El pasado martes 6 de Enero diputados del Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana e Independientes, volvieron a poner en el tapete la nefasta Ley de Pesca conocida también como Ley Longueira. Dicha iniciativa fue aprobada con un fuerte lobby y comprobados hechos de corrupción, cohecho y conflictos de interés por diputados y senadores chilenos, la mayoría de derecha, bajo el gobierno de Sebastián Piñera el año 2013.

La finalidad de la moción de admisibilidad para anular la ley ya ha contado con un par de reveses en la Cámara Baja, quedando la votación para el próximo miércoles 20 de enero. De aprobarse la moción y por ende la admisibilidad, ésta abre la posibilidad de anular una ley que cedió por veinte años renovables, los derechos de expropiación del mar chileno a siete grandes familias ligadas a la pesca, entre ellos la multimillonaria familia Angelini. Las razones puntuales para ejercer la anulación de la ley por sobre la derogación no son solo divergencias semánticas, pues principalmente anularla conlleva evitar indemnizar de manera millonaria y con fondos del erario público a las siete familias beneficiadas por la aprobación de una ley que destapados los casos de cohecho y corrupción de personeros de la derecha chilena como Jaime Orpis y Marta Isasi la convierten en una iniciativa que privilegia a grandes empresas por sobre la pesca artesanal y las PYMES nacida bajo el amparo de los conflictos de interés ( El DC Andrés Zaldívar) y lo más sucio de la praxis política (Senadores y Diputados UDI).

Corpesca y los timoneles de la DC

Corpesca actor preponderante de la discusión de la ley de pesca y quien realizó un salvaje lobby durante la discusión de la misma el año 2012, es una empresa pesquera chilena controlada por el Grupo Angelini uno de los oligopolios más salvajes y voraces de Chile con negocios avaluados en 1.500 millones de dólares producto del control de empresas como Copec, Abastible, Metrogas y Celulosa Arauco por nombrar algunas. Es considerada por sus propios dueños como la pesquera más grande del país, donde ha sido cuestionada más de una vez por poseer influencia sospechosa en varias leyes relativas a la pesca y sus votaciones. El año 2002 aparecían los primeros casos de conflicto de interés y cohecho en políticos vinculados a dicha pesquera. Los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar, fueron acusados en su momento de poseer conflictos de interés durante la tramitación de la llamada Ley Corta, pues ambos eran accionistas de Eperva S.A una filial de Corpesca. Además su hermano Manuel Zaldívar Larraín era director de la pesquera en ese momento. No es de extrañar que el actual Senador DC nuevamente el año 2012 haya sido uno de los seis senadores demócrata cristianos que aprobaron la Ley Longueira, los otros fueron el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el amante del rugby Jorge Pizarro, Hosain Sabag, Patricio Walker y el actual presidente del partido falangista y piedra en el zapato de la Nueva Mayoría, Patricio Walker. Es menester no olvidar sus nombres.

La UDI y el cohecho como forma de hacer política

Como siempre la derecha se cuadró en pleno para votar el año 2012 a favor de la ley que instalaba en nuestros recursos marítimos la lógica del oligopolio y monopolio recurrente del neoliberalismo y su actuar sin regulación en diversas esferas de nuestra economía. Ese día los Senadores Juan Antonio Coloma, Jaime Orpis ( desaforado y acusado de cuatro delitos ligados a la tramitación de la ley) García Huidobro, Hernán Larraín ( actual Presidente de la UDI), Jovino Novoa ( condenado por el Caso Penta), Víctor Pérez, Uriarte, Ena Von Baer ( investigada por Caso Penta), Chahuán, Kuschel, Alberto Espina ( el ideólogo de la represión en la Araucanía), García, Horvath, Prokurica y Carlos Cantero apoyaron como siempre a las grandes empresas en desmedro de los pescadores artesanales y la pequeña empresa.

No era de de extrañar que el gremialismo rechazara aumentar las cuotas de pesca para la pesca artesanal y regular la pesca de arrastre, pero sin lugar a dudas Longueira y sus secuaces, no esperaban que tiempo después, la salida a la luz pública de correos electrónicos entre lobbystas de Corpesca y la ex diputada derechista Marta Isasi iniciaran una sospechosa y podredumbre lista de contactos, sobornos, dineros y regalías en aras que la “honorable” votara a favor de cada una de las enmiendas legislativas que favorecieran a las grandes empresas. Las investigaciones arrojaron la culpabilidad de Isasi donde recibió la suma de 25 millones de pesos. Algo ya olía muy mal.

¿Será solo Jaime Orpis?

El Senador de la UDI quien renunció al partido bajo la anuencia y las loas de dirigentes tan cuestionados como él, Joaquín Lavín y Hernán Larraín, es el primer desaforado por el caso Corpesca y su vinculación con la Ley Longueira. Orpis fue acusado por la Fiscal Ximena Chong por los delitos de cohecho, facilitación de boletas falsas, lavado de activos y delito tributario. Según la fiscal el ex Senador UDI votaba según lo que dictaba Corpesca, y además dichos delitos pueden arriesgar la pena de hasta diez años de cárcel para Orpis. Según la investigación alrededor de 264 millones de pesos habría recibido el político para actuar al imperativo de la familia Angelini.

Lavín y la UDI en su aberrante doble moral hablan de errores y dignidad del acusado por asumir sus cargos y abandonar las filas partidistas. Declaraciones muy distantes con el acabar con la delincuencia, slogan patético de la campaña y gobierno de la derecha liderado por Piñera. Hasta el momento en un acto de harakiri derechista Orpis se ha llevado y ha asumido todas las culpas de recibir los casi trescientos millones de pesos, donde la fiscalía ha ventilado que uso los sobornos en asuntos personales como pagos de membresía en su club de yates, arreglos de su casa, lavandería y campañas políticas entre otros.

Próximas investigaciones podrán dilucidar si hay otro (u otros) político(s) que votó a favor de la ley, involucrado con Corpesca y sobornado para favorecer a ésta y la promulgación de la ley maldita para miles de pescadores chilenos. Sólo cabe esperar y exigir a los diputados que anulen una ley que desde su génesis trajo lo más sucio de la praxis política neoliberal y su corrupto amorío con el empresariado chileno.