El año 2015 no ha sido un buen año para las radios comunitarias chilenas, pese a ser la plataforma de expresión más genuina de la ciudadanía organizada, se mantienen a duras penas gracias al esfuerzo de quienes las levantan y a la conciencia de las comunidades que valoran tener un medio de comunicación.

A 5 años de la promulgación de la Ley de Radio Comunitaria y Ciudadana, pareciera que las posibilidades de tener y mantener una emisora independiente de servicio local, son mínimas. Vale la pena recordar que Chile tiene una de las legislaciones más restrictivas en materia, otorga una potencia limitada, las encasilla al final del dial FM generando un gueto radial y les brinda mínimas posibilidades de gestión económica. A eso debemos sumar que a la fecha se siguen realizando cierres, allanamientos con violencia, decomisos y detenciones que afectan a comunidades y personas que ejercen el derecho a la comunicación a lo largo de todo el país.

En un contexto donde los monopolios de comunicaciones siguen creciendo y ampliando sus lazos de poder, donde los dueños de los medios comerciales están cruzados con el retail, el monoextractivismo, la banca privada y el poder político, la obtención de una concesión de radio comunitaria es un bien muy preciado.

Lamentablemente una ley pensada para la década de los 90, y la calificación de delito de acción pública a la transmisión sin licencia, nos tiene sumando casos de radios allanadas, contando operativos policiales contra chilenos y chilenas que construyen plataformas democráticas de diálogo social. En estos procesos siempre está la denuncia de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL) confirmando y avalando las denuncias de radios comerciales o empresas privadas en contra de emisoras comunitarias.

Para un rápido conteo, comenzamos en enero con el allanamiento de la Radio La Voz de Carahue, que funcionaba en la sede de la Asociación de Pensionados y Montepiados de dicha localidad, la cual sufrió las consecuencias del operativo policial y además sus equipos fueron requisados. A los pocos días en Santiago, la emisora “La Victoria” que funcionaba en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, recibió la violenta visita de Carabineros quienes dejaron sus violentas huellas en la junta de vecinos donde funcionaba. El delito aducido por el Ministerio Público es hacer uso del espectro radioeléctrico, patrimonio inmaterial de la humanidad, sin el permiso del estado.

En el mes de febrero, la radio comunitaria mapuche La Voz de Nueva Braunau, localizada en Puerto Varas, también fue allanada por PDI,  con decomiso de equipos de transmisión y además con la traumática detención de cuatro comunicadores sociales quienes fueron obligados a pasar la noche en el cuartel policial.

Ninguna de estas radios comunitarias tiene vocación de trabajar sin los permisos que entrega Subtel, pero la gran cantidad de emisoras y medios locales que no pueden acceder a licencias da cuenta que tampoco ha existido el necesario análisis de pensar qué porcentaje de permisos y concesiones necesita realmente la sociedad civil para dialogar desde plataformas propias frente al porcentaje de las licencias de radio y TV que se siguen concentrando en manos privadas nacionales e internacionales.

En los próximos años electorales veremos a diversos candidatos reconociendo el rol de las radios comunitarias, pidiendo sus micrófonos y antenas para llegar a las comunidades. No obstante las demandas de ampliar los estrechos márgenes de la ley vigente, así como la despenalización de la transmisión sin licencia, no han sido recogidas por la clase política.

Esta penalización exagerada, que nos pone siempre en la mira de las Relatorías Especiales  de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU, se ve reflejada en el artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones, que año tras año recibe críticas en los sendos informes de estos organismos. Se le ha sugerido en más de una ocasión al Estado de Chile, modificar esta legislación que nos sitúa en un lugar muy poco favorable de garantía de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación. Chile ha hecho caso omiso.

Si el Estado ha decidido no desarrollar modelos de comunicación pública, por razones políticas o económicas, es una opción que más temprano que tarde todos y todas pagaremos caro. Pero si además se obstaculiza el desarrollo de modelos de comunicación comunitaria, ciudadana y popular el problema se vuelve peor.  Más aún si el mismo estado subsidia directamente a los monopolios con publicidad estatal y hace vista gorda frente a la agrupación de medios en holdings con claros fines de lucro.

Siguiendo con los casos de radios afectadas, agregamos a Radio 1 de Concón, donde también con denuncia y coordinación de Subtel, se realizó un operativo policial que terminó con un comunicador detenido y sus equipos decomisados en el mes de agosto. El día 15 de octubre en la ciudad de Rancagua, Radio Manque recibió a funcionarios de PDI que con orden de fiscalía en mano, decomisan equipos, detienen a 4 comunicadores, e incluso con violencia policial constatada.

Afortunadamente no todos son ejemplos negativos, destacando el caso de Radio La Voz de Paine que en noviembre pasado recibió con alivio la noticia que la supuesta caducación de su licencia de radio comunitaria no se llevaría a cabo gracias a un fallo de la Corte Suprema, que dejó sin efecto una sentencia de Subtel que había levantado cargos por una fiscalización realizada a la emisora. En octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  de la Organización de Estados Americanos (OEA) emanó un informe final del caso de Miguel Millar y otros, quienes en 2003 expusieron la situación de vulnerabilidad de Radio Estrella del Mar de Melinka región de Aysén. En el documento quedó acreditada la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación del derecho a la libertad de expresión y a la igualdad, que afectó a los comunicadores y oyentes de la emisora. El estado aceptó la decisión de la CIDH, solo falta constatar que se cumpla el acuerdo firmado y se de cumplimiento a los compromisos asumidos por Chile en la materia.

La disputa por la palabra propia sigue estando vigente en espacios cotidianos, no tan sólo en la compra y venta de radios y porcentajes de grupos multimediales. La aplicación de sanciones penales a radios comunitarias debido a denuncias privadas que son avaladas por el Estado, da cuenta de un funcionamiento anormal de un marco legal, de un contrasentido que no tiene explicación y que sigue perjudicando a los más débiles.

Las leyes que hoy regulan el funcionamiento de los medios locales dan cuenta de un enfoque que más que promocionar la creación de medios independientes, controla y cautela los intereses de las radios comerciales. Se definen textos legales que no aseguran el desarrollo ni el funcionamiento óptimo de radios y televisoras comunitarias, sino que al contrario se redefinen los límites, se mantienen sanciones durísimas que se aplican con operativos policiales desmesurados.

A 5 años de la promulgación de esta ley los problemas siguen existiendo, la mayoría de las licencias siguen en manos de negociantes locales y las organizaciones continúan siendo perseguidas. La comunicación comunitaria no es vista como un bien ciudadano por parte del Estado, no es promocionada ni mucho menos resguardada. En un contexto latinoamericano donde las leyes de medios se abren a la apertura de nuevas voces, nosotros presenciamos todo lo contrario.

Pasan los años y hay deudas con la democracia que siguen sin saldarse, un desafío sin duda para los debates constituyentes y los intentos de muchos sectores por profundizar la democracia. La comunicación es un eje fundamental a debatir, para que no sigamos siendo testigos del desfile de comunicadores que por vocación de servicio y organización social se ven obligados a desfilar por tribunales, otra vez. Sólo por operar una radio comunitaria.