El 28 de enero pasado el gobierno logró que el Congreso aprobara el proyecto de Ley de Carrera Profesional Docente. Lo aprobado es un avance y la reacción de quienes han defendido la situación actual en la que estamos los profesores, es decir, radicales condiciones de postergación en términos de condiciones laborales y valorización social de nuestra profesión, no se ha hecho esperar. La editorial de La Tercera del jueves 04 de febrero o las palabras del diputado Jaime Bellolio incurren en los errores clásicos en los que históricamente se ha caído a la hora de comprender el trabajo docente y nuestro desempeño en el aula.

Cuando se afirma que “en la nueva ley continúa privilegiándose las condiciones laborales del profesor por sobre los derechos que tienen los escolares a una educación de calidad” se disocia el hecho de que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes van necesariamente de la mano con el contexto en el cual el profesor y el estudiante se relacionan.

La editorial de La Tercera del jueves 04 de febrero o las palabras del diputado Jaime Bellolio incurren en los errores clásicos en los que históricamente se ha caído a la hora de comprender el trabajo docente y nuestro desempeño en el aula.

No da lo mismo un profesor que busca enseñar, pero tiene 2 o 4 horas para planificar y 40 o 42 horas frente a curso. No da lo mismo cuando se tiene a 45-48 alumnos por sala o un sueldo miserable que no se corresponde con el valor de lo que se está haciendo y que termina obligando a emigrar a los buenos docentes hacia otros trabajos. Lamentablemente esto último no fue considerado en la ley.

Es necesario remarcar el sentido pedagógico que tuvieron las pasadas movilizaciones y el actual movimiento docente. Nuestras demandas buscan mejorar nuestras condiciones laborales, pero vinculándolas con el sistema educativo en su conjunto, haciéndonos cargo de nuestro papel como pedagógos, pero también exigiendo lo que es justo según nuestro rol en la sociedad.

No da lo mismo cuando se tiene a 45-48 alumnos por sala o un sueldo miserable que no se corresponde con el valor de lo que se está haciendo y que termina obligando a emigrar a los buenos docentes hacia otros trabajos. Lamentablemente esto último no fue considerado en la ley.

Por otro lado, el diputado Bellolio afirma que es necesario vincular a esta nueva carrera docente a los profesores de establecimientos particulares subvencionados a riesgo de estar frente a una inconstitucionalidad discriminatoria que favorecería a los profesores de escuelas y liceos públicos. Es fundamental integrar a los profesores de establecimientos particulares subvencionados, pero no por lo que señala el medio del grupo Saieh. Es necesario porque la mayoría de la matrícula escolar y las más precarias condiciones laborales para sus profesores se encuentran en este sector postergado por la ley recién aprobada. Las argumentaciones de ese medio se sostienen en la piedra angular de muchas de las verdaderas discriminaciones que existen en nuestro país: la Constitución de 1980. En un sistema como el chileno, en donde la mayoría de la matrícula se concentra en el sector privado financiado por el Estado, se hace urgente la crítica a la discriminación histórica a un sector del profesorado que posee un sistema laboral inestable, precario y desprotegido como es el Código del Trabajo.

La crítica oportunista que hoy emerge no se hace cargo de la necesidad de apuntar a construir un sistema escolar público articulado y pos de las proyecciones nacionales y no de proyectos particulares.

Una postura crítica que permita avanzar en generar condiciones para el desarrollo pedagógico en la escuela de la mano de la mejora en nuestras condiciones laborales, debe encontrar sus reflexiones colectivas en las mismas comunidades educativas en las que se desempeñan, pero siempre comprendiendo que estamos frente a problemas sistémicos, que solo se pueden transformar con un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública. Consideramos que estas posiciones son las que nos permitirán construir una escuela en base al pensamiento crítico, los valores democráticos y excelencia académica.