Existía la posibilidad de que se hicieran las cosas distinto.
De recuperar en algo la confianza ciudadana e ir removiendo esa sensación que recorre cada rincón del país y que nos dice que quienes arman la pauta en el uso de los recursos naturales en Chile son las grandes corporaciones tanto chilenas como extranjeras. Que sí podemos aprovechar nuestra tierra, nuestras aguas, nuestra abundante y excepcional naturaleza, pero para beneficio de las comunidades a ellas unidas, que por vivir directamente los efectos de las catástrofes ambientales tienden a tener una mayor disposición a su protección y preservación en el tiempo.

Demostrar que se entendió que avanzar en opciones sustentables, de menor impacto, que mejor se insertan en modelos de desarrollo económico local, en Aysén Reserva de Vida, es la mejor alternativa para los chilenos y chilenas, para los ayseninos y ayseninas. Y para el planeta, también. Win win (ganar ganar), como le llaman algunos.

Pero claro, un win para quienes vivimos en Aysén sería un lose (perder) para los que tienen el control de los derechos de agua y que no viven en esta tierra. Nunca tendrán a sus hijos habitando un territorio bajo un embalse de 13 mil hectáreas, a 500 metros de altura, con el terror de que al primer temblor se derrumbe un cerro y el desborde llegue hasta su hogar. No, eso no es para ellos. Eso es para los otros, los que sí se pueden sacrificar.

Aclaremos.

Nunca se ha dicho no a la hidroelectricidad. Sí, que es una insensatez que las aguas que fluyen por estas tierras, las arterias de un Aysén de excepción, solo sean vistas como mega watts y que, antes de evaluar cómo aprovechamos el potencial hidroeléctrico para una energía asequible, limpia, de menor costo para los ayseninos y ayseninas, se lo entreguemos a las transnacionales para su beneficio. Lo que se ha dicho es que una vez que se tenga aquello solucionado, que debiera ser el objetivo final de una Política Energética Regional, recién sería lógico conversar sobre otras posibilidades, de interés extrarregional.

Pero no, el gobierno ha preferido poner la carreta delante de los bueyes. Beneficiar, una vez más, la voracidad extractivista que tanto daño le ha hecho a Chile. Lo saben en la Araucanía y Los Ríos por las forestales, lo saben en Los Lagos e incluso en Aysén por las salmoneras, lo sabe el norte por la minería.

El estudio del proyecto río Cuervo se evaluó y tramitó prácticamente en paralelo al de HidroAysén, con todas las irregularidades y falta de información que se conocieron y que al final terminaron con su rechazo al acoger las reclamaciones. Y fueron esas mismas autoridades las que en Aysén aprobaron ambos proyectos, por lo cual no hay motivo para pensar que hubo un modus operandi distinto.

Y serán aquellos antecedentes los que se llevarán a los tribunales ambientales, pero también permitirán iniciar el proceso de invalidación ante el propio Comité de Ministros. Y, por cierto, en Contraloría deberán resolver sobre el conflicto de interés de la ministra de Minería Aurora Williams que comparte directorio en Enami con una lobbista y funcionaria de Glencore, con quien se reunió en noviembre pasado para hablar sobre río Cuervo.

Como han señalado todos, falta mucho para que esta represa en la Patagonia chilena, la primera que supera etapa, vea la luz. Este es un mal paso, pero solo uno más. Y si nos apuran un poco, la lucha alcanzará siempre para salvar el Puelo, también puesto como ofrenda ante la voracidad energética.

Porque como lo hemos dicho siempre, la lucha por una reserva de vida y un desarrollo sustentable con actividades productivas armónicas con la naturaleza nunca ha sido para que estos nefastos proyectos no se aprueben. Siempre ha sido para que no se concreten. Y para que ello ocurra, mucha agua resta que fluya por los todavía libres ríos de Aysén.