Hace algunos días se concretó la renuncia del presidente de CONICYT, la segunda en menos de un año al cargo, y en el marco de un profundo debate respecto al rol que cumple la Ciencia para el desarrollo Nacional. Un ministerio de ciencia o el aumento de fondos destinados a proyectos de investigación, no serán capaces de resolver el problema por si solos. Urge la necesidad de una nueva política de ciencia para Chile, una política de estado, cuya ejecución involucra una nueva institucionalidad democrática, construida de forma participativa, y que debe procurar establecer diálogo y con ello equilibrio entre la industria, el estado, la ciudadanía y la comunidad científica, instancia que se desarrolló en el Gobierno de la Unidad Popular en 1972 en “El Primer Congreso Nacional de Científicos de Chile”, y que hoy se hace necesario reeditar para discutir sobre el presente y futuro de la ciencia en Chile.

En este debate no debemos olvidar que la comunidad científica se compone de trabajador@s, que sufrimos las repetidas formas de segregación laboral las cuales no hacen más que precarizar nuestras condiciones. Así como el presidente de CONICYT, que es el presidente del consejo asesor, y en sus funciones asesora a la presidencia en materias de ciencia y tecnología sin recibir un peso, l@s investigador@s y estudiantes de pre- y postgrado trabajan con boleta en proyectos que duran años, teniendo  además que contemplar  mas de un proyecto para obtener un ingreso homologable a un profesional calificado, sin derecho a pre y post-natal, seguro laboral o derecho a salud, y con una enorme incertidumbre laboral en los periodos de cierre e inicio de proyectos.

La crisis en ciencia no se origina por un exceso de formación de post-grados en chile y el extranjero, sino porque no se dispone de lugares de trabajo para ell@s, aún cuando su labor es altamente necesaria. El estado subsidiario perpetuado con su sistema de becas y proyectos no permite una planificación nacional en materia de ciencia. La industria no asume un rol concreto en relación a la investigación y sus trabajador@s, pues recibe cuantiosas ganancias al usufructuar de las investigaciones efectuadas en las universidades con fondos estatales. El estado por su parte, invierte en ciencia pero no recibe retribución. No se permite la generación de Institutos de investigación estatales, que fueron desmantelados durante la dictadura, cuyos réditos de conocimientos y patentes, permitan el continuo desarrollo de la ciencia y condiciones laborales dignas para l@s investigador@s. La ciencia resulta un gasto del cual el país no recibe nada más que publicaciones que son completamente ajenas a la sociedad,  y que poco aportan al desarrollo de política pública nacional.

Cuando hablamos de ciencia pareciera que fuese un problema de los científicos y no de tod@s. Estamos en una crisis que se repite una y otra vez, el modelo en el que la lógica es asociar todo a criterios economicistas, comienza a colapsar y caer sobre su propio peso. Resulta evidente que no se puede pensar el cuidado de el medio ambiente, el derecho a una vejez y condiciones laborales dignas, la salud, la educación, el arte, ni la ciencia, ni el desarrollo de un país desde medidas mercantilistas abandonando la generación de políticas públicas tan necesarias para las grandes mayorías del país. La investigación no puede establecerse en base al mercado, o la competencia de renombres entre instituciones e investigadores, sino acorde a las necesidades culturales, éticas y sociales, teniendo siempre presente que los investigadores,  como todos l@s trabajador@s del estado requieren una nueva consolidación institucional que resguarde sus derechos laborales y permita entregar estabilidad a quienes dedican su vida al desarrollo científico, un área estratégica para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de nuestro país."