Así empieza 2016, con buena parte de la dirigencia política y partidaria absolutamente cautivada por su propio ombligo. Desgraciadamente, no sólo los cuadros directivos han caído en esa fascinación, también una parte sustancial de su parroquia militante está magnetizada por el mismo punto anatómico. El resto de la ciudadanía, más distanciada de la lógica interna de los partidos pero atenta a la cosa pública, aguanta estoicamente el alud de tonterías, eslóganes baratos, negaciones de la realidad, autoelogios y descalificaciones de los otros que están produciéndose tras que conocimos los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre.

El Partido Popular no sabe qué hacer con Rajoy, ni sabe cómo explicar que ningún partido [excepto Ciudadanos, siempre que no sea en solitario] quiera saber nada de pactos o alianzas con ellos. Rajoy y sus lugartenientes no hacen más que repetir en formato de letanía que ellos han sido los más votados y que -por definición y sin discusión- los corresponde presidir el gobierno, como si el español fuera un sistema presidencialista y no de mayorías parlamentarias. Este rollo monótono va acompañado de la idea de la Unidad de España [así, con mayúsculas]; una unidad gravemente amenazada por los separatistas de todo tipo y condición, lo cual hace que ellos se presentan como los únicos capaces de mantener España como una unidad de destino en la galaxia.

El Partido Socialista, en fase aparentemente terminal como organización política, ha decidido exhibir en público todos sus problemas -como una especie de Gran Hermano o Sálvame televisivos- en cuanto a la distribución del poder interno. Cada vez dedican más energía a las batallas de dentro de casa y, en consecuencia, menos pueden dedicar a las que hace falta que afronten puertas a fuera del partido. También los socialistas han cogido la bandera de la Unidad de España [manteniendo las mayúsculas] cómo si fuera inminente una invasión extranjera o la sedición de un enemigo interior. Con el rumbo actual del partido de los socialistas, la fractura es segura; será antes o después del próximo desastre electoral, pero será. No son pocos los que ven más en peligro la unidad del PSOE que la unidad de España.

Los dos grandes partidos -cada vez menos grandes, eso sí- han comenzado una carrera, una competición desaforada para descalificar a quien proponga cualquier alternativa para desatascar el callejón sin salida en el que se encuentra la situación en Cataluña. Una cuestión que está poniendo palos en las ruedas a las conversaciones para la constitución de un gobierno después del 20D, en la medida que se ha convertido en un obstáculo -una línea roja, como está de moda decir-aparentemente insalvable. Los dos partidos se hacen fuertes en la necesidad de preservar la sacrosanta Unidad [siempre con mayúscula] de España y -como pidió el rey Felipe la noche de navidad- en la bondad de potenciar todo aquello que nos une [a los españoles].

En según qué ambientes no necesariamente soberanistas o independentistas -pero más allá de Andalucía, Extremadura y Castilla, la cada vez más evidente España del Sur- surgen dos preguntas: qué quiere decir eso de la Unidad de España y cuáles son las cosas que nos unen, según ese discurso, a los españoles.

Tal y cómo se explican, parece que la unidad de España consiste en aceptar su visión unitaria, uniforme, homogénea, castellanizada y, en la práctica, monolingüe. Es necesario entender que-además de la financiación autonómica- buena parte del problema político tiene unas fuertes conexiones de tipo cultural, y en este terreno no hay el menor respeto por la diversidad idiomática; no hay la menor voluntad de ofrecer espacios verdaderos de convivencia a las culturas que se expresan en lengua distinta al castellano. En la España de la que el PP y el PSOE hablan -y al dúo podemos incorporar a Ciudadanos-, son amplia mayoría los entusiásticamente contrarios a cualquier uso social de las lenguas aldeanas, como dijo la cosmopolita y viajada dirigente de C’s de Valencia, Carolina Punset.

