La discusión sobre la política científica, de investigación y creación de conocimiento, ha elevado el tono durante estos últimos meses por varios sucesos, entre los que se cuenta la alta rotación de presidentes de Conicyt que parecen no poder domar a una institución desbocada. La salida de Bernabé Santelices, el recién renunciado presidente de Conicyt, nos pone en una disyuntiva: ¿debemos buscar otro candidato para que intente administrar esta caja repartidora de fondos concursables o mejor pensamos cómo hacer que la ciencia sea realmente importante para el desarrollo del país, o mejor para el bien de la sociedad toda?

Como Conocimiento Colectivo hemos esgrimido que para abordar la problemática de la investigación es necesario politizar la discusión, teniendo definiciones en el plano político-ideológico que subyacen a cualquier discusión de política pública en el tema. Pero politizar en ningún caso se debe entender con tener capacidad de lobby político como sugiere Santelices, pues eso sería caer en una discusión definida previamente por quienes ostentan el poder hace años. Alguien con “empuje político y contactos en ese mundo” a lo más podría aspirar a un poco más de recursos o cambios burocráticos más bien distractores y que no atacan el problema de fondo.

Estas definiciones políticas pasan por el modelo educativo, productivo y social y por ende es muy difícil creer que todos los involucrados estaremos de acuerdo, como ingenuamente se ha llegado a pensar. Una “gran cruzada por la ciencia” donde todos estemos de acuerdo es francamente impensable si es que se pretende profundizar en el debate, y superar frases que a esta altura son de perogrullo (“Chile necesita ciencia”, “la investigación contribuye a la sociedad”, “el conocimiento nos llevará al desarrollo”, etc), pues mientras no se hagan estas definiciones políticas, estas frases no significan nada en la práctica.

Dada la contingencia en educación y el debate en torno a la reforma en educación superior, cabe la pregunta de cómo financiar a las universidades donde se realiza el grueso de la investigación en Chile. El modelo actual impuesto durante dictadura y perfeccionado en años posteriores obliga a las instituciones de educación superior, incluidas las universidades del Estado, a autofinanciarse, es decir a sobrevivir financieramente como si fueran empresas autosustentables. El aporte del Estado a estas instituciones que realizan investigación está reducido a cerca del 20%, y el financiamiento a investigación se define por subsidios individuales a los investigadores que se convierten en verdaderas microempresas autofinaciadas (y auto-administradas), tal como las instituciones que los cobijan. Entonces algunas de las definiciones políticas que se deben tomar, relevantes para el debate sobre investigación, son si las universidades deben seguir autofinanciándose o deben recibir aportes basales; si las universidades estatales, que llevan sobre sus hombros el peso del rol de Estado en cuanto a educación terciaria, deben recibir un tratamiento diferenciado respecto a las otras universidades; si los investigadores deben seguir siendo considerados como empresas individuales que son subsidiados por el Estado en base a sus “méritos” cuantificables.

En este último punto existe otro asunto de definición política, relacionado con la asignación de los recursos por competencia entre los investigadores en base a criterios cuantificables de productividad, cosa a la que está dedicada enteramente Conicyt desde las reformas de la dictadura de principios de los 80. ¿Es pertinente centrar toda la asignación de recursos a investigación en función de estos criterios?, considerando aun las críticas que hay a la poca transparencia del proceso, o a la dificultad de uniformar la diversidad de áreas del saber regidas bajo el sistema de competencia. Por cierto estos criterios que valoran competitividad y eficiencia por sobre otras capacidades, traen algunas consecuencias nefastas como la subvaloración de temáticas novedosas o arriesgadas, tal como ha alarmado el célebre biólogo Bruce Alberts para el caso norteamericano (en inglés) o la crónica precariedad laboral a la que son expuestos los trabajadores del conocimiento como estudiantes, tesistas o personal de apoyo, denunciados certeramente por la organización Ciencia Con Contrato. Este último tema, referente a la situación laboral es una verdadera bola de nieve, dado el número de becados para hacer postgrados al extranjero que deben volver a Chile, número que crece año a año y se suma a los egresados de postgrados nacionales. Debemos entonces preguntarnos, si es pertinente que la oferta de programas de postgrado esté completamente desregulada, considerando la falta de ofertas laborales decentes y el prácticamente nulo interés del área privada por incorporar este tipo de profesionales altamente calificados[1].

