Los movimientos  sociales y las comunidades han levantado permanentemente sus voces frente a la medida institucional que pretende construir una represa en el Río Cuervo en la Patagonia. Este  proyecto es uno de los muchos  que se pretenden instalar y que se inscriben en la Hoja de Ruta de Energía 2050 elaborada por el actual gobierno y que posiciona al Estado en un papel central a la hora de la elaboración de las proyecciones energéticas de largo plazo. Nuevamente será el estado chileno el que traspase fondos de todos los chilenos para desarrollar un negocio de corporaciones privadas.

Escondiéndose tras eufemismos como “matriz eléctrica con mayoría renovable”, “sustentabilidad”, “polos de desarrollo” estos proyectos se inscriben y son acordes a los requerimientos de las empresas  mineras, y no tienen nada que ver con el consumo domiciliario, como se ha pretendido decir en un afán de desinformar los reales objetivos de estos proyectos.

Según un  informe de Chile Sustentable 2013, la demanda de electricidad por sector para el año 2011 se concentró principalmente en el Sector Minero con un 34,3%, el sector Industrial con un 23,7% y el sector Residencial con un 14,3%.  Esta es una tendencia durante los últimos 15 años (1997- 2011) donde la minería consume un 34% del total nacional; luego el sector industrial con un 28% y el sector residencial con sólo un 16% de la energía generada.

No debemos olvidar que la matriz de extracción de cobre es eminentemente de carácter multinacional, y sus requerimientos energéticos son cada vez mayores. Al parecer todo es un negocio redondo para estas empresas, pues a las mineras hay que sumarle las empresas de  generación eléctrica, que en el país son lideradas por las empresas multinacionales Endesa Chile, AES Gener, además de Colbun (grupo Matte). Las que generan a mayo 2011 12.200,0 MW de potencia instalada, que equivale al 76% de la capacidad disponible del país y más de 15.000 km de líneas de trasmisión de electricidad.

El estudio “Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre, 2012-2020”, dado a conocer por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), en agosto de 2012, estima que los proyectos de expansión minera demandarán unos 39,4 TWh de energía eléctrica para el año 2020, lo cual representa un aumento de 97% en relación al consumo eléctrico de la minería en 2011. Es claro, entonces, quiénes son los que presionan al país a aumentar la generación eléctrica a cualquier costo, incluyendo la destrucción de Comunidades y territorios.

En el concierto mundial del capitalismo, y de acuerdo a la división internacional del trabajo, Chile sigue ocupando el papel de productor de materias primas con el resto de América Latina,  otorgándole un carácter de absoluta dependencia de las economías metropolitanas desarrolladas. A este carácter estructural de la economía hay que sumarle la perdida de la soberanía sobre los recursos naturales, a través de la colusión de los oligopolios nacionales, las multinacionales y las elites políticas.

Hay que recordar que las  empresas  multinacionales operan en Chile bajo la institucionalidad que les  da el Estatuto de Inversión Extranjera, a través el Decreto Ley 600 (1974) que acomoda su inversión y asegura el retorno de su riqueza mediante la superexplotación, el no pago de impuestos, es decir, basadas en la generación de trabajo tercerizado, que hoy significa que de cada diez trabajadores vinculados a la minería siete son subcontratados. Y además, sin pago de royalty. Es así que, desde el punto de vista de los aportes al fisco, según la Dipres, tenemos a Codelco, entre los años 2001 y 2014, controlando menos del 30% del cobre en el país, aportó en promedio 3.910 millones de dólares por año al fisco, en cambio la gran minería privada,  con el 70 % del negocio solo aportó 2.664 millones de dólares de promedio anual en los mismos años.

En este escenario consolidado en la década de los noventa por la Concertación de Partidos por la Democracia y sus mezquinos intereses, es que las empresas multinacionales  mineras, de agua y eléctricas, junto a los oligopolios locales, encontraron un nicho más que satisfactorio.

Este proceso de mercantilización de la naturaleza, paralelo a la privatización de todos los derechos sociales, de salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros, es el que se debe superar con articulación política de todos los movimientos sociales, comunidades y sindicatos; por sobre la fragmentación de la lucha, a través de  alianzas amplias, y acciones globales contra el modelo neoliberal que hace incierto el futuro.