rectificaciones de varias de estas empresas, las que dan cuenta de lo transversal que es esta práctica en la política chilena, según informa un reportaje de CIPER Chile.

Por ejemplo, la rectificación el Banco BCI pone el ojo sobre las campañas de los UDI Pablo Longueira, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, María José Hoffmann y Javier Macaya.

En el caso de la empresa de retail Ripley, resalta el pago a Asesorías Credo, contralada por Diego Perry, uno de los publicistas de la campaña de Michelle Bachelet. Perry habría recibido pagos por parte del cuestionado recaudador Giorgio Martelli, ligado ya al caso SQM. La rectificación de Ripley también llega a empresas relacionadas a la campaña de Andrés Velasco y Pablo Zalaquett.

En el Grupo Said el financiamiento también fue transversal a la élite política. A través de Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia, se incluye financiamiento a sociedades relacionadas al ex presidente Sebastián Piñera y al también ex mandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle en su fallida campaña de 2009.

Pese a las rectificaciones ya conocidas, las empresas Watts, CAP, GT Advisors ni las sociedades del Grupo Vicuña han presentado la rectificación al SII. Si el Ministerio Público comprueba el pago ilegal, estas empresas arriesgan sanciones mayores.