Las leyes son un reconocimiento ético jurídico, todo principio jurídico, ha surgido de una base ética, es decir, de una dimensión valórica,  de una cuestión política, cuya dimensión reviste un debate sobre sus implicancias sociales. En este sentido, el derecho no es de una entelequia solo técnica, que se sitúa bajo un halo procedimental del Estado, como una tecnología sacrilica de esa fáctica burocrática del Estado, el derecho es también un reconocimiento político, la base de una interpretación que abre puertas jurisprudenciales sobre ciertos ejes temáticos de la sociedad, a veces muy transversales en su corolario de legitimidad.

La verdad que muchos avances epocales en materias de derechos humanos no se abrían generado, sin espacios sociales de fuerte legitimidad de un principio, y de la apertura hacia una legitimación de carácter legal, la consagración de un reconocimiento social.

La lucha por los derechos civiles, la lucha por los derechos de la mujer que hace 65 años atrás no votaban en nuestro país, la lucha por los derechos humanos en nuestra América Latina durante y posterior a las dictaduras militares, son expresiones en que lo jurídico tiene base central en la posibilidad de avanzar en reconocimientos de justicia, porque una verdad sustancialmente social y política se transformó, en la base de otro orden sociopolítico, de otras valoraciones.

En este sentido, toda la lucha humana por el reconocimiento ha tenido esta constante histórica, por tanto, mirar el derecho solo de forma procedimental es restar su potencialidad transformadora como un espacio abierto a los reconocimientos sociales. Reducir sus alcances a la técnica legislativa es derretir la potencialidad que Hegel le dio como espacio de legitimación epocal, su sustrato constitutivo, su hermandad con las demandas de la humanidad en un sentido filosófico.

Por eso mientras más técnica neutral nos quieren lucir, más política nos quieren imponer, pues la base de esa hermenéutica técnica, es la política en su electrónica más neoclásica, justamente donde el sistema se alimenta de aguas del positivismo, se vuelve un discurso  fáctico de lo real, de lo que existe, y por tanto, el límite de lo político como una frontera solo de lo que existe, es la negación del sentido último de pensar el derecho como una filosofía, lo que constituye un pilar de la sociedad, no en su sentido normativo propiamente sino en su historicidad en sus movimientos de reconocimiento epocal.

En la discusión de la “nulidad de la ley de pesca”  está plasmada esta disyuntiva entre legalistas leguleyos de arsenalería técnica, y una dimensión del derecho que lo emparenta con las luchas por el reconocimiento social. Los trabajos de Honnet han levantado un paradigma sobre este punto fundamental, y permite un estatuto distinto a un debate que se relaciona de manera profunda con los intereses de la nación, de ahí su “eticidad” .

Su “eticidad” basado en la soberanía de las mayorías que es un ideario republicano que en la época de un neoliberalismo globalizante se plantea como una ficción, y en este sentido las instituciones pierden su valor moral como expresión de la democracia.

La sociedad civil como diría Canclini termina expresando su participación más por las vías del mercado, y esto hace que los espacios de deliberación política tan relevantes como el parlamento se transformen en una patética demostración de cómo no se discute lo esencial, y de paso se destruye a manos de un tecnicismo espurio, para lo que el parlamento esta mandatado, para abrir camino a las aspiraciones de sus representados, de los intereses soberanos de nación, si este sentido no es calibrado en la institución encargado de validarlo estamos en un problema profundo.

Así no sólo terminaremos en los patios interiores de la democracia sino que quemaremos la casa, el parlamento esta para deliberar esta para abrir la cancha de la democracia, para validar su principio como un orden social valido, no solo como una ficción conveniente.

Estamos en un momento particular, la presentación de este criterio de “nulidad” emplaza al país, en relación al estatuto de su democracia. A la posibilidad de discutir en el parlamento alcances no solo procedimentales sino cuestiones políticas de fondo, cuestiones que no se quieren discutir por los efectos de un tecnocratismo insulso que al final del día demuestra una profunda ignorancia del papel del derecho en las luchas por el reconocimiento de los derechos fundamentales, como el derecho de Chile a usufructuar de los recursos marítimos de su territorio para la alimentación de sus ciudadanos.