No, no hay respeto ni empatía hacia las otras lenguas peninsulares, y menos todavía ganas de conocerlas mínimamente, a pesar de que son cooficiales con el castellano en Galicia, el País Vasco, Navarra y en las tierras del dominio lingüístico catalán. Tal es el desprecio que -para poner un ejemplo- la citada señora Punset se ha atrevido a exigir que cuando la Radio Televisión Valenciana empiece a emitir de nuevo, el 25 por ciento de las emisiones sean en inglés [sic]. Propuesta que, cuando menos, al PP le ha parecido el canon de la modernidad. Hay quién se pregunta si pedirá[n] lo mismo para TVE.

Entonces, si es de este tipo de unidad de la que hablan, convendría preguntarse qué quieren decir cuando piden cerrar filas alrededor de lo que nos une. Pudiera ser que lo que nos une es lo que favorece la visión de aquella España uniforme y castellanizada, y que lo que nos separa es la reiterada descalificación, la insolente deslegitimación de cualquier otra idea de España que no sea la suya.

Esta incapacidad de aceptar la plurinacionalidad de la España actual parece genética, pero es pura ignorancia. Más del noventa por ciento de los Estados actuales son sociológicamente plurinacionales, y en la mayor parte de ellos ese dato no es sinónimo de conflicto. ¿Por qué entonces esa terquedad en negarse a aceptar que en España hay nacionalidades y regiones -como dice la Constitución- y a reconocer cuáles son unas y otras-¿Por qué el Tribunal Constitucional no revisa su sentencia 31/2010 y valida que nación y nacionalidad son sinónimas?

Pues bien, es más que probable que por el doctrinarismo nacionalista del PP, y por la miopía y el cinismo del PSOE [de sus barones y su baronesa, cuando menos, que gobiernan y han gobernado con peligrosos separatistas] no pueda constituirse un gobierno en Madrid y tengan que hacerse nuevas elecciones. Hay que decir que en ese despropósito cuentan con las urgencias de los soberanistas catalanes, que creen que un problema tan grande que mide su antigüedad en siglos puede resolverse en cosa de meses.

Aunque se repitan las elecciones en la primavera, no avanzaremos mucho.

Antonio Caridad ha analizado las elecciones españolas de los últimos veinte años, desde 1996, y ha llegado a concluir que, al final, casi el 70 % de la gente siempre vota lo mismo en las elecciones. Los cambios en los resultados dependen del otro 30 %. De este tercio de electores, la mitad [el 15 %] son de centro y oscilan entre el PP, Ciudadanos, el PSOE, partidos regionalistas y la abstención. Y la otra mitad [el otro 15%] son electores de izquierda, que están entre el PSOE, IU, Podemos, partidos nacionalistas de la izquierda periférica y la abstención. Normalmente este tercio del electorado -ese 30 por ciento- es el que cambia su voto de vez en cuando. Suele ser gente de menos de 45 años, urbana y con un nivel de estudios por encima de la media. Es decir, que son unos electores que vienen a coincidir y mucho con el perfil de los votantes de Podemos y de Ciudadanos, los nuevos partidos emergentes. Sin embargo, con estos márgenes, será difícil conseguir mayorías de otras épocas que son las que -según parece- los partidos mayoritarios sueñan con recuperar.

Por lo tanto y en consecuencia, por uno o por otro motivo, a todos les convendría dejar de mirarse obsesivamente el ombligo [y más que nadie al PSOE] y empezar a hacer política de pactos para la convivencia, para afrontar los retos reales de una sociedad moderna y desarrollada como la española, y no cerrarse en banda en la defensa de unos prejuicios y unos mitos impropios del siglo en el que vivimos.

Deberían de preocuparse, contrariamente, por reducir la terrible desigualdad creciente de los últimos años y, en segundo lugar, por cómo lograr un nuevo pacto territorial que permita abrir una nueva etapa en la que la más amplia mayoría de los ciudadanos con pasaporte del Estado español/Unión Europea -más allá de su particular adscripción nacional- pueda sentirse conforme con él.