Luego de un año 2015 en que los destapes de los casos de corrupción que ocuparon la mayor parte de la agenda pública se encargaran de demostrar, en reiteradas ocasiones, que el rumbo del país se encuentra controlado por intereses de minoritarios grupos empresariales, y que la relación entre la política y dichos sectores ha llegado a un extremo tal que en ocasiones ha logrado transformar a las instituciones de mayor relevancia, como el parlamento y los partidos del duopolio que comparten Chile Vamos (ex Alianza por Chile) y la Nueva Mayoría, en otros mercados más, a los que los grandes empresarios pueden recurrir para comprar a los “honorables” legisladores y de esta forma generar leyes ad-hoc a sus intereses, después de todo esto y como si fuera poco, la clase política vuelve a sorprendernos con una nueva performance.

Con posterioridad a todo aquel descomponedor espectáculo, en que la función social de la política Chilena quedara en tela de juicio por el propio accionar de los políticos, y se acrecentara la desconfianza que la población siente hacia ellos, la política del Establishment vuelve a abrir el telón para inaugurar su obra dando inicio al 2016 con una farandulera escena protagonizada por el propio Ministro del Interior, Jorge Burgos.

“La pataleta de la DC” de la semana pasada, es un síntoma de una enfermedad de larga data, que pareciera no tener cura en el corto plazo. Este malestar vuelve a enrostrarnos lo lejana que se encuentra la política institucional, y sus representantes, de los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes. Una de estas reacciones, que personalmente considero más paradojal, pero a la vez ilustrativa de dicha separación entre política y ciudadanía, fue la reacción de las 26 ex autoridades de la DC y simpatizantes de dicho partido, que elaboraron un documento de tres planas bajo el título de: “Progresismo sin progreso”.

El documento es parodojal puesto que centra sus críticas en el supuesto daño a la democracia que generan las reformas de la Nueva Mayoría y en que el gobierno habría “perdido el rumbo” en relación a la defensa y promoción del Estado Subsidiario. Dichos planteamientos no tienen relación alguna con lo que la ciudadanía, tanto por medio de las movilizaciones, que han venido en alza desde el estallido estudiantil de 2011, como desde las manifestaciones en la opinión pública, ha señalado en reiteradas ocasiones: que el Estado Subsidiario, que dichas ex autoridades buscan defender a toda costa, ha sido el mayor responsable de la reproducción de las profundas desigualdades que afectan al país, y que se refleja en todo orden de cosas, con la consecuencia de que en Chile el dinero y el endeudamiento sean los únicos medios que pueden asegurar el acceso a la calidad tanto en salud, educación, vivienda, pensiones, etc.

Ello solo reafirma la tozudez de quienes intentan hacer oídos sordos al descontento social que existe en el país con el carácter ausente del Estado, lo que ha sido confirmado por distintas encuestas e informes, como por ejemplo “Los tiempos de la politización” publicado por el PNUD en abril de 2015.

Por otra parte se encuentra la crítica al supuesto daño a la democracia que generan las reformas que el gobierno impulsa. Este tipo de crítica que comparte un tono catastrofista idéntico al empleado por la UDI y la SOFOFA, para oponerse a cualquier tipo de cambio al statu-quo (por más moderada que este sea), no se hace cargo de que el déficit democrático que existe en el país es uno de los más pesados lastres que existen en Chile desde el retorno a la democracia y que se ha prolongado hasta la actualidad, y de que es evidente que lo anterior no ha tenido que ver con la existencia de esfuerzos políticos de carácter refundacional, sino con la ausencia de ellos.

No es difícil darse cuenta que la democracia representativa con la que contamos, es un modelo que fomenta la exclusión de las mayorías de las decisiones políticas, sin embargo, este no es el único problema que enfrentamos quienes nos encontramos lejos de los espacios institucionales del poder, dado que en aquellas contadas ocasiones en que el gobierno ha abierto espacios a otros actores estos no han tenido un carácter vinculante. De esta forma, todas las opiniones diversas u opuestas a las defendidas por los partidos tradicionales se desvanecen en el momento en que los proyectos de ley entran a la “cocina” parlamentaria, y por esta razón, hoy la población demanda formas más profundas de participación, que impliquen una mayor desconcentración del poder.

Así, en medio de un contexto en que la clase política continúa a la deriva, alejándose irremediablemente del sentir de la población, comenzando el año con su foco puesto en las piruetas y tensiones de poder entre la presidenta y el ministro presidenciable de la DC, quienes aspiramos a construir una política refundacional que apunte a construir un Estado garante de derechos y a una profundización democrática, debemos tener mayor capacidad para transformar la desesperanza en voluntad de organización, para sobrepasar los estrechos márgenes de la gobernabilidad neoliberal y dar paso a una alternativa política refundacional, sin defensores del Estado Neoliberal en su propio seno, sin cocinas, ni medias tintas.