 Otro tema al que se recurre bastante a propósito del “abandono de la ciencia” y los problemas en Conicyt, es la política de desarrollo. Se dice que el conocimiento nos hará superar el extractivismo, incorporando valor agregado a la economía fomentando de paso la educación y la investigación. Sin embargo nada se dice acerca de las múltiples políticas de subsidio o ayuda a las actividades extractivas: royalties bajísimos en minería (de los más bajos en el mundo), exenciones tributarias de todo tipo (no tocadas por la reciente reforma tributaria), subsidio a la actividad forestal a través del decreto 701, ley de pesca hecha a la medida de los grandes pesqueros industriales, miles de millones públicos para salvar la contaminante industria salmonera, entre otras situaciones que complotan día a día en contra de la investigación como forma de agregar valor a las actividades productivas. Sin contar con el hecho que estas actividades extractivas son propiedad de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, que tienen un enorme poder en el escenario político actual, al que ingenuamente se le pide que cambie esta situación.

 Como una forma de avanzar hacia la superación del extractivismo los gobiernos de la Concertación definieron como eje central el impulsar la innovación en el ámbito científico. Esto se hizo a través del subsidio estatal a actividades empresariales privadas con alguna relación con temas científicos (innovación), mediante múltiples herramientas en Corfo, Minagri y Conicyt. Sin embargo después de 10 años de políticas públicas en esa dirección vemos pocos resultados concretos. Entonces la definición política relevante que se debe hacer en torno a la ciencia es, si el mero fomento a la actividad individual privada con fin de lucro, será capaz de superar el extractivismo con todas las concesiones que la clase política le ha dado a esta última. Esta definición es de vital importancia, pues dada la creciente precarización económica de investigadores y de las instituciones que los cobijan, éstos han debido recurrir a alguna de las muchas herramientas financieras que apuntan a este objetivo empresarial para poder financiarse en vista del abandono económico por parte del Estado. Esto genera situaciones tan absurdas como que los científicos son empujados a re-pensar sus investigaciones de modo que generen productos o servicios comercializables, y las Universidades se han vuelto promotoras o formadoras de empresas privadas o emprendimientos, mediante fomentos económicos, oficinas dedicadas o hasta incubadoras de negocios, desvirtuando completamente el rol de la investigación y de la Universidad. Esta política además de desvirtuar el rol de la investigación, deja en la completa indefensión a los investigadores en humanidades o ciencias sociales, que difícilmente podrán convertir su investigación en un bien transable en el mercado. De hecho el concepto de capital humano avanzado, sobre el que descansan la mayoría de estas políticas públicas se basa en considerar al investigador como un mero elemento en los mecanismos de generación riqueza privada por parte del gran capital, entonces ¿compartimos esta visión que el sistema tiene de nosotros los investigadores?

Llegamos a otro argumento muy usado para defender la investigación, esto de que la ciencia hace un bien a la sociedad y por ello se justifica su financiamiento público. Sin embargo también requiere de definiciones urgentes, pues no necesariamente el investigar cualquier cosa con cualquier método es un aporte. Es una discusión vieja de la filosofía de la ciencia luego de la segunda guerra mundial, de la que parece que los científicos chilenos nos perdimos. La curiosidad y el gusto por el saber en la investigación son importantísimas, pero si la dejamos arrojada al mercado, a la competencia brutal entre investigadores e instituciones, al incentivo económico, a la precariedad laboral, difícilmente va poder generar conocimiento relevante para la sociedad en su conjunto. Dicho de otro modo, debemos definir cuáles son los mecanismos por los cuales la investigación y el conocimiento que se genera aportan a la sociedad y contribuye a temas tan relevantes como salud, educación, seguridad, soberanía productiva, entre otros, tal como el mismo Neil deGrasse Tyson mencionó en una reciente entrevista en nuestro país. Sin ir más lejos, las políticas públicas relacionadas con la innovación, empujan a considerar el conocimiento como un activo económico, por lo tanto fomentan la apropiación privada de estos conocimientos generados con financiamiento público. Así el conocimiento que es generado con una perspectiva de bien público, pasa a ser un bien privado que puede ser usado para el fin que su dueño estime conveniente. Esto en múltiples figuras legales, como los fondos ya citados, o el fomento al patentamiento, o los incentivos para que grandes empresas transnacionales se instalen en Chile, o la firma de tratados libre comercio con potencias económicas. Entonces los científicos e investigadores, ¿estamos de acuerdo con esta forma de la privatización del conocimiento?

Finalmente el cargo vacante de la presidencia de Conicyt es un síntoma importante, pero no lo más relevante. Un(a) nuevo(a) director(a), por más pergaminos académicos, capacidad de maniobra política o ganas que tenga, no podrá hacer mucho más por la ciencia que ordenar el desorden administrativo de Conicyt y quizás conseguir un discreto aumento presupuestario para el otro año.

[1]          El programa de atracción e inserción de capital humano de Conicyt, reporta haber insertado a un promedio de 14 doctores anuales en empresas privadas y 30 doctores anuales en la academia, entre el 2009 y el 2013, comparado con los 4.600 matriculados en doctorados durante el 2013 y 12 mil egresados de programas de postgrado en Chile (de los cuales 600 son de doctorados) ese mismo año. Estadísticas oficiales de Conicyt y Divesup.